‘Cuando se cursa una euroorden (de arresto), es la Fiscalía del Estado requerido la que asume la defensa del Estado solicitante. La Fiscalía de Alemania asume la defensa del Estado español’, explicó el letrado.
La lógica, por tanto, es que fuera admitida a trámite esa orden de detención, aseguró el abogado que coordina la defensa de Puigdemont, en alusión a la demanda de extradición cursada el pasado 23 de marzo por el Tribunal Supremo (TS) de este país.
Alonso-Cuevillas confió, sin embargo, en que el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein -estado federado donde se encuentra preso su defendido- ‘tumbe’ el pedido de entrega del TS, que acusa a Puigdemont de rebelión y malversación de fondos públicos.
Será esa corte la encargada de analizar el reclamo y determinar si la extradición a las autoridades españolas es admisible legalmente.
‘Era una noticia esperada y entraba dentro de la lógica: lo que hubiera sido excepcional es lo contrario’, remarcó el jurista.
Durante la entrevista radiofónica, Alonso-Cuevillas indicó que la decisión definitiva de la audiencia de Schleswig-Holstein puede dilatarse entre dos y tres meses.
Según su criterio, el del defenestrado gobernante autonómico es un caso excepcional por su relevancia, el componente político y la vulneración de derechos fundamentales que se han producido en el país de origen.
Él tiene claro que es ‘un preso político y que el Estado español intentará hacerle pagar por todo y está preparado para ello’, concluyó.
Puigdemont fue destituido por el gobierno de Mariano Rajoy tras impulsar la fallida declaración unilateral de independencia de Cataluña, aprobada el pasado 27 de octubre por el parlamento de esa próspera región del noreste de la nación ibérica.
El domingo 25 marzo fue arrestado en un área de servicio del norte de Alemania, en virtud de una orden de captura europea emitida dos días antes por el TS, que lo investiga por presunta rebelión y malversación de fondos públicos.
Madrid, 3 abril 2018
Crónica Digital /PL
