Orbe

RECHAZAN PARTIDOS COMUNISTAS LEY HELMS-BURTON CONTRA CUBA

Crónica Digital 28 abril, 2019

El rechazo al bloqueo y a la ley Helms-Burton contra Cuba se inscribe en la agenda de análisis de la situación en América Latina de 10 partidos comunistas del sur del continente que iniciaron hoy aquí un encuentro de tres días.

Convocado por el partido de Uruguay (PCU) reúne a máximos dirigentes de formaciones equivalentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela.
Un documento publicado por el órgano del PCU, El Popular, señala «el retorno del neoliberalismo aún más agresivo que en etapas anteriores, motivo de una contraofensiva imperialista y de las oligarquías locales al servicio del imperialismo norteamericanos».

A renglón seguido alude a «errores y desaciertos de las fuerzas políticas de izquierda, populares y progresistas, los cuales debemos analizar críticamente para corregirlos y volver a la ofensiva».

También enfatiza en combatir el sectarismo y el dogmatismo y en la estrategia de promover la unidad de todo el bloque social y político de los cambios.

Consultado por la prensa el secretario de Relaciones Internacionales del PCU, Jorge Mazzarovich, manifestó que el principal objetivo de la cita será «escucharse mucho» y así «poder analizar sin perjuicio y franqueza la situación actual en el continente».

En el capítulo de la solidaridad, la convocatoria partidaria advierte sobre la aplicación del artículo III de la Ley Helms-Burton desde mayo, el endurecimiento del bloqueo y las provocaciones por parte de Estados Unidos.

A Venezuela y a un plan de acción concreto de respaldo en la práctica a la Revolución Bolivariana se dedicará un importante tramo en las deliberaciones de los comunistas.

De igual forma se analizará la situación en Colombia y el cumplimiento de los acuerdos de paz y en Brasil con la llegada del gobierno de Jair Bolsonaro y la injusta prisión de Lula y la marcha de la campaña mundial por su libertad.

Montevideo, 28 de abril 2019
Crónica Digital /PL

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CIDH: CUESTIONAR PARA NO CUMPLIR

Dom Abr 28 , 2019

Cinco gobiernos latinoamericanos se han puesto de acuerdo a espaldas de la opinión pública, con el objeto esta vez no se de coordinar una operación represiva y criminal transnacional como fue el Plan Cóndor que operó en el Cono Sur en la década de los setenta; pero sí de cuestionar y debilitar el rol y potencial impacto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bajo el supuesto respeto de autonomía de los países, se solicita a la Comisión Interamericana de DDHH “no invadir las competencias de los Estados” en la protección de derechos. Si bien resulta preocupante, no es de sorprender: todos estos gobiernos tienen serios problemas de derechos humanos y/o han recibido críticas y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En el caso brasileño, cabe recordar que tras una visita en noviembre del 2018 los organismos manifestaron observar el “alarmante crecimiento de un ambiente de discursos que distorsionan, desprestigian y estigmatizan el papel y la función de los derechos humanos para la sociedad». En el documento elaborado tras la visita, la CIDH pide acciones urgentes contra «las violaciones de derechos y los discursos de odio», así como ante «los ataques a la libertad de expresión que afectan a la prensa, académicos y organizaciones sociales». Situación similar se plantea en el caso colombiano, ya que tras un trabajo en terreno efectuado en enero de 2019, la CIDH indicó que “reafirma su preocupación por la grave situación de violencia contra las defensoras y los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país”, entregando al Estado de Colombia una serie de recomendaciones. En cuanto al Estado de Chile, lo más reciente se centra en la indicación de la Corte IDH para que se anule el fallo a los comuneros mapuches Aniceto Norín, Pascual Pichún, Víctor Ancalaf, Florencio Marileo, Juan Marileo, José Huenchunao, Juan Millacheo y la activista Patricia Troncoso, condenados por la “Ley Antiterrorista”; que la Corte cuestionó por violar el principio de legalidad, el derecho a la presunción de inocencia, el principio de igualdad y no discriminación; y el derecho a la igual protección de la ley en beneficio de las víctimas. A ello se suma el reciente llamado del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas a intensificar la búsqueda de detenidos/as desaparecidos/as. Según las comisiones de Verdad, de 1193 personas detenidas desaparecidas en dictadura un 87% permanece es esta condición, a casi 46 años de ocurrido el Golpe de Estado (Fuente Noticias INDH). A su vez, solicitó evitar atenuantes o beneficios penitenciarios en las condenas por desaparición forzada reiterando lo ya señalado con anterioridad por el sistema internacional de derechos humanos: las penas deben ser proporcionales a la gravedad del delito. Este actuar de los cinco gobiernos a través de su declaración no sólo es un duro golpe para las víctimas de violaciones a derechos humanos en nuestro continente, pues busca socavar la independencia y autonomía de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos […]