Organizaciones indígenas, campesinas, de estudiantes y trabajadores de Ecuador mantienen hoy la protesta como instrumento central en rechazo a medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional.
En Quito, ante la cercanía de cientos de manifestantes y la llegada de representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, para sumarse al paro, fue evacuado el Palacio de Carondelet, donde radica la presidencia de la república, que permanece bajo fuerte custodia de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, el dignatario, Lenín Moreno, decidió trasladar la sede del gobierno para Guayaquil, donde también se llevan a cabo marchas desde el pasado 3 de octubre, cuando entró en vigencia, por decreto, la eliminación del subsidio a la gasolina extra y el diésel, una de las medidas más rechazadas por la población.
En medio de un Estado de Excepción nacional, declarado por el mandatario por 60 días y limitado a 30 por la Corte Constitucional, los movilizados insisten en permanecer en las calles hasta la derogación de la disposición de liberar los precios de los combustibles, que ya provocó alzas en las tarifas del transporte público y en alimentos de la canasta básica.
Las protestas han estado marcadas por represión policial, denunciada en las redes sociales por organizaciones y personas allegadas a las víctimas.
Sobre la situación reinante, el presidente señaló en cadena nacional, la víspera, que lo acontecido en la nación es resultante de una intención política para desestabilizar al gobierno.
Por su parte, dirigentes sociales indican que los levantamientos responden al rechazo al paquetazo impuesto, a su juicio, para estar a tono con las recetas habituales utilizadas por el Fondo Monetario Internacional, con el cual el ejecutivo negoció un préstamo de más de cuatro mil millones de dólares este año.
La tensa situación ha afectado sectores como el turismo, la educación con la suspensión de clases desde el jueves último, la producción petrolera y de manera general la economía, ya resentida, por la inestabilidad en el funcionamiento de comercios.
En ese contexto, las autoridades dan cuenta de más de 400 detenidos, pero no se han publicado cifras oficiales de heridos o fallecidos por las protestas.
En contraste, en las redes sociales circulan videos donde se muestran incidentes entre manifestantes y efectivos policiales, con saldo de civiles muertos.
Las seis jornadas de movilizaciones son el preámbulo de una gran huelga nacional convocada mañana.
Quienes se suman, aseguran que hacen ejercicio de su legítimo derecho a la manifestación y señalan que las acciones son además también para demandar a la administración nacional, políticas a favor del pueblo trabajador y no de los intereses de la derecha o de Washington.
El panorama reinante en este territorio andino ha despertado la preocupación de algunas instituciones del país, como el Consejo de Protección de Derechos de Quito, que rechazó las agresiones protagonizadas por los agentes del orden durante las protestas.
Una postura similar adoptó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ya se pronunció al respecto.
Naciones Unidas sigue de cerca esas protestas y recuerda lo establecido en legislaciones internacionales sobre el uso proporcional de la fuerza, afirmó el vocero del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric. Anteriormente, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una declaración en la cual recuerda que el uso de la fuerza en la represión de manifestaciones está reservado a casos excepcionales.
Quito, 8 octubre 2019
Crónica Digital /PL
