Este llamado ya había sido formulado al Ministerio del Interior y Seguridad Pública -órgano responsable de la seguridad pública en el país- y a Carabineros de Chile, para que se prevengan los hechos que atentan contra los derechos humanos y para aplicar correctamente los protocolos en el uso de la fuerza.
Tras la entrega de un nuevo balance de lesiones y pérdidas oculares -177 desde el inicio de las manifestaciones sociales- el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) oficiará al Ministerio de Salud para que aclare y detalle las cifras oficiales y anuncie qué medidas de reparación se están tomando o se adoptarán en favor de los heridos y lesionados por agentes del Estado.
De acuerdo a estándares internacionales, la reparación debe ser lo más integral posible incluyendo indemnización económica, reparaciones morales o simbólicas, como el reconocimiento público de los hechos, y garantías de no repetición, a través de programas de prevención efectivas.
“A juicio del INDH aclarar las cifras oficiales y determinar qué medidas de reparación se adoptarán es relevante, debido a que permite consolidar una cifra real y única de lesionados, adicional a la que el Instituto ha podido observar, de manera parcial, en sus visitas a centros hospitalarios”, afirmó Sergio Micco, director del INDH.
Las lesiones oculares representan una situación de máxima gravedad para el INDH, no sólo por la constatación de sus propias observaciones, sino también por lo señalado por organismos especializados en la materia.
Según la Sociedad Oftalmológica de Chile no existen precedentes en la historia un número similar de lesiones oculares, calificando la situación como una “emergencia sanitaria”.
Violencia contra escolares
Luego de conocer graves casos de violaciones a los derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes ocurridos el martes 5 de noviembre, el INDH reitera la necesidad de aplicar correctamente los protocolos en el uso de la fuerza.
Este llamado ya había formulado al Ministerio del Interior y Seguridad Pública -órgano responsable de la seguridad pública en el país- y a Carabineros de Chile a que se prevengan los hechos que atentan contra los derechos humanos y a aplicar correctamente los protocolos en el uso de la fuerza, durante la primera reunión que sostuvo el 29 de octubre pasado Sergio Micco con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
“El INDH insiste en que carabineros está facultado para realizar acciones tendientes a restablecer el orden público, sin embargo, de acuerdo a nuestras observaciones en manifestaciones la policía uniformada no está cumpliendo los protocolos establecidos”, aseguró el director del INDH.
En el caso de ingreso a establecimientos educacionales, las instrucciones ordenadas para el uso de la fuerza, consignada como norma por el Diario Oficial en marzo pasado, en su punto número 4.1 indica claramente el procedimiento que se debe establecer para el ingreso a ese tipo de recintos. Durante esta semana Carabineros irrumpieron en la sede de San Joaquín de la Universidad Católica y en el Liceo 7, lesionando a estudiantes y afectando a docentes. El propio director general de Carabineros, Mario Rozas, reconoció ayer que la actuación de la fuerza policial, reconociendo que hubo “una abierta falta de protocolo”.
“Tratándose de establecimientos educacionales de enseñanza básica y media, los disuasivos químicos sólo se utilizarán cuando exista peligro para la integridad física de las personas que se encuentran en su interior o de los funcionarios policiales que intervengan en el lugar”, consigna la norma que establece el uso de la fuerza.
Santiago de Chile, 7 de noviembre 2019
Crónica Digital
