Elecciones en Bolivia, finalmente

El gobierno de facto de Bolivia, tras siete meses del golpe de Estado, finalmente aceptó celebrar elecciones generales.

 

Este domingo en la noche, la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, aseguró que promulgará la ley que define el 6 de septiembre como el día para celebrar los comicios.

A través de un mensaje al país, Áñez señaló que firmará la Ley 691, foliada así en el Órgano Legislativo, pero en contra de su voluntad.

Aunque Áñez, en el puesto que se adjudicó el 12 de noviembre último, tenía como misión convocar a nuevas elecciones, además de inscribirse como presidenciable, demoró todo lo que pudo la promulgación de la normativa para los comicios.

‘Con fecha fijada, corresponde, ahora, a los órganos del Estado garantizar elecciones limpias y transparentes, preservando la salud y el derecho a una participación sin persecuciones políticas’, expresó el expresidente Evo Morales y por medio de su cuenta en Twitter.

‘Que sea el pueblo el que defina democráticamente el destino de nuestra querida Bolivia’, añadió el líder indígena quien fue obligado a abandonar su puesto en el contexto del golpe de Estado del 10 de noviembre en su contra.

La asonada so pretexto de un fraude electoral en los comicios del 20 de octubre, rompió el hilo constitucional de este país, generó masacres amparadas por el gobierno de Áñez, desmantelamiento de la economía, de las políticas sociales, persecución política y corrupción.

La Organización de Estados Americanos avaló el supuesto fraude en ese proceso, el cual es desmentido por al menos cinco estudios de prestigioso analistas.

El gobierno de facto de Bolivia, tras siete meses del golpe de Estado, finalmente aceptó celebrar elecciones generales.
Este domingo en la noche, la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, aseguró que promulgará la ley que define el 6 de septiembre como el día para celebrar los comicios.

A través de un mensaje al país, Áñez señaló que firmará la Ley 691, foliada así en el Órgano Legislativo, pero en contra de su voluntad.

Aunque Áñez, en el puesto que se adjudicó el 12 de noviembre último, tenía como misión convocar a nuevas elecciones, además de inscribirse como presidenciable, demoró todo lo que pudo la promulgación de la normativa para los comicios.

‘Con fecha fijada, corresponde, ahora, a los órganos del Estado garantizar elecciones limpias y transparentes, preservando la salud y el derecho a una participación sin persecuciones políticas’, expresó el expresidente Evo Morales y por medio de su cuenta en Twitter.

‘Que sea el pueblo el que defina democráticamente el destino de nuestra querida Bolivia’, añadió el líder indígena quien fue obligado a abandonar su puesto en el contexto del golpe de Estado del 10 de noviembre en su contra.

La asonada so pretexto de un fraude electoral en los comicios del 20 de octubre, rompió el hilo constitucional de este país, generó masacres amparadas por el gobierno de Áñez, desmantelamiento de la economía, de las políticas sociales, persecución política y corrupción.

La Organización de Estados Americanos avaló el supuesto fraude en ese proceso, el cual es desmentido por al menos cinco estudios de prestigioso analistas.

La Paz, 21 de junio 2020
Crónica Digital/PL

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La agudización y aceleración de la crisis del sistema capitalista mundial precipitada por la pandemia del Covid 19 y la necesidad de hacer frente a la emergencia sanitaria derivada de ella, han configurado un contexto sumamente desventajoso y peligroso para la continuidad de los procesos de rebelión popular que estaban en curso en el planeta en la segunda mitad del año pasado, particularmente en América Latina. De partida, este contexto ha devuelto la iniciativa táctica a los gobiernos de corte neoliberal imperantes en la casi totalidad de los países de la región, con las contadas excepciones de Venezuela, Argentina y México, que, en el escenario inmediatamente anterior, se debatían entre la represión y las medidas paliativas para contener las continuadas y masivas movilizaciones populares. La irrupción de la pandemia habilitó a los gobiernos para decretar estados de excepción, toques de queda, cuarentenas y otras medidas administrativas que restringen la movilidad y el derecho a reunión, permitiéndoles acabar con la presión de las calles y recuperar el control del orden público. Repuso, además, el comando político del estado sobre el conjunto de la población de cada país, y a depender de su manejo de la crisis sanitaria. Más allá de sus diversas estrategias de enfrentar la pandemia, los países de América del Sur se han convertido ya en el nuevo epicentro de la pandemia. Con Brasil, Perú y Chile como los que registran los mayores incrementos en el número de contagios. Y con elevados porcentajes de muertos por cada millón de habitantes. Y se vienen los meses de invierno, que hacen presagiar un mayor colapso sanitario y una catástrofe mayor en vidas humanas. Pero, además, está el escenario de una recesión económica creciente que ya eleva las tasas de desempleo por encima de los dos dígitos y que hace cundir el pánico en el mundo de los trabajadores y trabajadoras. Escenario en el medio del cual, los dueños del capital no sólo se empeñan en lograr leyes y medidas de protección estatal a sus amenazados márgenes de ganancia, sino que desarrollan abiertos y velados ataques a los derechos colectivos de los trabajadores, aprovechando el desconcierto generalizado que se vive. Como se sabe, en estos países, de poco han servido las cuarentenas. Con porcentajes elevados de trabajadores informales, en actividades por cuenta propia o independientes, cuyos precarios ingresos dependen de su actividad en las calles, el incumplimiento de las medidas de encierro y distanciamiento social está en directa relación con la opción, que también toman las crecientes masas de desempleados, de salir a buscar cómo “parar la olla”, aunque se corra el riesgo del contagio. Es la aplicación, en estos tiempos, de una acendrada racionalidad: “Morir luchando, de hambre, ni cagando”. Sin tomar en cuenta esta situación, las autoridades en muchos países están redoblando no sólo las medidas de cuarentena y aislamiento social, sino que las penas y multas para quienes las incumplan. En circunstancias en que paralelamente las medidas de apoyo económico a las familias por la emergencia sanitaria no resultan […]

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