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En declaraciones a los medios, la vicemandataria presentó el memorando enviado por el Estado venezolano a la Corte Internacional de Justicia, ante la demanda interpuesta por el gobierno guyanés el 29 de marzo de 2018.
De acuerdo con el documento, el gobierno de Georgetown basó su reclamación en que la Corte tiene jurisdicción en el presente caso, al ser designada por el secretario general de la ONU en una comunicación emitida el 30 de enero de 2018 como medio para dirimir el diferendo.
Ante este escenario, la vicepresidenta de Venezuela reiteró la posición de Caracas de que el órgano judicial carece de jurisdicción en la disputa de la Guayana Esequiba, y ratificó la defensa del Acuerdo de Ginebra de 1966 como único mecanismo para resolver la controversia.
‘Venezuela nunca ha dado su consentimiento para llevar esta controversia territorial a la Corte Internacional de Justicia, esto debe hacerse por la vía del consentimiento de ambas partes’, aseveró Rodríguez.
Denunció además que la judicialización del diferendo territorial por parte de las autoridades del vecino país tiene como objetivo favorecer intereses de transnacionales petroleras como la compañía estadounidense Exxon Mobil.
El Acuerdo de Ginebra contempla expresamente alcanzar amistosamente un arreglo mediante una solución práctica, aceptable y satisfactoria para ambas partes.
En la reclamación presentada en 2018 ante la Corte Internacional de Justicia, Guyana demandó que se declare la validez y obligatoriedad del Laudo Arbitral de 1899 que adjudicó a la entonces colonia de Guayana Británica más de 159 mil kilómetros cuadrados de territorio al oeste del río Esequibo.
El conflicto territorial experimentó un punto de giro en 2015, cuando la petrolera estadounidense Exxon Mobil anunció el descubrimiento de una reserva estimada en miles de millones de barriles de crudo junto en la zona en reclamación.
Las exploraciones se desarrollaron con la autorización del gobierno de Georgetown, situación que generó la protesta de Caracas al considerarse una violación de los estatutos del Acuerdo de Ginebra.
Caracas, 30 junio 2020
Crónica Digital/PL
