Discriminación, racismo, privatización de empresas estatales fueron fantasmas desenterrados en Bolivia y que regresaron en 2020 con un gobierno de facto finalmente derrotado en las elecciones de octubre, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) obtuvo un triunfo atronador.
Igual suerte corrió la industrialización del litio impulsada por el líder aymara pues el gobierno de facto anuló el decreto supremo que estableció la sociedad mixta entre Alemania y Bolivia, la cual garantizaría por 70 años el mercado de las baterías de litio.
Bolivia cuenta con 21 millones de toneladas métricas del metal blando en el salar de Uyuni (Potosí), considerada la mayor reserva geológica del mundo certificada por la consultora estadounidense SRK sobre el 64 por ciento de su planicie, tras perforar pozos de 50 metros de profundidad.
Estas reservas son de interés de grandes transnacionales extranjeras y administrarlas para sus beneficios y no los del pueblo, fue uno de los motivos para la asonada golpista contra el expresidente Morales.
La fuerte presencia policial y militar propiciada por los golpistas también atentó contra el turismo que, durante el mandato de Morales llegó a generar 850 millones de dólares al año y un constante crecimiento y beneficio social, que lo convirtió en uno de los sectores más importantes en el país.
La nación andino-amazónica lideró por varios años el crecimiento económico en la región, logros reconocidos por organismos internacionales, pero bajo la administración de Áñez subieron los índices de desempleo en un 11,8 por ciento y de pobreza al 16,8 por ciento y la inestabilidad marcó ese renglón durante este año.
ESTADO PLURINACIONAL POR CONSTITUCIÓN QUE DISCRIMINÓ A SUS ANCESTROS
Bolivia, un Estado Plurinacional por sus 36 naciones indígenas reconocidas en la Constitución de 2009, nuevamente fue testigo del racismo, la discriminación y la persecución política generada por el gobierno de facto.
La quema de la bandera wiphala que representa a los pueblos originarios y campesinos e impedir el acceso a mujeres de pollera en lugares públicos por grupos violentos afines a los golpistas fueron algunos ejemplos de violaciones constitucionales.
Asimismo, la persecución y detención arbitraria de dirigentes de organizaciones sindicales y sociales que apoyaban al movimiento político liderado por Morales también fueron denunciadas dentro y fuera del país sudamericano.
La inhabilitación en septiembre pasado del líder aymara para ser candidato a senador por Cochabamba y del excanciller Diego Pary, para aspirar por Potosí en las elecciones generales del 18 de octubre derivadas del golpe de Estado, y la ausencia de autoridades indígenas en el Poder Ejecutivo, mostraron aún más el racismo.
Por otra parte, la contienda electoral, que culminó con la contundente victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) con más del 51 por ciento de los votos, se caracterizó por los intentos del gobierno de facto para proscribir a esa fuerza, favorita en todas las encuestas.
Como estrategia de esa campaña de descrédito, el ahora presidente Luis Arce, enfrentó en julio pasado varias acusaciones de supuestos hechos de corrupción cuando implementó la Gestora Pública, una entidad que administraba los ingresos de los trabajadores y que redujo la pobreza.
Pero según denunció Arce, esa artimaña de Áñez sólo buscaba desviar la atención de las políticas neoliberales aplicadas y de pretender utilizar un crédito de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) para enmendar el déficit fiscal y la negativa balanza de pagos.
LA PANDEMIA MOSTRÓ DÉFICIT DE UN SISTEMA DE SALUD UNIVERSAL
La llegada en marzo pasado de la Covid-19 fue una prueba que, en todos los aspectos, reprobó el gobierno de facto con los más de 142 mil casos confirmados, más de ocho mil fallecidos y el colapso del sistema sanitario.
El expresidente Evo Morales implementó el 1 de marzo de 2019 el Sistema Único de Salud que garantizaría una atención de calidad y gratuita a más de cinco millones de personas sin seguro en el país, pero aquel proyecto quedó en el camino por la incapacidad de Áñez para continuarlo.
La pandemia mostró aún más las desigualdades sociales porque las pruebas para detectar al nuevo coronavirus no estuvieron al alcance de todos, los precios de los medicamentos aumentaron y, al igual que en la ciudad ecuatoriana de Guayas, los muertos en las calles acapararon titulares a nivel internacional.
Los pueblos indígenas, que representan el 48,3 por ciento de la población en Bolivia, quedaron desatendidos por el gobierno en medio de la crisis sanitaria.
La Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Securé (Tipnis) demandó tener en cuenta un enfoque intercultural para implementar los planes de contingencia sanitaria para garantizar la seguridad alimentaria de las 64 comunidades que integran el territorio.
Atención en salud, equipamiento y medicamentos en todas las comunidades, canasta familiar suficiente, asistencia social, plan de nutrición materna infantil y la información clara, oportuna y veraz fueron exigencias de esa entidad transmitidas en abril a la mandataria de facto, que no dio respuesta.
Áñez tampoco respondió a la demanda de la Asamblea del Pueblo Guaraní y autoridades indígenas de Charagua Iyambae (Chaco) que solicitaron también la atención inmediata y prioritaria con medicamentos y primeros auxilios, así como viabilizar los recursos del Fondo de Desarrollo Indígena y de la ayuda internacional para la atención de esas familias.
Los 11 meses de 2020 gobernados por los golpistas en Bolivia abrieron heridas cerradas desde 2006 con la llegada al poder del primer presidente indígena, de ahí que su pueblo saliera a las calles a defender la democracia que recuperó en las urnas el 18 de octubre.
Jeanine Áñez pudo pasar a la historia si hubiera organizado elecciones generales de manera inmediata para restituir el Estado de derecho, pero será recordada por las muertes, la inseguridad y el dolor ocasionados a miles de bolivianos que vieron vulnerados sus derechos constitucionales.
*Periodista de la Redacción de Suramérica de Prensa Latina
La Habana, 3 de diciembre 2020
Crónica Digital/PL
