Un largo debate sobre la participación indígena en la Convención Constitucional, millones de solicitudes para retirar fondos de pensiones y nuevas protestas contra el presidente Sebastián Piñera fueron noticia esta semana en Chile.
La posibilidad de que los pueblos originarios participen en la redacción de una nueva Constitución ocupó días de enconados debates en una comisión de diputados y senadores, que no se ponían de acuerdo esencialmente sobre la cantidad de escaños para los indígenas dentro de la Convención Constitucional.
Finalmente en la madrugada del viernes acordaron 17 asientos entre los 155 constituyentes que redactarán la carta magna, y aunque en el gobierno consideraron ese resultado como un gran avance, en el mundo autóctono fue visto como lo mínimo y todavía lejos de responder a la representatividad que esos pueblos deben tener en las instituciones.
La prolongación de los debates, sobre todo por las dilaciones de los legisladores oficialistas, condujo a que la sesión de la Cámara de Diputados para votar la propuesta, prevista para el jueves, fuera pospuesta para la próxima semana.
Con ello sigue dilatándose la aprobación de los escaños para los pueblos originarios, a pesar de que todos dicen estar de acuerdo en que una nueva Constitución requiere de la participación de esas comunidades para ser verdaderamente representativa.
Paralelamente, el jueves comenzaron las solicitudes para el retiro del 10 por ciento de los ahorros depositados en las empresas aseguradoras de fondos de pensiones, trámite que solo en los dos primeros días realizaron casi cinco millones de personas.
Esa medida, aprobada la pasada semana tras fuertes fricciones entre el Parlamento y el gobierno, permitirá a miles de familias hacer frente con sus propios recursos a la crisis económica y social agudizada por la Covid-19, que ha dejado sin empleo a más de dos millones de trabajadores.
Según cálculos de entidades financieras, unos 16 mil millones de dólares entrarán en circulación en las próximas semanas y aunque analistas consideran que tal medida implica que los ciudadanos paguen de su bolsillo los efectos de la crisis, la ven como la última opción ante la incompetencia del gobierno, cuyas ayudas son insuficientes y tardías.
La semana cerró con dos días consecutivos de protestas y disturbios en el centro de esta capital para reclamar la liberación de cientos de personas, la mayoría jóvenes, que fueron detenidas por participar en la revuelta popular que se generó con el llamado estallido social del 18 de octubre de 2019, y algunas de las cuales están desde entonces tras las rejas.
Su libertad es respaldada por organizaciones sociales y partidos políticos, e incluso esta semana senadores de oposición presentaron un proyecto de indulto general, que el gobierno rechaza de plano al alegar que esa medida propicia la impunidad de la violencia.
Pero los manifestantes exigen también reiteradamente la renuncia de Piñera, quien en encuestas publicadas esta misma semana sigue perdiendo respaldo popular y alcanza un nivel de aprobación que fluctúa apenas del siete al 11 por ciento.
Santiago de Chile, 12 de diciembre 2020
Crónica Digital/PL
