Progresista Verónika Mendoza: “No vamos a permitir que desconozcan la voluntad popular” en Perú

La excandidata presidencial Verónika Mendoza formuló un llamado a respetar el resultado de la segunda vuelta de las Elecciones Generales en Perú y, en una manifestación en Lima en favor de Pedro Castillo, indicó que, a poco tiempo de conmemorar el Bicentenario de la independencia de su país, algunas personas buscan llevar al país hacia el pasado. Ante esta situación, indicó que “atrás quedaron los tiempos de la colonia, donde se pretendía que había ciudadanos de primera y de segunda categoría”.

Mendoza es psicóloga y antropóloga, y es una de las principales lideresas progresistas y feministas de la política peruana. Integra el Grupo de Puebla; desde diciembre de 2017 es presidenta del movimiento Nuevo Perú y fue candidata presidencial de la coalición “Juntos por el Perú” en la primera vuelta de las elecciones generales.

En la manifestación realizada el domingo, expresó: “Desde aquí, desde esta plaza, les vamos a recordar que estamos en el siglo XXI, estamos en democracia y en democracia todos los ciudadanos valemos igual y todos los votos valen exactamente igual”.

En este sentido, fustigó que haya voces que busquen desconocer los votos de la “serranía” y que denuncian fraude o manipulación del proceso en las zonas andinas. Al respecto, indicó “ellos dicen que en las serranías se ha manipulado el voto y en todo el Perú hemos votado con memoria, con dignidad y con esperanza de cambio. Vamos a defender la democracia unidos, como un solo puño”.

Refiriéndose al fujimorismo, dijo que “ellos difunden mentiras, azuzan odios y venganzas; nosotros aquí hemos venido con los brazos abiertos, con el corazón abierto, con esperanza y alegría a defender la democracia, a defender que ha llegado el momento del cambio, de la justicia y la soberanía”.

Sentenció que “no vamos a permitir que desconozcan la voluntad popular, no vamos a permitir que desconozcan el resultado electoral, vamos a defender la democracia unidos”.

Durante el domingo, miles de personas de distintas partes del Perú, así como organizaciones sociales y colectivos ciudadanos se sumaron a la gran movilización nacional organizada por la Coordinadora en Defensa de la Democracia, el Voto y la Patria. “Keiko, escucha, acepta tu derrota”, coreaban.

Pedro Castillo, abanderado del partido Perú Libre, firmó hace unas semanas un pacto con Verónika Mendoza, expresado en la declaración conjunta “Por la Refundación de nuestra patria con soberanía, justicia e igualdad”.

El acuerdo plantea trabajar en forma conjunta para “impulsar los cambios profundos que el Perú necesita” y construir un nuevo pacto social a través de una Asamblea Constituyente. En la oportunidad, en su cuenta de Twitter Mendoza expresó que “las fuerzas democráticas tenemos la responsabilidad histórica de unirnos para cerrarle el paso a la mafia y al autoritarismo, pero, sobre todo, la oportunidad histórica de construir un Perú en el que todas las voces sean escuchadas y nadie se quede atrás”.

Lima, 21 de junio 2021.

Crónica Digital.

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Catedrático de la Universidad de Chile: se justifica solución política para los presos de la revuelta

Lun Jun 21 , 2021
Por su importancia, Crónica Digital reproduce el informe presentado por catedrático de la Universidad de Chile y Doctor en Derecho, Claudio Nash Rojas, en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de la República, en el contexto de la tramitación del proyecto que otorga indulto a los presos de la revuelta social.   La pregunta que quiero abordar en esta comisión es ¿se justifica una medida política (ley) para resolver la situación de las personas perseguidas penalmente por actos de violencia en el marco de la revuelta de octubre de 2019? Mi respuesta es que sí se justifica, ya que frente a un problema político como lo es la deslegitimación de la actuación del Estado por haber infringido estándares mínimos en materia de derechos humanos, es recomendable utilizar herramientas propias de la solución de conflictos (justicia transicional) para restablecer el imperio del derecho y la paz social. ANTECEDENTES GENERALES Desde la creación del Estado moderno (siglo XVII) una de sus características ha sido concentrar el uso de la fuerza, y se ha aceptado, bajo la lógica del pacto social, que es el Estado quien detenta el uso de la fuerza legítima que tiene, como una de sus principales manifestaciones, la titularidad del ius puniendi, esto es, el uso legítimo del sistema punitivo para mantener el orden social. Empero, esta no es una concesión absoluta, sino que está sujeta a que la autoridad utilice la fuerza y, particularmente, el Derecho Penal dentro de ciertos rangos de legitimidad. Estos se expresan como límites al poder del Estado y una de sus manifestaciones más importantes es la del respeto de los derechos humanos. Cuando el Estado actúa al margen de estos parámetros mínimos, su actividad pierde legitimidad y el uso de la persecución penal se transforma en un acto ilegítimo que debe ser corregido a través de los instrumentos propios de un Estado de Derecho, incluida la actuación política. Esto es lo que el profesor (Luigi) Ferrajoli ha llamado la “disolución del derecho penal”. NATURALEZA DEL PROBLEMA La situación que ha motivado este proyecto de ley (de indulto) es política y humanitaria y se caracteriza por una respuesta estatal al margen de los parámetros mínimos de legitimidad que configuran los derechos humanos. En consecuencia, son tres las cuestiones que nos interesa resolver en este sentido: a) el contexto en el que se utiliza la persecución penal; b) la legislación aplicable y, c) la violación de derechos humanos. Sobre el CONTEXTO, lo relevante para el caso chileno es determinar la naturaleza política de la revuelta de octubre de 2019. Este fue, en general, un movimiento social de protesta contra el modelo imperante y, en particular, un acto de protesta en contra del gobierno de turno. La respuesta del poder público, el Estado, fue la violencia represiva que generó un grave cuadro de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos; esta represión se dirigió contra un grupo particular, jóvenes que se manifiestan políticamente en contra del sistema y contra el gobierno. […]

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