Dilema en el norte de Chile: nacionalismo, migración y violencia

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció el aumento del número de Carabineros en Iquique, capital regional de Tarapacá, norte de Chile, en respuesta al ascenso de la delincuencia durante el último año.

La decisión tiene lugar luego de que cientos de personas tomaran las calles de la ciudad durante el fin de semana y camioneros cerraran rutas de acceso a la urbe, en protesta contra el incremento de la actividad delictiva y la migración descontrolada.

Los crímenes de más incidencia en 2021 resultaron el tráfico de personas, con un aumento del 501 por ciento; los homicidios, con casi el doble de casos que el año precedente; el porte de armas blancas y la venta de drogas.

En las barriadas con mayores tasas de delito, calificadas localmente como «conflictivas», se incrementará en 80 el número de Carabineros, además de otros policías de civil que desarrollarán controles migratorios, reportó el diario La Tercera.

Los operativos, especificó el ministro del Interior, continuarán hasta el 11 de marzo, cuando el actual gobierno cese funciones.

Según Diario Uchile, las recientes manifestaciones mostraron un marcado carácter antimigrante con el reporte de ataques a un extranjero que debió ser protegido por Carabineros.

Hechos similares fueron reportados el 27 de setiembre pasado, cuando organizaciones iquiqueñas convocaron una marcha que reunió a más de cinco mil personas bajo el lema NO + Migración.

Ante dichas reacciones, el titular indicó que los extranjeros en condiciones de ser expulsados serán notificados.

En contraposición, el Colegio de Periodistas y la Red de Periodistas Migrantes denunciaron amenazas y agresiones a la prensa por parte de manifestantes y denunciaron la escalada violenta de entes ultranacionalistas que promueven manifestaciones «contra grupos vulnerables de personas migrantes y solicitantes de refugio».

Asimismo, la declaración de dichas organizaciones llamó la atención por el uso irresponsable de la información en los medios y a la rápida difusión de los discursos de odio en redes sociales.

Santiago de Chile, 2 de febrero 2022
Crónica Digital/PL

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Iniciativa constitucional aprobada en Chile comprende nacionalización

Mié Feb 2 , 2022
La Convención Constitucional de Chile aprobó hoy en términos generales la iniciativa de norma que reconocerá el dominio pleno del Estado sobre los bienes estratégicos del país, de instaurarse la nueva Carta Magna. «El Estado, en representación de los pueblos de Chile, tiene el dominio absoluto, exclusivo, excluyente, inalienable e imprescriptible de todos los bienes estratégicos», establece la propuesta legal. Esta incluye como tales el «cobre, el litio, el oro, la plata, los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el uranio, el manganeso, el molibdeno, el cobalto, el boro, las tierras raras y otros minerales». La iniciativa, aprobada por la comisión de Medio Ambiente, comprende la nacionalización de las empresas de explotación y exploración, sin indemnizaciones por los derechos sobre bienes mineros e hidrocarburos que, ya por mandato constitucional, pertenecerían al Estado. El contralor general de Chile, una vez aprobada la Constitución, determinará el monto de las indemnizaciones a los antiguos dueños por la nacionalización de sus empresas. «Será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera, metalúrgica y de hidrocarburos, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera», establece el documento. La propuesta legal insiste en el estricto cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y naciones preexistentes y hace hincapié en el consentimiento previo, libre e informado sobre decisiones que afecten sus territorios y supervivencia. Ante la amenaza a sus intereses, la derecha chilena calificó la aprobación de la iniciativa como un error jurídico que llevará al país a la bancarrota o que expropiar las empresas mineras equivale a anular las posibilidades de más justicia para Chile. El preámbulo de la iniciativa de norma reconoce el modelo extractivista generado por la explotación minera; existen cinco zonas de sacrificio a lo largo del territorio nacional que son escenario de un permanente despojo tanto por las empresas de la gran minería privada como por las transnacionales, recoge el documento. El hecho de que la norma se haya aprobado «en general» implica la posibilidad de sufrir modificaciones; además, debe ser votada por dos tercios del Pleno de la Convención para incluirse en la nueva Carta Magna. Santiago de Chile, 2 de febrero 2022 Crónica Digital/PL

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