Universidad del Pacifico: Tribunal establece que familia controladora deberá hacerse cargo del pago de indemnizaciones de exdocentes de la casa de estudios

La familia Ortúzar Muñoz junto a tres sociedades relacionadas con ellos deberán hacerse cargo solidariamente del pago de las indemnizaciones por años de servicio de los exdocentes demandantes, así como el pago de una multa de 300 UTM.

18 de agosto de 2022.- Esta mañana el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago falló a favor de cinco exdocentes que prestaron servicios en la otrora Universidad del Pacífico, la cual cerró a fines del año 2018. El tribunal capitalino estableció que los miembros de la familia controladora “Ortúzar Muñoz” y las sociedades relacionadas con esta familia: Inmobiliaria Ortúzar y Muñoz Ltda, Inversiones del Pacíficop SpA y Asesorías Ortúzar y Muñoz Ltda, son un único empleador, para los efectos laborales y previsionales.

Los exdocentes, representados por el abogado Leonardo Mena Díaz, demandaron a la universidad y a la familia Ortúzar Muñoz. En la demanda, se entendía como miembros de la familia al padre y fundador de la Universidad, Julio Ortúzar Prado, su esposa Ana María Muñoz Risopatrón y sus hijos comunes Ana María, Pablo Reinaldo, María Paz, María Inés, Julio Cristián, Ignacio de Jesús y Elena Margarita, solicitando se les declare como único empleador.

El tribunal estimó que el hecho de que los miembros de la familia hayan participado activamente en la universidad, tanto como trabajadores dependiente. Además, en calidad de socios activos de la asamblea y miembros del Directorio, sumado a las altas indemnizaciones cobradas por los términos de los contratos de algunos de ellos, los hacen responsables de la dirección de la Universidad y de su cierre a finales del año 2018.

Lo propio ocurrió con las empresas relacionadas, que comenzaron una serie de modificaciones en sus estructuras y razones sociales, justamente en el tiempo en que se hizo público el inminente cierre de la casa de estudios. Estas realizaron una serie de operaciones comerciales con la Universidad y la Fundación Julio Ortúzar Rojas en torno a la sede principal en que operó la Universidad, esto es, la ubicada en Avenida Las Condes 11.121, comuna de Las Condes, lo que finalmente también provocó el déficit financiero de la Universidad.

Leonardo Mena Díaz, abogado de los exdocentes, destacó que el juzgado acogió la tesis principal la cual señalaba “que quienes se encontraban detrás de las decisiones importantes de la universidad eran estos miembros de la familia, liderados por el jerarca señor Julio Ortúzar Prado, y secundado por su hijo don Pablo Ortúzar Muñoz”.

El fallo tiene como consecuencia que, tanto cada uno de los miembros de la familia, así como las sociedades mencionadas, deberán hacerse cargo solidariamente del pago de las indemnizaciones por años de servicio de los exdocentes demandantes. También, se estableció el pago de una multa de 300 UTM por estimar que incurrieron en subterfugio laboral.

Crónica Digital

18 de agosto de 2022

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Diputados y periodistas deportivos llegan al Ministerio de Justicia para pedir que se fiscalice a la ANFP

Jue Ago 18 , 2022
El oficio presentado cuenta con el respaldo transversal de diputados y diputadas. Los diputados, Jaime Mulet (FREVS) y Sebastián Videla (PL), junto a los periodistas deportivos Mauricio Israel, Felipe Bianchi y Marco Sotomayor, llegaron hasta el Ministerio de Justicia, para reunirse con el subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo Falcón, y entregar un oficio, en donde se pide, entre otras cosas, que se fiscalice a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). En el oficio fiscalizador que patrocinan, también, los diputados Nelson Venegas (PS), Andrés Giordano (IND- FA), Erika Olivera (IND- RN) y Marisela Santibáñez (PC), los parlamentarios hacen hincapié en varias acciones a su juicio impropias de la cúpula de la ANFP. Entre esas, la que dice relación con las casas de apuestas deportivas, que en Chile son actualmente ilegales, y su presencia publicitaria en diversos clubes profesionales, incluyendo el torneo oficial de Primera B. En el documento, los legisladores firmantes, señalan que “consideramos imperativo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inicie un procedimiento de fiscalización dirigido a la ANFP, por cuanto se han hecho públicos ciertos hechos que son, a lo menos, preocupantes y que a nuestro parecer constituyen infracciones graves a sus estatutos”. Luego de la reunión, el diputado Mulet señaló que “el subsecretario Jaime Gajardo, mostró una buena disposición. El ministerio de justicia es un ministerio muy riguroso, en todos los procedimientos. Estuvimos entregando todos los antecedentes, entregando también, la copia de la presentación, señalándole los fundamentos, junto al diputado Sebastián Videla, y nuestros abogados, de porque es tan importante que el ministerio haga esta fiscalización» «Nosotros queremos que el fútbol se gane en la cancha, que la gente pueda ver los partidos, y que no exista nada oculto detrás de ellos. Que las casas de apuestas irregulares, ilegales, no comiencen a dominar el fútbol. Que exista transparencia, y se termine la opacidad que hay hoy día en el fútbol chileno, entre representantes de jugadores, dueños de clubes y dirigentes. Porque la gran mayoría de los chilenos y las chilenas, quiere un fútbol limpio, en donde se disputen las cosas en la cancha”, indicó el legislador. Por su parte el periodista Felipe Bianchi indicó que “me parece muy bien que desde el poder legislativo, el Congreso, exista una reacción. Que no es la primera, que viene hace tiempo, y que lamentablemente, por movimientos de mucha gente, han sido más lento de lo que se esperaba, pero que exista una reacción seria y estudiada, respecto a los incumplimientos que se han venido cometiendo en el fútbol profesional,  hace mucho tiempo, a sus propios estatutos, es a la transparencia, es una muy buena noticia ante la opinión pública». El periodista deportivo agregó que «el fútbol es demasiado importante en nuestro país, para dejar que se haga lo que quiera con el, por lo que creo que este es un muy buen paso, para que se revise, y analice, desde el ministerio de justicia, que es el ente que tiene que comprometerse al respecto, para ver si […]

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