Presidente Boric: Chile busca saldar la deuda histórica con el pueblo mapuche

Una Comisión por la Paz para saldar la deuda con los mapuches en materia de tierras apunta hoy a sentar las bases para la solución al conflicto entre el Estado chileno y ese pueblo originario.

En su primera gira por La Araucanía desde la toma de posesión, el presidente Gabriel Boric afirmó que esta instancia comenzará a funcionar en marzo próximo y tendrá una composición que incluya a las comunidades y dé garantías a todos los sectores.

«Esta no es una comisión para hacer un diagnóstico, es una comisión para que tomemos las recomendaciones hechas por los organismos nacionales e internacionales y buscar una solución al conflicto en la región, y de una vez por todas las hagamos realidad», dijo Boric.

Según el mandatario, la entidad tendrá una agenda abierta donde todos podrán plantear sus puntos de vista, pero con un mandato muy específico: determinar con claridad la demanda de tierras y proponer mecanismos con plazos concretos para reparar la deuda con esa comunidad.

El mapuche es el pueblo originario más numeroso de Chile y desde hace décadas reclama la devolución de tierras ancestrales ocupadas por el Estado a fines del siglo XIX y que ahora están en manos de empresas forestales y agrícolas.

Durante los últimos años se registraron en la zona episodios de violencia que costaron la vida a comuneros a manos de agentes del Estado, así como también a no indígenas y fuerzas del orden.

En su gira por la llamada macrozona sur, Boric admitió que no será posible restituir todas las tierras porque muchas ciudades fueron construidas allí y deben ser preservadas.

También recordó que muchas personas que no pertenecen a esa comunidad se establecieron en la zona y echaron raíces y sus derechos también deben ser tenidos en cuenta.

Pero no por ello vamos a renunciar a buscar un entendimiento, dijo, y añadió que eso implica concesiones de todas las partes para construir una paz duradera, una convivencia pacífica con el fin de lograr la cohesión social que La Araucanía y Chile necesitan.

El presidente reconoció que este es un tema que el Estado nunca ha sabido abordar y mientras no se haga no será posible cumplir con las obligaciones a nivel internacional, ni sentar las bases para una solución al conflicto.

Santiago de Chile, 12 de octubre 2022
Crónica Digital/PL

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Octavo Juzgado Civil de Santiago disolvió Fundación CEMA–Chile y canceló su personalidad jurídica

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En un fallo de enorme significación, el Octavo Juzgado Civil de Santiago resolvió la disolución legal y la cancelación de la personalidad jurídica de la Fundación CEMA Chile, la entidad que presidió Lucía Hiriart y que, en los tiempos de la dictadura cívico–militar que encabezó su esposo Augusto Pinochet se apropió de una gran y valiosa cantidad de inmuebles fiscales, la mayor parte entonces bajo administración del Ministerio de Bienes Nacionales. El fallo destacó que el total de sus activos, a 2015, ascendía a más de 5 millones de dólares, lo que contrastaba con el bajo gasto social que suponía la misión social que fundamentaba su existencia. Estos recursos millonarios, que fueron logrados a través de la venta masiva de los mencionados inmuebles de origen fiscal, se invirtieron en forma persistente en instrumentos financieros como fondos mutuos y depósitos a plazo. Sin duda, la resolución judicial constituye un hito emblemático en la lucha en contra de la corrupción de la dictadura cívico–militar de Augusto Pinochet, que en materia de CEMA Chile fue iniciada en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet por el entonces Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio. Bajo su conducción, la Secretaría de Estado emprendió una investigación que puso al descubierto las operaciones inmobiliarias de CEMA. “Logramos establecer una nómina de 135 propiedades transferidas en forma gratuita por Bienes Nacionales a la Fundación CEMA Chile entre 1977 y 1989, y otras 18 entregadas en concesión de uso gratuito. Ello, sin perjuicio de otros bienes procedentes del patrimonio público que había recibido de municipalidades y los SERVIU. A través de la fiscalización en terreno constatamos que una parte importante de esos bienes había sido enajenada. Es decir, CEMA derivó en una entidad inmobiliaria con fines de lucro”, explica Osorio. Con esos antecedentes, el 10 de diciembre de 2015 Osorio solicitó al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, que el organismo emprendiera todas las acciones legales que permitieran la restitución al Estado de los bienes de origen fiscal que CEMA Chile se había apropiado. Una de las acciones que emprendió el Consejo de Defensa del Estado fue entablar una demanda de disolución y cancelación de personalidad jurídica en contra de la Fundación CEMA Chile, a partir de una fiscalización emprendida por el Ministerio de Justicia, conforme a sus facultades en la materia, la que mostraba que la entidad había incumplido con el objeto social que declaraban sus estatutos. En la sentencia del Octavo Juzgado Civil de Santiago, se constata que CEMA, desde 2011 a 2016, “destinó en promedio sólo un 11% del total de sus activos en gasto social orientado al cumplimiento de sus fines”. El total de sus activos, al año 2015, “ascendía al monto de $5.626.068.753, lo que contrastaba con su bajo gasto social”; detallándose que “la mayor parte de los ingresos de la Fundación provenían de la enajenación de inmuebles” y que esos recursos fueron invertidos en forma persistente “en instrumentos financieros como fondos mutuos y depósitos a plazo”, lo que permitió […]

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