Lun Oct 31 , 2022
Por Marcel Garcés Muñoz Sin duda la filtración en setiembre pasado, de 400 mil documentos del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas chilenas, con el rótulo de “confidencial”, “secreto” y “ultrasecreto”, constituyó un fuerte golpe a la confiabilidad del organismo que agrupa a los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas del país y ejerce una coordinación de toda la llamada Comunidad de Inteligencia Nacional. De acuerdo a las informaciones la operación, realizada por un grupo de hackers que se identificaron como “Guacamaya” expuso comunicaciones, mails institucionales, con destalles de la doctrina, tanto dentro del país, de las instituciones y de la política exterior y del accionar en áreas sensibles de la Defensa Nacional, como la ciberseguridad, el sistema de monitoreo de comunicaciones satelitales en las fronteras, y programas para almacenar datos de inteligencia. El accionar de los hackers abarcó por lo menos cinco años. El daño provocado contempla informes del Comando Conjunto Norte y del Comando Conjunto Austral, además de la labor correspondiente de los Agregados de Defensa chilenos en todo el mundo, cuya magnitud no se ha informado, pero permite suponer el perjuicio. Hasta allí se comprende la alarma y preocupación de los círculos castrenses y del gobierno, porque evidencia una falla grave de la seguridad de la operación y conducta de la inteligencia militar nacional y de su incapacidad e ineptitud en garantizar la reserva y prevención de daños en un área tan sensible de la Defensa Nacional. Pero hay un aspecto que no ha merecido la atención que se requiere y que representa una falla grave de la doctrina y practica que se expone por parte del accionar de los servicios de inteligencia castrenses y de la Comunidad de Inteligencia en general, en relación a la ciudadanía y sus derechos, a la institucionalidad democrática, y revelan un peligroso comportamiento respecto de la política interna y facultades de los todos los chilenos. De los pocos documentos puestos en conocimiento por los medios de comunicación, llama la atención la mantención como hipótesis de trabajo, y como “objetivos” (o será como “¿enemigos?”) de investigación de la “inteligencia”, de personeros y partidos políticos, sociales, juveniles, líderes de pueblos originarios y otros “sospechosos”. La pregunta es evidente ¿forma parte del accionar de la labor de la Inteligencia Militar considerar una parte de la ciudadanía como “enemigos“ de los marcos de un concepto de “Guerra Interna”?, los mismos conceptos que puso en práctica la dictadura militar derechista, empresarial, neoliberal, subordinada al Pentágono y la Casa Blanca, de Augusto Pinochet?. ¿Cómo se explica que la Inteligencia militar haya vigilado incluso el funeral del periodista, poeta y cantautor nacional, escritor, Patricio Manns, fallecido el 2021, y entregado luego al informe correspondiente? ¿Cómo se explica la vigilancia de líderes mapuche en la región del sur del país, como consta en los informes correspondientes, y lo que dijeron algunos jefes navales de su lucha, e incluso la amenaza del uso de las armas en contra de manifestantes. ¿Es una labor honorable espiar (perseguir) a […]
