Movimiento de Izquierda pide investigación en El Salvador

El Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIS) pidió hoy una investigación pública que someta a juicio y castigo a los militares responsables del secuestro y tortura de un grupo de adolecentes, indicó un comunicado.

La solicitud responde al arresto de ocho jovencitos de entre 14 y 17 años por un grupos de soldados en la comunidad de Amando López en el Bajo Lempa, los cuales fueron sometidos a torturas y abusos sicológicos, entre otras acciones.

Según el MIS los niños fueron vapuleados y vejados tanto física como verbalmente antes de ser liberados por la policía de la demarcación.

Indicó el comunicado que esta acción constituye el retorno a la doctrina del terror implementada desde los gobiernos militares en los 70 y los 80 del pasado siglo.

Mientras, el diario La Prensa Gráfica reflejó el incidente en el que un agente de la policía reconoció que “estos cipotes (niños) le cayeron mal a los soldados, por eso los detuvieron».

Los adolescentes junto a sus padres dieron detalles al diario de sus arrestos y los abusos a los que fueron sometidos por el grupo de soldados.

Otro de los adolescentes que fueron arrestados consideró además que los militares los capturaron en represalia por haber presentado una obra de la reseña histórica de El Salvador, donde utilizaron ropa similar a la vestimenta militar. “Lo extraño fue que únicamente detuvieron a alumnos, pero a los maestros que participaron en la obra, no”, dijo el menor.

Uno de los adolescentes arrestados contó que dormía junto a su familia cuando los militares golpearon la puerta y dijeron a su padre que “querían hablar conmigo”.

Tras sacarlo de su casa lo subieron a un pick up y los trasladaron junto al resto de adolescentes a una casa abandonada en las cercanías a la isla de Méndez, donde los sometieron a torturas desde las 11:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. del domingo, reseñó el diario.

Recordó, que además de insultarlos, los soldados les exigieron que pusieran sus brazos en los hombros de otro compañero formando “un nudo e hiciéramos sentadillas para que no nos durmiéramos”, dijo.

Los afectados dijeron que los policías del puesto policial El Zamorano se molestaron con los militares porque los “arrestaron sin ningún tipo de justificación”.

“No queremos que esto quede impune porque ha sido un atropello a los adolescentes, esto no puede quedar así, uno lo hace con temor porque no sabemos qué le puede pasar a uno”, dijo un padre.

San Salvador, 9 noviembre 2022
Crónica Digital/PL

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“Derecho al olvido financiero” fue aprobado en general por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados

Mié Nov 9 , 2022
Su autor, el diputado del PS Daniel Manouchehri, destacó la transversalidad de los parlamentarios en la tramitación del proyecto. En una agitada sesión, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que consagra el “derecho al olvido financiero”, también conocido como “Chao Histórico”. El presidente de la comisión y autor del proyecto, Daniel Manouchehri, recalcó su importancia y valoró el respaldo transversal de los legisladores. “Vamos por las cosas importantes. Este proyecto es de interés de millones de chilenos y chilenas”, indicó. “Este proyecto es parte de la agenda de ayuda a los endeudados, que hemos impulsado de manera transversal con diputados y diputadas mediante mociones parlamentarias. Trabajando de la manera que espera la gente. Poniéndonos de acuerdo en cosas que afectan a millones de personas”, señaló el legislador del PS. Junto al legislador de la Región de Coquimbo, son coautores de la moción las diputadas Ana María Bravo y Daniella Cicardini del PS, Javiera Morales (CS); y los diputados Miguel Mellado (RN), Leonardo Soto y Daniel Melo del PS, Boris Barrera (PC), Miguel Ángel Calisto (DC) y Joaquín Lavín León (UDI). El “Derecho al olvido financiero” busca la eliminación del registro histórico de deudas extinguidas, prescritas o saldadas. Principalmente, establece la obligación a las entidades financieras de eliminar los registros de deudas superiores a 5 años, prescritos en nuestra legislación. A su vez, obliga a las entidades financieras a entregar un informe escrito cuando nieguen un crédito a las personas. Se consagran importantes multas que van de los 1250 UTM hasta las 2500 UTM. Previo a la votación, la instancia escuchó la exposición del Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez; del presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena; y del presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU), Stefan Larenas. Aún resta su votación en particular y luego su eventual despacho a sala. Santiago de chile, 9 de noviembre 2022 Crónica Digital

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