Profesores irán a huelga por reclamos laborales

Crónica Digital 26 agosto, 2023

El Colegio de Profesores de Chile anunció un paro de labores por tiempo indefinido a partir del próximo martes, para exigir al Gobierno mejores condiciones laborales, salariales y de seguridad, entre otras demandas.

Carlos Díaz, presidente de la organización gremial, dijo que la decisión se tomó luego de realizar asambleas y una votación a nivel nacional, en la cual participaron más de 50 mil docentes, incluidas las regiones más afectadas por el reciente evento climatológico.

En estas reuniones se analizó la carta entregada hace pocos días por el recién nombrado ministro de Educación, Nicolás Cataldo, con las respuestas del Gobierno al pliego de peticiones, aceptada por el 46,34 por ciento de los maestros, pero el 53,66 la rechazó.

A partir de esto lo que corresponde es convocar a las profesoras y profesores de todo el país a iniciar el próximo martes a las 07:00 (hora de Chile) el paro nacional por tiempo indefinido, dijo Díaz en conferencia de prensa.

El magisterio chileno presentó hace tiempo ocho demandas, que incluyen la solución de la llamada deuda histórica, generada cuando durante la dictadura militar (1973-1990) se les rebajó el salario a los docentes, lo cual también afectó el monto de las pensiones.

Además, exige mejoras laborales, el pago de bonos atrasados, poner fin a la violencia dentro de los recintos escolares y la reparación de edificios y otras instalaciones.

Los daños ocasionados en 357 escuelas por el sistema frontal que afectó al país en estos días muestran el nivel de deterioro en la infraestructura, señaló Díaz.

A finales de julio y los primeros días de agosto de este año los profesores paralizaron en dos ocasiones sus labores durante 24 y 48 horas, respectivamente, sin conseguir una respuesta satisfactoria a sus demandas.

Santiago de Chile, 26 de agosto 2023
Crónica Digital/PL

Nacional

Ley de Protección al Denunciante: expertos UOH destacan su promulgación

Sáb Ago 26 , 2023

Con el objetivo de entregar nuevas herramientas para enfrentar hechos de corrupción en la administración pública, a mediados de este mes se promulgó la Ley de Protección al Denunciante. La ley establece que el acceso a la protección es un derecho de todo denunciante, que garantiza su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de vida y de trabajo, que eventualmente podrían ser amenazadas como consecuencia de su denuncia o de su participación en los procedimientos propios de las investigaciones respectivas. «Si yo le pregunto ¿Usted confía en el Estado? Es altamente probable que su respuesta sea negativa, sobre todo en el momento actual que se vive en Chile, donde semana tras semana nos encontramos con hechos vinculados a corrupción que no solo generan alta expectación pública, sino que también ponen cuesta arriba la difícil tarea de retomar la confianza de la ciudadanía con el Estado. Hay instrumentos que muestran que la percepción de corrupción y desconfianza bordean el 80% por lo que esta ley debe ser un paso de muchos para avanzar en una agenda de corto plazo que permita dar vuelta un complejo escenario», apunta el docente de la carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins, Manuel Toro. El estatuto crea un canal de denuncias administrado por la Contraloría General de la República, mediante una plataforma electrónica, a efectos de que toda persona pueda denunciar hechos constitutivos de faltas a la probidad administrativa, incluyendo, entre otros, hechos constitutivos de corrupción, o que afecten, o puedan afectar, bienes o recursos públicos, en los que tuviere participación personal de la Administración del Estado. Sobre los esfuerzos en materia de anticorrupción por parte del Estado, el también docente de Administración Pública de la misma casa de estudios, Michel Figueroa, indicó que «estos han estado centrados en sancionar los hechos, pero no se han puesto en prevenir o detectarlos. La promulgación de esta ley contribuye a contar con una nueva herramienta para detectar posibles casos e irregularidades que ocurren dentro de la Administración del Estado e investigarlos a tiempo, para en caso de acreditarse las irregularidades poder sancionar oportunamente». Respeto del deber de denuncia y de las medidas de protección del personal de la administración del Estado, la nueva norma establece que el personal de la Administración del Estado tiene el deber de denunciar, con la debida prontitud, ante los órganos administrativos o judiciales que correspondan, los hechos de que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revistan caracteres de delito o que sean constitutivos de faltas administrativas o a la probidad. «Se debe generar conciencia sobre los actos que son contrarios a la probidad administrativa y a la ética pública, lo que se resumen en privilegiar el interés general y no los intereses particulares, de tal forma que cada vez que se identifiquen situaciones que sean contrarias a esta idea puedan denunciar los hechos de tal forma de detectar posibles casos de corrupción», apuntó Michel Figueroa. El estudio Radiografía de la […]