Observando el contexto político en el ámbito de los derechos humanos, y de acuerdo a las señales dadas por los diferentes sectores, podemos llegar a la conclusión que nos encontramos con una situación sumamente grave y preocupante.
La peor de todas las acciones contra los derechos humanos, fue la excarcelación de criminales de lesa humanidad por parte de los jueces de la Segunda Sala de la Corte Suprema. Este hecho, no puede ser más grave. A este punto nunca se debió llegar, lo hemos dicho hasta el cansancio. Se necesitaba legislar adecuando la legislación interna al Derecho Internacional Humanitario, para haber puesto candado a la “muy real posibilidad” de que los jueces caigan en la tentación de no aplicar la legislación internacional, la cual en ningún caso permite entregar beneficios a criminales de lesa humanidad, quienes, además, han sido condenados recién entre 35 y 45 años después de sucedidos los hechos, a penas muy inferiores y no de acuerdo a la naturaleza y gravedad de los crímenes cometidos.
La reacción de la oposición en la Cámara de Diputados, es la correcta, dada las circunstancias, pero tengo serias aprehensiones y dudas de que esta acusación constitucional llegue a buen puerto. Los argumentos jurídicos sobran, como para que pudiera ser exitosa y no dudo de la intención de sus precursores de llevarla a cabo. Pero, quienes vivimos por décadas las consecuencias de las políticas de derechos humanos en Chile, sabemos por experiencia, como se mueven las cosas cuando se trata de tocar algún integrante de un poder del Estado.
Lo he estado pensando y planteando desde hace ya varios días. Puedo ver cómo se asoman ya algunas tímidas voces disonantes que manifiestan “la poca conveniencia de seguir adelante con la acusación”. Esgrimen muchas razones, algunas, como que estos jueces han estado por condenar a los criminales, cómo si esto fuera un “favor” que estuvieran haciendo y no fuera parte de su obligación. ¿Acaso esos crímenes no son lo suficientemente graves para hacer a sus hechores merecedores de una condena?.
Sólo toman en cuenta que hayan emitido una condena, no así su calidad, lo atemporal de su pronunciamiento, 40, 45 años después de sucedidos los hechos, aplicando la media prescripción, reduciendo las condenas en forma considerable que no se condicen con su gravedad. ¿Acaso esos largos años de vivir libremente, desarrollando todos sus proyectos personales y familiares, no son ya un regalo de la falta de justicia y de la impunidad?
El abogado Caucoto, dice que si se sacan estos jueces que “son favorables a los derechos humanos” se los estamos entregando a la derecha”. Hace sólo unos días atrás se nombró como Ministra a la Corte Suprema a Ángela Vivanco, ex candidata de RN. De una terna de cinco Ministros propuestos, el Presidente Piñera la elige y sin más, obtiene en el Senado los 30 votos necesarios para confirmarla, y esto ocurre antes de la acusación.
Lo que no se toma en cuenta en estas apreciaciones, es lo que sucederá si no se entrega una señal potente, que sería la destitución los jueces que han fallado contraviniendo el Derecho Internacional Humanitario y han permitido la excarcelación de estos criminales de lesa humanidad, golpeando vilmente nuevamente no sólo a los familiares de los compañeros ejecutados y desaparecidos, también para las víctimas sobrevivientes de la prisión política y tortura, que providencialmente salieron con vida de las manos de estos criminales.
Creo que esta acusación constitucional será una vez más un acto simbólico, que no nos traerá más justicia, sino más bien servirá para que los actores políticos puedan tranquilizar su conciencia y poder decir, hicimos lo que en el momento se podía hacer. Por lo tanto tengo claro que si es que se llega a presentar la acusación constitucional, cosa que está por verse ya que, los partidos de la oposición están esperando a “ver que dicen sus equipos jurídicos sobre la materia”. Y estos equipos, perfectamente podrían decir que no es conveniente.
Pero si esta se aprueba, veremos qué pasa en el Senado, donde hay una mayoría relativa, entre ellos Senadores de la DC, y Senadores independientes, y de otros partidos; tanto de la Concertación y Nueva Mayoría, que perfectamente, no tendrían problemas de anteponer el “INTERÉS SUPERIOR DE LA PATRIA”, donde nuevamente la moneda de cambio serían las víctimas de delitos de lesa humanidad.
La acusación constitucional, es la única señal potente que podría poner atajo a este tsunami de impunidad, ninguna otra medida sería de efecto rápido, ni ejemplarizador. Pero preparémonos para ver una vez más como se desvanece la posibilidad de justicia ante nuestros ojos, y para que ese nuevo golpe que se nos avecina, no nos pille desprevenidos.
Por Nelly Cárcamo V.
Presidente Nacional de la UNExPP de Chile
Santiago de Chile, 17 de agosto 2018
Crónica Digital