La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ( ACNUDH) saludó este miércoles un fallo de la Corte Suprema de Chile, estableciendo la competencia de los tribunales civiles -y no de tribunales militares- en el caso de la muerte de Jorge Aravena Retamales. La víctima falleció el 17 de febrero de 2014 al interior de un automóvil policial, en la ciudad de Rancagua.
“El Estado chileno ha asumido el compromiso de modificar su justicia militar, con el fin de excluir a los civiles de dicha jurisdicción”, expresó el Representante Regional del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra. “Esperamos que este positivo avance impulse una reforma a la justicia militar, para ajustarla a los estándares internacionales de derechos humanos”, comentó.
Entre los mecanismos internacionales de derechos humanos que se han expresado sobre la justicia militar en el país se encuentran el Comité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Personas. En enero de 2014, en el marco del Examen Periódico Universal, los Estados también realizaron recomendaciones en esa línea.
En su reciente informe sobre Chile, publicado el 24 de julio de este año, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas considera que el Estado “debe modificar las normas penales militares vigentes para excluir del fuero militar los casos de violaciones de derechos humanos. Asimismo, debe prohibirse que los tribunales militares juzguen a civiles”.
Por otra parte, en 2005, una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( caso Palamara Iribarne vs. Chile) expresó la necesidad de reformar la jurisdicción penal militar para excluir a los civiles de la competencia de tales tribunales.
Santiago de Chile, 15 de agosto 2014
Crónica Digital
