Por Florencia Lagos Neumann, Corresponsal de Crónica Digital y Analista Internacional.
Los medios de información en Chile, verdaderos instrumentos de propaganda de la oligarquía y el capital transnacional, mienten, ocultan y tergiversan los acontecimientos, moldeando la opinión pública en función de sus intereses. Al igual que en dictadura, negaron primero las violaciones a los derechos humanos. Y cuando ello ya no funcionó recurrieron a criminalizar a sus actores, a ponerlos en el lugar de vándalos, de delincuentes. Esto es un hecho concreto, una realidad.
El Presidente Sebastián Piñera, quien le declarara la guerra a los chilenos y chilenas, se ha opuesto sistemáticamente a liberar a los presos de la revuelta. Y ello es consecuente con su accionar, pues nadie puede negar que diriguió, avaló y apoyo una represión política cruenta, que continúa hasta la actualidad. Ha golepado no sólo a ciudadanos indefensos, lo ha hecho también con Diputados y Constituyentes. Un accionar que le ha valido la condena a nivel nacional e internacional, y que cuenta sólo con el apoyo de una derecha que siempre ha sido violenta y cruel. En este comntexto le es imperioso construir una matriz de opinión que justifique su actuar.
En esta dirección debe ser leído el reportaje que realizó el canal nacional MegaVisión sobre la realidad de los presos políticos, para lo cual entrevistó a sus familiares. Una escucha atenta muestra el descaro e impudicia con la cual tergiversaron la información. Su sentido último era legitimar y justificar el relato del gobierno de Piñera. Para ello recurrieron a toda suerte de artificios y engaños. Así lo relata Erika Riquelme, Madre de Francisco Hernández, preso político de la revuelta.
«Soy la Madre de Francisco Hernández, di una entrevista a Mega, la periodista que me entrevistó me dijo que ella quería saber a que se dedicaba mi hijo antes de ser detenido. Cuando vi el reportaje quedé desilusionada, construyeron un relato para perjudicar a nuestros hijos, omitieron lo que nosotros les contamos«
Diversas agrupaciones de familiares de prisioneros políticos en Chile denunciaron este hecho a través de redes sociales. La respuesta del Ministro del Interior de Piñera fue inmediata: «Causar temor mediante funas es una forma de acallar voces de los periodistas, propio del autoritarismo y lejano a la democracia»
Alarama la desautorización de la legítima indignación y reclamo frente a este atropello. Sin embargo, el silencio del gobierno es ensordecedor cuando se trata de espionajes a periodistas por parte del Ejército, las detenciones y represión brutal a la prensa independiente que cubren las movilizaciones, los acosos, funas y amenazas de muerte a diversos trabajadores de la comunicación cuyo ideario no corresponde al gobierno actual.
«Pusieron a las personas que perjudicaron con los saqueos. Sin embargo, los chiquillos no hicieron eso, los chiquillos iban a protestar, no a robar, mi hijo no es un ladrón. Pusieron a un hombre que supuestamente había puesto una bomba molotov y el hombre es un violador. Osea están confundiendo a la gente con que los chiquillos son violadores o ladrones» Denunció Erika Riquelme.
Es evidente la relación estrecha entre el gobierno de Piñera y los medios de comunicación oficiales. Recordemos que durante el llamado «Estallido social», el gobierno sostuvo reuniones con los directorios de dichos medios para determinar la forma de transmitir un acontecimiento que fue imposible ocultar.
«A la Mamá del Matias y a mi yo creo que nos usaron. Querían que hablaramos de algo que nuestros hijos no hicieron. Yo doy fe que mi hijo no andaba con bombas molotov, porque el exámen que le hicieron a la ropa, a sus manos, habría salido positivo sin embargo salió negativo. Mi hijo y los chiquillos a los que se les pide la Ley de Indulto no tienen antecedentes. A la persona que mostraron en el reportaje de Mega Visión tiene antecedentes. A los ladrones con antecedentes los sacan en un día y mi hijo lleva 18 meses preso»
La credibilidad de la audiencia en los medios oficiales ha disminuido de forma sustancial. En muchas ocasiones son las personas quiénes rechazan su presencia y les recuerdan que fueron y son cómplices de la criminalización de la protesta social, ya sea por omisión o construcción de «post verdades» que fuera de todo eufemismo son simple y llanamente post mentiras.
¿Existen presos políticos en Chile? La respuesta es si y la solución es la Ley de Indulto General, iniciativa que fue aprobada por la cámara de diputados y se encuentra detenida en la comisión de constitución del senado producto de la incapacidad del poder judicial de entregar un catastro concreto.
Una vez más dicho poder judicial opera como un instrumento del gobierno de Piñera y al igual que los medios de comunicación oficiales, se transforman en cómplices de las violaciones a los DD.HH.
Santiago de Chile, 24 de julio 2021
Crónica Digital
