Unos 500 parlamentarios, alcaldes, exministros y otras figuras de oposición pidieron al gobierno de Chile responder positivamente a las demandas de 27 presos mapuches en huelga de hambre.
En una carta dirigida al Ejecutivo los firmantes, entre los que se incluyen centros de estudios y organizaciones, se piden medidas urgentes que permitirían salvar la vida de esos reos cuya salud está seriamente deteriorada por la prolongada huelga, y evitar una agudización de los hechos de violencia en La Araucanía.
Asimismo, informa emol.cl, se señala la posibilidad de que en el cumplimiento de las penas se tenga en cuenta la diversidad cultural tal como señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual Chile es signatario y que es una de las demandas de los huelguistas.
Entre las propuestas plantean que el Estado «acceda a la petición del machi Celestino Córdova en cuanto a visitar su rewe (altar), considerando que existen precedentes que demuestran su factibilidad, como la visita realizada el 25 de julio de 2018».
El respetado consejero espiritual Celestino Córdova ya cumplió 100 días de huelga de hambre líquida lo que ha deteriorado al máximo su salud hasta el punto de que se teme por su vida, y de tener un desenlace fatal ello promovería un fuerte movimiento contra el gobierno en las comunidades mapuches, según han señalado analistas y políticos.
La misiva advierte además que los reos «demandan simplemente que el Estado chileno dé cumplimiento a normas que ya forman parte del derecho interno y que autorizan condiciones de detención acorde con su realidad cultural».
Ello, señala el texto, no implica establecer impunidad alguna sino garantizar el cumplimiento de penas con dignidad, lo cual el sistema carcelario chileno no entrega.
Asimismo considera como un deber que el Estado, incluido el Poder Judicial y el Ministerio Público, vele y promueva el respeto a los derechos humanos y de todos los tratados y convenios suscritos por Chile para la protección de la vida de las personas.
Aseguran los firmantes que «el silencio y la inacción no sólo son un abandono a las soluciones pacíficas que ofrece un Estado de Derecho; son también interpretables como una nueva afrenta con dolorosas consecuencias».
Santiago de Chile, 12 de agosto 2020
Crónica Digital/PL
