Desde el derrocamiento del presidente constitucional Jean Beltrand Aristide en abril de 2004 por fuerzas norteamericanas, Chile asumió un aplastante rol en la crisis haitiana, mantenido desde entonces como uno de los aspectos más emblemáticos de su política exterior.
Lagos fue el primer gobernante de la región que acudió al llamado de Estados Unidos para ayudar a controlar la situación tras el caos creado por la forzada salida de Aristide, y luego fue su abanderado para arrastrar a otros líderes latinoamericanos en la aventura.
La decisión de enviar tropas fue adoptada por el mandatario en cuestión de horas, sin consultar siquiera al Congreso y los demás sectores políticos que integran la coalición de gobierno, una posición que le valió fuertes críticas desde virtualmente todos los frentes.
Luego se las arregló para calmar los ánimos y lograr que el Congreso fuera extendiendo los plazos de la permanencia de las tropas, que desde un contingente inicial de unos 300 efectivos, se incrementaron hasta casi un millar, con un fuerte respaldo logístico.
Con el apoyo siempre de Estados Unidos, logró que el embajador chileno Juan Gabriel Valdés fuera nombrado como representante especial del secretario general de la ONU para Haití, mientras un general chileno -acusado aquí de represor- ocupaba la subjefatura de las denominadas fuerzas de paz.
Para completar su rol protagónico otro chileno, el ex ministro del Interior, José Miguel Insulza, fue elegido secretario general de la OEA, organismo que por su carácter regional tuvo un fuerte rol en el monitoreo de las elecciones y, por ende, responsabilidad en el fraude.
Las denuncias y protestas de miles de haitianos, que responsabilizaban directamente a las fuerzas extranjeras -encargadas de velar por su transparencia- dejaron a Chile y a su gobierno muy mal parados, tanto en el plano interno como en el exterior.
Valdés negó vehementemente la víspera que hubiera fraude, como reconoció el propio Consejo Electoral, y atribuyó los miles de votos dentro de urnas encontrados en la basura a un montaje comunicacional «de personas contrarias a la democracia en Haití».
Lagos salió también al paso de las críticas y llamó irresponsables a los que desde Chile o el exterior llaman a la salida de las tropas extranjeras de Haití que, en su opinión, deberían mantenerse por tres años más luego de asumir el próximo gobierno de esa empobrecida isla.
Las demandas van desde la extrema derecha opositora hasta la izquierda radical, que consideran -con matices- erróneo e injustificado el rol que le ha atribuido la administración Lagos a Chile en esa crisis, provocada por la intervención norteamericana.
El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Ivan Moreira, no sólo emplazó a Lagos, sino que calificó de «intervencionismo militar» la estadía de las tropas en Haití y dijo que mantenerlas luego de las elecciones es avalar «un golpe de Estado».
«Estamos exigiendo que las cosas se cumplan» explicó Moreira al aludir a la determinación que el Senado hizo en mayo pasado cuando autorizó prorrogar la estadía «en el entendido que los militares abandonaran el país luego de seis meses de efectuadas las elecciones».
El Partido Comunista (PC), por su parte, responsabilizó a Estados Unidos por los «burdos intentos de fraude» en las recientes elecciones presidenciales y llamó a la comunidad internacional a respetar la autodeterminación del pueblo haitiano.
«El gigantesco fraude perpetrado contra René Preval, el candidato ganador de las elecciones presidenciales, ha sido comprobado irrefutablemente», afirmó una declaración dada a conocer por el PC en medio del fuerte debate sobre el rol de Chile en la crisis.
El texto subrayó que «ha sido simplemente otro acto en la estrategia de Washington para mantener a los haitianos bajo su férula» y lamentó que una autoridad chilena (el embajador Juan Gabriel Valdés) esté cuestionada en medio de estos hechos.
Tras destacar el papel de Estados Unidos y Francia en el derrocamiento de Aristide, el PC denunció que el envío de tropas chilenas y de otros países a completar la tarea sucia de los poderes imperiales fue un gesto de sumisión injustificable y un tremendo error.
Por: Angel Pino. El autor es corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 17 de febrero 2006
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