Los escándalos sobre conductas sexuales inapropiadas en las fuerzas armadas de Estados Unidos llegan a niveles sin precedentes, por lo que el presidente Barack Obama y el Congreso tomaron cartas en el asunto.
El 7 de mayo pasado el Pentágono informó que en 2012 se cometieron un total de 26 mil delitos sexuales en las instituciones castrenses, lo cual significa un incremento de 37 por ciento en relación con períodos anteriores.
La cifra incluye los casos reportados y aquellos que no fueron informados por las víctimas por temor a represalias, y supera los 19 mil que se calculan tuvieron lugar en 2010, sobre la base de datos obtenidos en encuestas anónimas, las cuales no se realizaron en 2011.
Pero estas actitudes impropias no solo las sufren los miembros en activo de las instituciones armadas, sino también los jóvenes que aspiran a integrarlas.
En ese sentido, el Pentágono investiga una cadena de delitos sexuales protagonizados por militares estadounidenses que participan en actividades de captación de adolescentes para ingresar a dichos servicios castrenses.
Por ejemplo, un miembro de la Fuerza Aérea enfrentará una corte militar en junio en el estado de Texas, donde afrontará cargos por violación, sodomía forzosa y otros delitos contra 18 muchachas, en un caso que la jefatura de la institución califica como el más grave de su tipo.
Un incidente de asesinato y suicidio se investiga en el estado de Maryland, protagonizado por el sargento reclutador Adam Arndt, quien mató a una muchacha de 17 años con la que mantenía relaciones íntimas y después se suicidó.
La gravedad y extensión de los ataques sexuales por parte del personal que recluta a jóvenes en escuelas y otras instituciones es difícil de evaluar con exactitud porque el Pentágono no ofrece estadísticas confiables sobre estos delitos, señala un artículo reciente del diario The Washington Post.
En la mayoría de los casos son adolescentes con interés en comenzar la carrera militar pero no se han alistado, por lo cual son excluidas de las pesquisas que muestran un ascenso alarmante en el número de soldados y oficiales en servicio activo víctimas de estas acciones.
El Comando de Reclutamiento del Ejército, con sede en Fort Knox, Kentucky, detectó en los últimos cinco años un total de 387 casos de conductas sexuales impropias por parte de reclutadores, la mayoría contra jóvenes menores de 16 años.
Los mandos militares son objeto de fuertes críticas en el Congreso estadounidense por la forma en que abordan estas infracciones y los castigos impuestos a los culpables.
La controversia tomó fuerza en el Capitolio en 2012, después que más de 20 instructores de la base de la fuerza aérea en Lackland, estado de Texas, fueron exonerados de cargos por sus superiores tras ser hallados culpables por una corte militar de cometer abusos sexuales de diferentes tipos contra 54 alumnas.
El presidente Barack Obama señaló que ya es hora de tomar medidas urgentes contra estas actitudes inapropiadas, y dijo que no quiere más discursos, entrenamientos ni programas educativos sobre el tema.
En medio de la controversia, el vocero del Pentágono, George Little, afirmó el 13 de mayo pasado que el secretario de Defensa, Charles Hagel, está abierto a sopesar todas las opciones para acabar con estos comportamientos inadecuados, y no descarta transformaciones en el sistema de justicia militar.
Para algunos analistas esto significa un cambio de tono, pues Hagel había dicho anteriormente que se oponía a privar a la cadena de mando de sus prerrogativas en torno a los casos de delitos sexuales.
Hasta la fecha, el jefe del Pentágono y otros altos funcionarios se resistieron a realizar cambios en las prerrogativas de los jefes, quienes en la actualidad tienen una autoridad amplia para decidir la forma en que procesan estos casos.
La publicación del reporte del Pentágono, las declaraciones del mandatario y directivos del Departamento de Defensa, así como otros incidentes generaron un impulso sin precedentes para que el legislativo obligue a los militares a cambiar la manera en la cual los uniformados enfrentan los ataques sexuales.
El Comité de Servicios Armados del Senado efectuó su primera audiencia en cerca de una década sobre el tema de los delitos sexuales, y el presidente del Comité homólogo en la Cámara de Representantes, el republicano Buck McKeon, indicó su disposición a cambiar la legislación vigente.
Los miembros del Congreso introdujeron varios proyectos de leyes en la primera decena del mes de mayo sobre el asunto, mientras Hagel daba a conocer su propia propuesta el mes pasado.
Los comités que atienden los asuntos del Pentágono en ambas cámaras legislativas pudieran considerar estas provisiones a partir de junio próximo, como parte de los debates en torno al proyecto de presupuesto de defensa de 2014.
La controversia se centra en qué autoridad deben tener los jefes para investigar y procesar los casos de asaltos sexuales, destaca el diario Stars and Stripes.
La senadora demócrata Kirsten Gillibrand y su correligionaria en la Cámara de Representantes Jackie Speier propusieron acciones para impedir que la cadena de mando de los servicios armados sea la que procese los delitos sexuales, porque las víctimas temen represalias si denuncian a los victimarios.
Sin embargo, los militares se oponen a una medida de ese tipo, con el pretexto de que socavaría el mando único en las instituciones castrenses, donde el jefe tiene la misión de mantener el orden y la disciplina.
En este contexto, no queda claro el nivel de posibilidades de aprobación que tienen las propuestas presentadas en el Capitolio sobre este asunto.
Algunos miembros del Comité de Servicios Armados del Senado dijeron que evaluarían la propuesta de Gillibrand, pero no expresaron su apoyo concreto, entre ellos el presidente de dicha comisión, el demócrata Carl Levin.
Un consenso más amplio al parecer existe en torno a la propuesta de Hagel, elaborada después de que ordenó revisar el caso de la Fuerza Aérea donde fue sobreseído un veredicto de culpabilidad contra un oficial acusado de conducta sexual inapropiada.
El jefe del Pentágono propuso quitarles a los jefes la autoridad para desestimar los veredictos de culpabilidad en este tema, al tiempo que se les permitiría reducir las sentencias si se incluye una explicación por escrito de los hechos.
McCaskill introdujo en el Senado un proyecto de ley que incluye esas provisiones, mientras otros legisladores presentaron una versión similar en la Cámara de Representantes que cambiaría el Código de Justicia Militar, el cual ya tiene varias décadas de aprobado.
Esta sucesión de escándalos llegó al punto de que hasta el teniente coronel Jeff Krusinski, jefe del Departamento contra Delitos Sexuales de la Fuerza Aérea estadounidense, fue formalmente acusado de intentar violar a una mujer en un estacionamiento de Arlington, Virginia.
Además, el 15 de mayo la prensa informó que un sargento asignado a un programa contra agresiones sexuales en la sede del Tercer Cuerpo de Ejército, en Fort Hood, Texas, fue suspendido de su puesto y acusado de proxenetismo, agresión, contacto sexual abusivo y maltrato a sus subordinados.
Pero estos y otros males afectan hoy a las instituciones armadas norteamericanas, como es el caso de la expulsión de 17 oficiales que trabajaban directamente con los controles de lanzamientos de cohetes balísticos intercontinentales en una unidad estratégica en Dakota del Norte.
Las autoridades no han aclarado aún las verdaderas causas de esta purga, pero quedó claro el gran desorden allí, a tal punto que uno de sus jefes expresó en un correo electrónico confidencial filtrado a la prensa que existía un estado de podredumbre moral en sus filas.
La aseveración de este oficial parece ser reflejo de un mal que, a juzgar por todas las informaciones disponibles, abunda por estos días en las instalaciones castrenses.
Por Roberto García Hernández *Periodista de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.
La Habana, 18 de mayo 2013
PL
