El anuncio de la superioridad de Carabineros, de haber dado de baja al subordinado que agredió a un manifestante que se debate hoy entre la vida y la muerte, señalando que en el accionar del cañón de agua de su carro antidisturbios “incumplió los protocolos de acción”“, deja la sensación de que una vez más el hilo se cortó por lo más delgado”.
El sargento segundo, Manuel Noya Pavis (38), de larga trayectoria en las Fuerzas Especiales de Carabineros, cuyo nombre se intento mantener en un cómodo cómplice anonimato, habría omitido información al fiscal , coronel Guillermo Bezzsemberger, a cargo del sumario que investigó el incidente ocurrido el 21 de mayo en Valparaíso, y que arrojó como conclusión que las lesiones del estudiante Rodrigo Avilés, no fueron producto del chorro de agua sino que “habría resbalado en la vereda mojada o que sufrió un empujón en medio del tumulto y se golpeó al caer”.
En definitiva, según la versión oficial inicial, avalada por el Subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, se habría tratado de un “hecho fortuito”.
Esta versión de los hechos era muy conveniente para salvar la responsabilidad del accionar represivo de Carabineros , y hacía recaer la responsabilidad en el propio manifestante, en lo resbaloso del pavimento e incluso en los propios manifestantes ( “el tumulto”).
Esta era sin duda una defensa corporativa, una actitud cómplice, de ocultamiento, que incluso fue, por lo menos apresuradamente, asumida por autoridades del ministerio del Interior, que solo pudo ser develada gracias al testimonio gráfico de testigos, y a la filmación de un Dron de Televisión Nacional , que de manera indesmentible constata la brutal agresión.
Hoy Rodrigo Avilés, afectado de un traumatismo encéfalo craneano, es una acusación indesmentible de un accionar represivo inaceptable, y también de una conducta institucional y del ministerio del Interior, que en un principio aceptó y dio como válida la maniobra de encumbrimiento .
Evidentemente el problema no es el operador del pistón, cuya hoja de servicio registra una larga trayectoria en las Fuerzas Especiales antidisturbios, ni del resto de la tripulación del carro lanzagua,, sino la doctrina en la que han sido formados, que ha hecho que la primera reacción de los mandos policiales, fue de no solo eludir la responsabilidad en los desgraciados hechos, sino negarlos.
Tiene toda la razón Soledad Bravo, madre de Rodrigo, cuando señaló: “Finalmente se castigó a un funcionario de rango menor. Es la institución la que debe asumir su responsabilidad”.
Las versiones oficiales- incluidos los responsables de las policías en La Moneda, fue de intentar ”explicar” los hechos, como algo “lamentable”, pero casual.
Por todo ello, se hace urgente una revisión de la normativa policial, de la doctrina institucional, de la malla curricular de sus escuelas de formación, las normas y reglamentos que les rigen , de el espíritu, teoría y práctica de sus procedimientos, de las órdenes para su accionar.
El respeto y compromiso con los Derechos Humanos, con los valores de la democracia, del respeto a los ciudadanos , a su derecho a manifestarse, del verdadero contenido del orden público es lo que debe estar en la teoría y práctica de la formación policial, en la doctrina institucional y en la práctica permanente.
La función policial no debe seguir manchada con las prácticas criminales de la dictadura, de la doctrina de ”la seguridad nacional”, del rol de cancerbero de un determinado modelo político y económico, de la consideración que los civiles , los trabajadores o los jóvenes son “enemigos internos”, y que las manifestaciones, marchas, huelgas , protestas, serían “un riesgo para el orden público”.
Y no puede ser aceptable tampoco, como sucedió hace unos meses, que Carabineros, se autoconvoque- en un gesto de presión indebida- a una cita nacional, con representación de “delegados” de todo el país, para examinar la situación político social y de orden público.
La autoridad política- el gobierno y el legislativo- deben ejercer el deber de controlar el desempeño de las instituciones del Estado a quienes se ha delegado tareas policiales, de la seguridad interna y nacional.
Es simplemente inaceptable. Y claramente inconveniente para la seguridad democrática, que este tipo de instituciones pretendan una suerte de autonomía frente al Estado y al Gobierno.
Las instituciones policiales, así como las otras fuerzas y entidades que componen el aparato de seguridad interna y defensa del orden público, tienen que enmarcarse en las atribuciones, criterios básicos y prácticas de la democracia y del respeto a los Derechos Humanos, y la consideración elemental que los manifestantes son ciudadanos y en definitiva los mandantes en su labor de orden público y seguridad.
El respeto, la defensa, el fortalecimiento de la vida democrática, es una responsabilidad también de los ciudadanos a quienes se ha confiado las armas y las tareas del orden y la seguridad.
Esto deberá ser materia, por otro lado, de la discusión nacional por una nueva Constitución para Chile.
Es por esto que la opinión pública nacional no puede sino señalar que en el caso del estudiante Rodrigo Avilés, la responsabilidad es compartida por el gobierno, las instituciones policiales, los legisladores, y de ninguna manera basta con radicar la responsabilidad en el último eslabón del cuerpo policial.
Mas allá del espectáculo dado por las autoridades civiles y policiales, con una inicial defensa corporativa e intentando ocultar la gravedad de los hechos , lo que se impone es una revisión a fondo, que permita a Chile tener una institución policial, dotada de doctrina y práctica acorde con una democracia solida, respetable y respetuosa de los ciudadanos, donde el derecho a manifestarse pacíficamente sea garantizado por la institucionalidad.
Y donde el poder político, y los ciudadanos ejerzan también y de manera irrenunciable, sus derechos democráticos a controlar y exigir el cumplimiento de esos derechos.
Por Marcel Garcés
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 1 de junio 2015
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