Ecuador se encuentra hoy en medio de un “conflicto armado interno” y un “estado de excepción” declarados a raíz de una ola de violencia inusitada ligada al narcotráfico y a la ineficiencia del Estado, afirman analistas.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ordenó a las Fuerzas Armadas restablecer el orden en las calles, después de hechos violentos en varias ciudades y tras la irrupción de criminales en el canal TC Televisión, en Guayaquil, donde tomaron como rehenes al personal durante una transmisión en directo.
Esta es la primera crisis que enfrenta el joven mandatario, que asumió el poder hace menos de dos meses con la promesa de atacar con mano dura a los grupos ligados al narcotráfico y este martes catalogó como “terroristas” a una veintena de esas organizaciones.
El jefe del Ejecutivo describió la arremetida como una represalia por sus acciones para “recuperar el control” oficial de las cárceles y advirtió que no negociará con “terroristas”.
Ecuador concluyó el 2023 como el país más violento de América Latina, con más de siete mil 800 muertes violentas, una cifra sin precedentes y que contrasta con la disminución de los crímenes hasta 2017.
Esa cifra es resultado de cómo desde ese momento se descuidó el tejido social y quedó abierta la brecha a los grupos criminales, que actualmente ocupan espacios donde el Estado no llega.
Para Jorge Paladines, profesor de la Universidad Central del Ecuador, la violencia sistemática que vive esta nación sudamericana es producto de un proceso de desestructuración deliberada del Estado de Derecho a causa de políticas implementadas en los últimos tres gobiernos del país.
Las medidas decretadas cada vez que hay un alza de la violencia son estados de excepción para justificar legalmente la participación de los militares en el control de seguridad, sin embargo, es considerada ineficiente.
El también académico de la Universidad Central Luis Córdova señaló que es insuficiente la militarización de las calles y es necesario depurar las instituciones, porque dentro del Estado «hay un boquete por el cual entra y sale información para las bandas delictivas».
Es imprescindible también un enfoque de política pública, no en un Plan Fénix como el propuesto por Noboa del que no hay claridad ni de sus objetivos ni de los medios ni del alcance, apuntó Córdova.
Por su parte, el exvicecanciller ecuatoriano Kintto Lucas consideró que más allá de la violencia real, «el caos es demasiado preconcebido, elaborado desde la inteligencia para justificar y ganar una consulta que consolide un modelo neoliberal en lo económico, fascista en lo político, contra la integración y sumiso en lo internacional».
De hecho, el embajador de Estados Unidos, Michel Fitzpatrick, fue visto entrando este martes al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, poco antes del inicio de la reunión del gabinete de seguridad
Mientras, el subsecretario para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado norteamericano, Brian Nichols, declaró que están “listos para brindar asistencia al gobierno ecuatoriano”.
Quito, 10 de enero 2024
Crónica Digital/PL
