Los diputados Rodrigo González, Tucapel Jiménez (PPD); Sergio Aguiló (IC); Daniel Melo (PS); Sergio Ojeda (DC); Carlos Abel Jarpa (PRSD), acompañado de Félix Avilés, padre de Rodrigo Avilés, joven estudiante universitario que se encuentra en estado grave tras haberse golpeado por la acción del carro lanzaguas, presentaron un proyecto de Reforma Constitucional que consagra el derecho a manifestarse libremente en los espacios de uso público y establece que la regulación de su ejercicio debe ser materia de ley.
El diputado Rodrigo González, autor y principal impulsor de la iniciativa señaló que “actualmente surge la imperiosa necesidad de modificar la Constitución Política, incorporando dentro del catálogo de derechos constitucionales el derecho a manifestarse libremente en los espacios de uso público, así como a establecer que el ejercicio del derecho de reunión, ya existente, y del derecho a manifestarse libremente en los espacios de uso público, sea regulado por una ley que establezca como principio esencial, su superioridad respecto a otros derechos de menor jerarquía, como son los derechos a la libre circulación por los bienes nacionales de uso público y en donde se excluya el régimen de autorización previa por parte de la autoridad administrativa, de manera tal de adecuarla al estándar internacional vigente en materia de libertades públicas y protección de los derechos humanos.”
Para el parlamentario por el PPD, actualmente “la Constitución Política no consagra expresamente el derecho constitucional a manifestarse libremente en los espacios públicos o el derecho a la protesta social pacífica, como está consagrado en la mayoría de las Constituciones modernas, sino que éste se ha entendido como una derivación de los derechos de reunión y libre expresión”.
Por tal motivo, agregó, solicitarán además, la derogación del D.S. N° 1.086, del Ministerio del Interior, dictado en 1983, que fue aprobado durante la existencia de un régimen dictatorial, donde no existía un Estado de Derecho en el país y en donde los derechos políticos y las libertades públicas estaban fuertemente restringidos.
Cabe precisar, indicó González, que dicho decreto establece que el derecho de reunión exige la autorización previa de la autoridad, facultad claramente limitativa de dicha prerrogativa constitucional. Acto seguido, el legislador recordó que con fecha 7 de Agosto del año 2012, la Cámara de Diputados acordó crear una Comisión Investigadora relativa al derecho de reunión y seguridad pública, aprobando por mayoría un Informe que contiene un conjunto de conclusiones y recomendaciones que fueron aprobadas en la Sala Plenaria de la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2013 y que, en la fecha, fue enviado a la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Corte Suprema, las Instituciones policiales, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.
Ese informe indica el diputado González, “subraya que el rol que la fuerza pública debe cumplir es el de proteger a los ciudadanos en el ejercicio del derecho a manifestar y el de asegurar que este se exprese libre y pacíficamente, cautelando que las personas y organizaciones sociales que se manifiestan no sufran violencia ni alteraciones en sus actividades, evitando especialmente que elementos violentistas alteren o impidan la participación ciudadana”.
Por su parte, Félix Avilés, señaló que “su hijo se encuentra actualmente estable, saliendo ya desde el peligro de muerte en el que se encontraba”. Tras lo cual, puntualizó que “la moción que están ingresando los legisladores es un paso relevante para que no se vuelva a repetir lo que le sucedió a su hijo”.
Consultado respecto de las declaraciones del subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, quien aseguró hoy que el gobierno le dio un plazo de 24 horas a Carabineros para determinar los responsables de la caída de su hijo, Avilés indicó que “es una gran noticia, debido a que el gobierno definitivamente ha asumido que aquí hay responsabilidades superiores a lo que la misma institución de Carabineros señaló desde un comienzo”.
“Hacerse cargo institucionalmente de situaciones como esta es un paso para sanar el alma del país. Yo desde el primer momento he señalado la necesidad de que se asuman las responsabilidades administrativas y he precisado que, cuando conocí la noticia de la destitución del carabinero que tenía la responsabilidad del pitón, no era suficiente. Aquí hay responsabilidades que tiene que ver con los protocolos por lo que espero que se pueda definir hasta la última responsabilidad que se pueda determinar en la cadena de mando”, concluyó.
Finalmente, el diputado de la Izquierda Ciudadana (IC) Sergio Aguiló sostuvo que “efectivamente el Instituto de Derechos Humanos (INDH) hace algún tiempo atrás tenía toda la razón: aquí estamos asistiendo a una experiencia dolorosa más sobre la forma represiva y brutal con que Carabineros actúa frente a las manifestaciones pacíficas de los estudiantes, trabajadores, ciudadanos y, en general, de quienes se manifiestan y expresan sus legítimas demandas”.
Por esa razón, dijo “hemos presentado este proyecto de ley que modifica la constitución incorporando el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente en una sociedad democrática y al mismo tiempo insistimos en que se debe derogar automáticamente el decreto N°1086 firmado en dictadura (1983) sobre accionar de carabineros y que faculta a carabineros a actuar de la forma desproporcionada como lo ha hecho en el caso de Rodrigo”.
Santiago de Chile, 2 de junio 2015
Crónica Digital
