La Bancada de diputados del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana presentó un proyecto de ley que busca derogar la polémica Ley de Pesca N° 20.657, conocida como “Ley Longueira”, norma que ha recibido fuertes críticas por considerarla nefasta para la pesca artesanal y que beneficia a un número reducido de empresarios, en desmedro de los trabajadores que representan al sector pesquero.
No hay que olvidar que, en el marco de la tramitación de esta ley, diferentes sectores e instituciones de la sociedad civil, dirigentes de la pesca artesanal y de los pueblos originarios cuestionaron su contenido y manifestaron que éste atentaba contra el interés nacional, la seguridad alimentaria y los derechos de los pueblos originarios. A esto, se agrega otro antecedente no menor: la presión indebida sobre parlamentarios ejercida por distintos grupos económicos de la pesca industrial y que hicieron lobby para obtener ventajas, haciendo uso de información privilegiada y dando “consejos” sobre el supuesto mejor contenido de la norma, mirando desde su propia vitrina.
El tema del sector pesquero es relevante en Chile y, prueba de ello, es que el país se ubica en el octavo lugar entre las naciones que desarrollan esta área productiva, con capturas anuales que superan los 3,8 millones de toneladas y exportaciones del orden de los US$ 5.500 millones, cifras que son relevantes, a pesar de la sostenida baja en nuestras capturas durante las últimas décadas.
Argumentos para terminar con la actual legislación
Entre los fundamentos esgrimidos en la presentación del proyecto de ley, por parte de la Bancada PC-IC, se señala que “una ley que se ha obtenido bajo soborno y lobby indebido del empresariado pesquero, es una ley viciada, que carece de toda legitimidad y legalidad ante la ciudadanía y, por tanto, consideramos que el Presidente de la República debe enviar una nueva ley de pesca, que represente realmente los intereses nacionales y de todos los actores del sector pesquero”.
Para el diputado y presidente de la Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló, “es necesario derogar la actual Ley de Pesca y declararla nula, porque existe evidencia que demuestra que, en el marco del debate parlamentario de la normativa, se vulneró el principio constitucional de probidad”. El parlamentario aclara este punto, explicando que no se puede olvidar que en la elaboración de la llamada Ley Longueira, intervinieron parlamentarios que tenían, a esa fecha, intereses económicos en la industria pesquera, sin que lo advirtieran ni, menos aún, que se inhabilitaran en la votación. “Eso, resulta cuestionable y complejiza aún más el escenario político, donde la ciudadanía tiene un alto grado de desafección y desconfianza y seguimos siendo testigos de nuevos hechos de colusión, de negociaciones a escondidas que afectan a la sociedad civil, a los trabajadores esforzados”.
El vocero de la Izquierda Ciudadana, comparte junto a los integrantes de la Bancada del Partido Comunista, la idea de que la actual crisis de las pesquerías se debe a la reducción de las poblaciones, como resultado de una alta concentración de cuotas de captura, procesamiento de productos de bajo valor agregado, generación de puestos de trabajo precarios y un pésimo encadenamiento de producción de proteínas.
Otras estadísticas relevantes
Cabe señalar que de las 21 pesquerías instaladas en Chile, al menos dieciocho son dominados por un grupo de nueve empresas (ocho chilenas y una de capitales nipones): CORPESCA, CAMANCHACA, BLUMAR, ORIZON, SAN ANTONIO, ALIMAR, DERIS, EMDEPES Y GRIMAR que cuentan con coeficientes de participación de 80% del jurel, 98% de la anchoveta, 76% de la sardina española, 72% de la sardina común, 30% de la merluza común, 99% merluza de tres aletas, 75% congrio dorado y el 85% merluza austral.
Santiago de Chile, 10 de enero 2016
Crónica Digital
