Desde hace más de 100 años Chile se abastece de los manantiales bolivianos de Silala, sin compensación alguna al país de origen, un antiguo diferendo revivido aquí esta semana durante las celebraciones por el Día del Mar.
Ese reservorio hídrico, conformado por 94 ojos de agua, nace en el departamento de Potosí, fronterizo con Chile, y el curso de sus aguas fue conducido al territorio vecino a través de un sistema de acueductos artificiales.
El 23 de marzo último, durante el discurso por el aniversario 137 de la pérdida de Bolivia de su salida al mar por una invasión chilena, el presidente Evo Morales anunció la decisión de asumir la defensa del Silala.
«Cada día Chile se aprovecha ilegal y arteramente de ese recurso natural sin compensar ni un centavo. Este acto abusivo y arbitrario que vulnera nuestro patrimonio no puede continuar», dijo.
Diversos estudios estiman que por la frontera pasan 180 litros de agua cada segundo hacia el territorio chileno.
El mandatario instruyó a la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima estudiar las alternativas jurídicas para llevar el tema ante las instancias internacionales.
De manera casi inmediata, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, calificó las declaraciones de una amenaza y advirtió que su país podría presentar una contrademanda por lo que consideró es «un río internacional de aguas continuas y profundas».
Al ejercer su derecho a réplica, el ministro boliviano de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, afirmó que emprender acciones jurídicas no es una amenaza, sino un derecho.
«Nosotros no solamente estamos en un proceso de recuperación de nuestra identidad y dignidad, sino que tenemos que recuperar nuestros recursos naturales, reclamar nuestros derechos y ejercer nuestra soberanía», dijo Choquehuanca.
El conflicto por el Silala data de más de un siglo. En 1908 la empresa inglesa The Antofagasta-Bolivia Railway Company Limited solicitó a la prefectura de Potosí permiso para el uso de las aguas, a fin de abastecer las locomotoras del ferrocarril en el tramo Antofagasta-Oruro.
Con el paso de los años, Chile comenzó a construir canales y desvió la utilización del vital líquido a otras actividades, entre ellas la minería.
Cuando en 1997 Bolivia revocó la concesión firmada en 1908 por considerar que los recursos no eran utilizados para los fines que fueron otorgados, se incrementó el conflicto sobre ese reservorio hídrico.
En abril de 2009 ambos gobiernos llegaron a un preacuerdo, en virtud del cual Chile se comprometió a pagar por el uso del 50 por ciento de las aguas de esa vertiente, mientras se realizara un estudio hidrológico profundo.
Pero el convenio nunca se cumplió y finalmente fue descartado cuando en 2010 el país vecino decidió interrumpir las
negociaciones de una agenda de 13 puntos sobre problemas pendientes, en los cuales se incluían los recursos hídricos compartidos.
Ese es el motivo que llevó al Presidente a analizar la posibilidad de recurrir a tribunales de justicia internacionales para resolver el diferendo.
Esta sería la segunda demanda contra Chile después de la presentada en 2013 en la Corte de Justicia de La Haya para lograr una salida soberana al mar, tema en el que el tribunal internacional se declaró competente para atender la reivindicación.
Bolivia perdió su salida marítima en 1879, cuando en la Guerra del Pacífico Chile le arrebató 400 kilómetros de litoral y 120 mil kilómetros cuadrados de territorios ricos en minerales.
Además del conflicto por la salida al mar y el de los manantiales, existen otros diferendos sin solución, entre ellos el suscitado por el desvío del río Lauca, que provocó la ruptura de relaciones bilaterales en la década de 1960.
El canciller boliviano invitó a las autoridades chilenas a un diálogo para analizar todos los asuntos pendientes, entre ellos el conflicto por la utilización arbitraria de las aguas del Silala.
Choquehuanca propuso también a las autoridades del vecino país y a organismos internacionales realizar una visita al sudoeste andino, donde nacen los manantiales, que arrojaría más luz sobre el centenario diferendo.
Por Carmen Esquivel Sarría
La Paz, 26 de marzo 2016
Crónica Digital / PL
Una consulta, ¿por qué el convenio de 2009 no se cumplió?