Las fuerzas de combate de Francia atacaron el domingo un centro de almacenamiento de armamento pesado del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en la ciudad de Raqqa, en Siria.
De acuerdo con un comunicado del ministerio de Defensa divulgado anoche, en la incursión intervinieron cuatro aviones caza Rafale, cuatro cazas Mirage 2000 y un avión patrulla Atlántique 2.
En la operación, una decena de misiles crucero SCALP destruyeron la instalación militar ubicada ‘en el corazón del territorio controlado por el grupo terrorista’, precisó el texto.
El ministerio agregó que el bombardeo tuvo lugar luego de una intensa semana de golpes realizados por aviones galos, como parte de la coalición internacional que combate al EI.
Según la declaración, esos golpes destruyeron numerosos puestos de combate, depósitos de armas, sitios de fabricación de artefactos explosivos y armamento pesado.
Francia se unió en 2014 a la coalición contra el EI, pero decidió intensificar su actividad contra esa organización tras varios atentados ocurridos en suelo galo en los últimos meses, todos reivindicados por el EI.
París, 22 de agosto 2016
Crónica Digital / PL
Lun Ago 22 , 2016
El especialista en transporte urbano de la Universidad de Santiago, Rodrigo Martin, critica la iniciativa del Gobierno, que contempla sanciones de 4 UTM contra quienes falseen sus datos para evitar cancelar multas por evadir el pasaje. “Es una medida tremendamente dura y contradictoria para nuestra realidad socioeconómica”, rechaza. – “En Chile, cuando una ley es demasiado fuerte, no se termina aplicando, porque la realidad no lo permite. Terminaremos con un anuncio de prensa muy fuerte, pero que en términos reales no será aplicable y generará una crisis”, enfatiza. La semana pasada, la Comisión de Transportes del Senado aprobó el proyecto de ley antievasión, que hace más de un año ingresó a trámite. La futura ley endurece las sanciones contra quienes no hayan saldado sus multas por evadir el pago del pasaje, haciéndolos pasar a un registro público. Ello les significará, además, una anotación en la hoja de vida del conductor, dificultando la obtención de la licencia de conducir. Desde el Ministerio de Transportes, señalaron que esto será reforzado con multas de 4 UTM para quienes entreguen información falsa tras haber sido infraccionados, y facultará a carabineros e inspectores fiscales para solicitar la cédula de identidad del evasor sorprendido. El experto en transporte urbano de la Universidad de Santiago, Rodrigo Martin, es crítico de la normativa. “La ley tendrá un choque fuerte con la gente y habrá resistencia. Lo que sucede en Chile normalmente es que cuando una normativa es demasiado fuerte, no se termina aplicando porque la realidad no lo permite. Terminaremos con un anuncio de prensa muy fuerte, pero que en términos reales no será aplicable o generará una crisis”, advierte. “Para quienes no tienen lugar de carga cerca de su casa, es una medida tremendamente dura y es contradictoria para nuestra realidad socioeconómica. Tenemos que solucionar problemas antes, como facilitar la carga de la Bip! y revisar la estructura de costos”, agrega el investigador del Smart City Lab-Santiago (centro de investigación del plantel estatal que busca hacer comprensible fenómenos urbanos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía). “No veo bien orientado este proyecto. El problema de la medida que ya está es que el monto de la multa, que son alrededor de 60 mil pesos, no se paga porque la gente considera que es excesivo”, explica el especialista. “Las multas de 4 UTM para personas que no pagan por su situación socioeconómica son medidas feroces. Es más que una multa por exceso de velocidad y similar a una infracción gravísima de tránsito”, plantea. Martin advierte, además, que el proyecto en general considera “medidas complicadas de ejecutar, porque la confirmación de una identidad falsa o de una dirección falsa va a requerir que se realice un control de identidad en el transporte público”. Enfoque incorrecto El académico de la Escuela de Arquitectura afirma que el principal problema de estas medidas es su enfoque. “Las medidas punitivas solo responden a un modelo de licitación donde asegurar el negocio a la empresa privada y obligar a pagar a los usuarios. […]
