Desde el momento de la fundación de nuestra organización, hemos venido constantemente denunciando, la falta de voluntad política de los Gobiernos pos dictadura, sin excepción ninguna. Estos simplemente NO cumplen con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile.
Esta falta de voluntad política, se manifiesta en todos los ámbitos que estos tratados abordan. Incluyen tanto el ámbito de la justicia civil como de la justicia penal. A raíz del esfuerzo que realizamos de denunciar, educar y clarificar constantemente a nuestras bases las verdaderas razones de la actitud de los diversos gobernantes, nos hemos ganado el calificativo de “organización mal vista» por los diversos Gobiernos de facto.
Hemos venido exigiendo justicia y denunciando el “pacto de silencio” o el “secreto” que han cubierto por más de dos décadas de impunidad los crímenes cometidos por el Estado, durante la dictadura cívico militar en Chile. Esto cubre el período desde el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1990. Hasta el día de hoy estos crímenes no se han aclarados, ni mucho menos se ha logrado justicia.
Sin embargo, los porfiados hechos se han encargado de corroborar cada una de nuestras afirmaciones. Recientemente, un grupo de Diputados presentaron un proyecto de ley que permitiera legislar y con ello derogar el secreto de los antecedentes que las víctimas denunciaron ante la Comisión Valech, para que éstos sean entregados a la Justicia para su posterior investigación y castigo.
Sin embargo en un hecho vergonzoso e inexplicable nueve diputados de la Nueva Mayoría, se manifestaron por mantener la impunidad. Seis de ellos votaron junto a la UDI y RN en contra de la iniciativa, y tres se abstuvieron.
De esta forma, el gobierno, el Estado, no se verá forzado por ley a denunciar los crímenes de tortura cometidos durante la dictadura, menos querellarse. Se viola así lo que dispone la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes.
Por lo tanto, los criminales siguen contando con el secreto compromiso de impunidad, adoptado por toda la clase política. De esta manera dejan sin sanción los crímenes de la dictadura, sustrayendo el tema del conocimiento de la Justicia Penal.
Es así como queda demostrado que, los torturadores cuentan con un sólido respaldo político, no sólo de la derecha fascista, sino que también de sectores de la Nueva Mayoría. Ninguno de estos grupos está dispuesto a poner un punto final al compromiso de impunidad cerrado con los militares.
No es posible explicar, menos justificar la actitud del PS y PPD que hayan sido incapaces de alinear a los diputados de sus respectivas colectividades, como lo han hecho infinitas veces cuando se trata de sacar leyes que van en contra de los intereses del pueblo, como la Ley Longueira, por ejemplo.
Por lo tanto consideramos que el resultado de esta votación no responde a responsabilidades políticas individuales. Aquí hay una responsabilidad política como coalición, y como Gobierno.
La Presidente Bachelet, carga con una gran responsabilidad, ya que este tema se encuentra consignado en su programa. Por lo tanto, la iniciativa de legislar debió haber nacido de ella y de ella la responsabilidad de exigirles a sus diputados respaldar su propuesta como parte de su programa, de tal modo de terminar con la impunidad. Sin embargo su pasividad ha permitido que esta situación no cambie. En resumen aquí hay responsables por acción y por omisión, lo que finalmente para el resultado del caso da lo mismo.
Rechazamos tajantemente, la justificación que intentan dar algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría, respecto de su votación negativa o abstención, de resguardar el nombre de las víctimas que no querían que se conociera su identidad. Este argumento inventado por el Ex Presidente Lagos no es otra cosa que un embuste para ocultar el pacto realizado con los militares para asegurarles la impunidad.
Nadie habla aquí de poner los antecedentes en los medios de comunicación, sino que en manos de la justicia. Ya que frente a cualquier delito, lo que corresponde es que la justicia investigue y persiga la responsabilidad de aquel que lo cometió.
Cuando hablamos de la tortura estamos hablando del delito más grave que consignan los organismos del derecho humanitario internacional, por lo tanto estos hechos deben ser acuciosamente investigados y sancionados. En torno a esto, no puede haber doble discursos, sin caer en el amparo de la impunidad y en la complicidad con los uniformados y civiles que estuvieron detrás de estos graves delitos.
La complicidad de la clase política y la asegurada impunidad, que deja sin sanción los crímenes de la dictadura, es la que incita, a que todos los ex efectivos en retiro de las diferentes ramas de las fuerzas armadas, carabineros, investigaciones, y ex funcionarios de la DINA, CNI y la Oficina, a organizarse y desplegar su costosa campaña publicitaria por celebrar «el mes de la liberación de la patria». En una asonada neofascista sin precedentes, con una feroz embestida comunicacional, a vista y paciencia de quienes tienen el poder de terminar con esta grave situación.
Esta es la razón que hace que cobre más importancia, la denuncia que hemos presentado ante la CIDH, en representación de más de 3.1oo compañeros por falta de reparación. Pero, por sobre todo adquiere más importancia la lucha contra la impunidad y la presentación de querellas criminales en contra de los torturadores, en los próximos meses. Advertimos, que nada nos detendrá de seguir buscando la justicia que se nos debe.
¡Exigimos justicia en contra de los torturadores!
¡Basta de impunidad!
UNExPP de Chile
Santiago de Chile, 14 de septiembre 2016
Crónica Digital
