Diputada del partido, Alejandra Sepúlveda, junto al presidente del partido Jaime Mulet y el segundo vicepresidente Jonathan Hechenleitner, expresaron que es fundamental cambiar drásticamente el Código de Aguas.
- Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo son un retroceso en el espíritu original del proyecto, que es avanzar en la concepción del agua como un derecho humano fundamental y su prioridad para la preservación de los ecosistemas.
Desde la Federación Regionalista Verde Social, colectividad política recientemente conformada con la unión del FREP, Fuerza Regional Norte Verde, MIRAS y Somos Aysén, expresaron su preocupación por la ofensiva que el Ejecutivo ha realizado en las últimas semanas con relación al proyecto de reforma al Código de Aguas. La iniciativa, aprobada en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, fue aprobada la semana pasada en general por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado y esta semana se iniciará su votación en particular.
La diputada Alejandra Sepúlveda, quien integra la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, expresó que “los diputados hicimos un gran esfuerzo, llegando a muchos acuerdos, por sancionar una ley que permitiera avanzar en la recuperación del agua como un derecho humano fundamental, evitando la especulación, el acaparamiento y permitiendo el desarrollo de actividades relevantes como la agricultura campesina. Eso es lo que pretenden revertir ciertos senadores, en complicidad con el Ejecutivo y eso lo debe saber el país”.
La legisladora indicó que “el agua es uno de los elementos más importantes para la vida y nos parece que seguir con la concepción de mercantilización que permite el Código de Aguas vigente es un tremendo error”. Desde ya, comprometió sus votos para rechazar los cambios que se introduzcan en el Senado y que vayan en contra del espíritu de la ley.
Para el presidente de la federación, Jaime Mulet, “una vez más vemos una concepción centralista, en este caso del agua. Gran parte de los recursos hídricos son acaparados por empresas y personas que no viven en los territorios, sino que especulan con ellos, dejando sin acceso real o legal al agua para quienes efectivamente los habitan”. En este sentido puntualizó que “lo que Chile requiere es avanzar con la reforma, con mirada de equidad y justicia social, pensando además en la preservación de los ecosistemas que son el puntal para la vida en todo el país y que está hoy amenazada fuertemente, tanto por la acción humana como por el cambio climático”.
El segundo vicepresidente y representante de Aysén, Jonathan Hechenleitner, recalcó que “en la región austral conocemos muy bien los problemas que ha generado el actual Código de Aguas. Hoy grandes cursos hídricos están en manos de empresas o personas que no viven en la región, y que han bloqueado el acceso al agua de los pobladores. El Baker, por ejemplo, por responsabilidad de HidroAysén es una cuenca legalmente seca donde la gente que vive aguas arriba de los derechos de la eléctrica no puede acceder al agua. La reforma es un paso relevante en el objetivo final que es cambiar la Constitución”.
Desde la Federación Regionalista Verde Social llamaron al gobierno a retroceder en sus intentos de restringir la aplicación del caudal ecológico, mantener la figura de derechos de agua por sobre la de concesión de esta y preservar los privilegios que la minería tiene sobre los recursos hídricos, además de favorecer la energía hidroeléctrica en perjuicio de otros sectores productivos.
“El gobierno debe demostrar si está por el agua como un derecho fundamental que se someta a la priorización para consumo humano, actividades productivas de subsistencia y preservación ecosistémica, o la considera un bien económico más, transable y apropiable para el lucro de particulares” señaló Jaime Mulet.
Santiago de Chile, 8 de mayo 2017
Crónica Digital
