Entonces, numerosos manifestantes dañaron vehículos oficiales e impidieron por horas la salida de los efectivos policiales de la Consejería (ministerio) de Economía de esa comunidad autónoma del noreste del país.
Además de Trapero, este viernes declararán ante la Audiencia Nacional en Madrid los líderes de las dos asociaciones más importantes del movimiento independentista catalán, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Todos lo harán como imputados por sedición, un delito que puede ser penado en la legislación de este país europeo con hasta 15 años de cárcel.
La Fiscalía ve poco probable solicitar prisión para el mayor de los Mossos d’Esquadra (instituto armado regional), si bien esperará a que finalice su comparecencia antes de tomar una decisión respecto a posibles medidas cautelares, según medios periodísticos.
A instancias del gobierno de Mariano Rajoy, la justicia española actuó sin vacilación contra los dirigentes separatistas, sobre todo desde el Tribunal Constitucional, que en su momento suspendió la celebración del referéndum de autodeterminación del domingo último.
Precisamente, el Constitucional suspendió la víspera de manera cautelar el pleno del parlamento catalán del próximo lunes, convocado por las fuerzas secesionistas -mayoritarias en la cámara- para valorar el triunfo del sí en la consulta, considerada ilegal por Rajoy.
Lo hizo para evitar que de ese pleno salga una posible declaración unilateral de independencia.
Al igual que el ejecutivo soberanista catalán desoyó al tribunal y realizó el referendo, aunque sin las garantías necesarias, la presidenta del parlamento autonómico, Carme Forcadell, pareció indicar que la agenda de esa sesión se mantenía.
Tras acusar al alto tribunal de vulnerar la libertad de expresión, Forcadell afirmó que la cámara legislativa no permitirá ‘que entre la censura’.
Madrid, 6 de octubre 2017
Crónica Digital /PL
