Es de público conocimiento que la publicación de Andrew Wakefield culpando al Timerosal de provocar autismo en niños (1998) fue ampliamente rebatida, y desmentida por la revista Lancet que había publicado el artículo original. Wakefield perdió su licencia médica por haber incurrido en falsificación de datos, información fraudulenta y experimentos reñidos con la ética (2010). La iniciativa parlamentaria de prohibir en Chile el uso de Timerosal en vacunas simplemente desconoció la abundante evidencia de la inocuidad de este preservante. En su momento, Medwave (2014; Vol 14 (2) publicó un artículo reclamando contra una ética política que causaba alarma pública sin respaldo científico, amparada en el llamado ambiguo y desconcertante a la precaución: rechazar el Timerosal ante la incertidumbre de efectos negativos, o mantener los programas vigentes en la incertidumbre de provocar bajas en la inmunidad poblacional. No es efectivo que los movimientos antivacuna hicieran uso de este injustificado descrédito del Timerosal, pues su afán no es contra las inmunizaciones en sí, sino contra la obligatoriedad de los programas.
Desagradable sorpresa que el tema científicamente zanjado vuelva a surgir como elemento de política electoral. Si nuestros políticos claman por más ciencia, pero proyectan legislar en desconocimiento de información científica o desoyendo la voz de asesores idóneos, caen en la liviandad y falta de precisión con que hablan de incentivar “la ciencia”, en desatención a aristas económicas, cognitivas y éticas que significa fomentar el quehacer científico sin brújula ni mapa. ¿Un Ministerio de Ciencia cuando nuestras leyes son deficientes en conocimientos científicos?
Dr. Miguel Kottow
Centro de Bioética, Universidad Central
Santiago de Chile, 7 de noviembre 2017
Crónica Digital
