EXPERTA SOSTIENE QUE LEY DE ETIQUETADO NO PROVOCARÁ CAMBIOS EN LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS EN EL CORTO PLAZO

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La académica del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Santiago, Marcela Zamorano, concuerda en la necesidad de que los productos reduzcan aún más sus nutrientes críticos (sodio, azúcar y grasas saturadas), como contempla la segunda etapa de la norma. Sin embargo, indica que la población tardará más de cinco años, al menos, en cambiar su estilo de vida. “Hay una intervención importante que debe hacer el Ministerio de Educación para que los niños elijan comer mejor en su adolescencia y posterior adultez”, afirma.

 

En junio del próximo año comenzará a regir la segunda etapa de la Ley de Etiquetado de Alimentos que obligará, a empresas de productos procesados y envasados, a disminuir aún más los niveles de nutrientes críticos en alimentos sólidos y líquidos. Ello, para no tener que colocarles el sello “alto en” en sus envases.

 Para la experta en análisis de los alimentos y académica del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Marcela Zamorano, esta nueva disminución de nutrientes como sodio, azúcar y grasas saturadas es absolutamente necesaria para que “la industria reformule sus productos, incluyendo materias primas que permitan estar aún más bajo de esos límites que, se ha estudiado y demostrado, influyen en que la población presente obesidad”.

 Sin embargo, descarta que la normativa provoque modificaciones inmediatas en los hábitos alimenticios de la población. “No tendremos resultados en cinco años”, asegura la especialista. “A más largo plazo”, continúa, “hay que ir cambiando los hábitos alimentarios, y para eso hay una intervención importante que tiene que hacer el Ministerio de Educación para que los niños elijan comer mejor en su adolescencia y adultez”.

 La académica estima que, en un periodo de tiempo mayor, la norma sí repercutirá en cambios en la intención de compra de las personas, pero insiste que esto también va acompañado de los grados de información que manejen respecto de lo que se ingiere y cómo repercute en la salud.  No obstante, valora que el reglamento limite aún más que las empresas produzcan estos alimentos, obligándolos a reformular aún más su oferta para evitar impactos en la salud.

 “Cada uno de estos nutrientes está relacionado con enfermedades no transmisibles que en los últimos 50 años ha ido aumentando en nuestra población, y que son causa de muerte temprana y grandes costos para la salud pública”, explica. Entre estas, menciona la hipertensión, los infartos, la resistencia a la insulina, la diabetes y los accidentes vasculares.

 Por eso, llama a la industria a reemplazar estos ingredientes usando otras materias primas que, aunque pueden ser más costosas, resultan más beneficiosas que los aditivos, considera.

 En síntesis, “la obesidad, en las últimas encuestas de salud, demuestran que no ha disminuido. Por lo tanto, son políticas que van más allá, más a largo plazo. Con todo, sí es importante ir limitando y que la población se acostumbre”, concluye.

Santiago de Chile, 12 de diciembre 2017
Crónica Digital

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DIPUTADO LEONARDO SOTO RECONOCE EXISTENCIA DE FACTORES DE CORRUPCIÓN PARA QUE PODER JUDICIAL NOMBRE CARGOS DE NOTARIO

Mar Dic 12 , 2017
El legislador dijo que “los testimonios de nuestro invitado, el profesor de derecho, Pedro Pierry, nos habló de un factor de corrupción al participar el Poder Judicial en el nombramiento de este cargo de notario, que se produce por su carácter lucrativo y genera verdaderas fortunas para aquellos que aparecen designados como notarios y eso es un factor de corrupción, que el desearía que no estuvieran radicados nunca más en el Poder Judicial”. “Hoy la Comisión Investigadora conoció el testimonio del Contralor General de la República, el cual, tomó razón de impugnaciones y peticiones de dictámenes, en relación al decreto que creó más de 100 notarias de archivero y pudimos conocer de primera mano, ciertas miradas y objeciones que se han planteado”, dijo el diputado socialista, Leonardo Soto. El parlamentario por la Región Metropolitana sostuvo que “el contralor nos indicó que estos procesos tienen muchas veces vicios, irregularidades administrativas y no están exentos de esto. Ellos van a elaborar un dictamen, respecto del decreto del Ministerio de Justicia, que creó otras notarias y ciertamente, hablará sobre el control de legalidad y si está ajustado a la ley, eso será relevante para la comisión para evacuar su informe encomendado por la Sala”. El parlamentario (PS) sostuvo respecto a la salida del notario de Pirque, que “la no designación de ese notario tenía varias irregularidades y vicios. Primero; tenía nota cero en los exámenes previos, de habilidades y destrezas y en esa condición no podría haber sido designado. También hace mención que existiría un conflicto de interés, puesto que entre las recomendaciones en su curriculum vitae, aparecería el propio ministro de Justicia y esa evidencia debió haber motivado al ministro, de abstenerse de participar él en el nombramiento”. El diputado, quien preside la Comisión Investigadora de la Cámara, esgrimió que “la tercera razón es que al momento de confeccionar la terna, la Corte de Apelaciones de San Miguel incurrió en faltas en la contabilización de los votos, toda vez que lo designó directamente la Presidenta ante un empate entre votos de ministros, circunstancias que la ley obliga hacer dos votaciones y de persistir ese empate,  luego la Presidenta puede ejercer el voto. No es una, son tres razones las que motivaron la anulación del decreto del nombramiento del notario de Pirque”. El legislador (PS) puntualizó que “los testimonios de nuestro invitado fueron muy claros, en el caso del profesor de derecho, Pedro Pierry, quien nos habló de un factor de corrupción al participar el Poder Judicial en el nombramiento de este cargo de notario, que produce por su carácter lucrativo verdaderas fortunas, para aquellos que aparecen designados como notarios y eso es un factor de corrupción, que el desearía y la mayoría de la comisión está de acuerdo con ello, que no estuvieran radicados nunca más en el Poder Judicial, porque ello distorsiona los nombramientos y produce un incentivo perverso de corrupción”. Santiago de Chile, 12 de diciembre 2017 Crónica Digital

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