ESTUDIANTES RECHAZAN MEDIDAS DE LA PSU

Declaración sobre la Prueba de Selección Universitaria

 

El informe internacional Pearson sobre la PSU ha demostrado que esta prueba no es una herramienta predictiva válida, refleja la estandarización y segregación de nuestra educación, siendo la imagen de nuestra sociedad que sufre a causa de una fuerte desigualdad en sus distintas condiciones de vida. A esto le sumamos  la crítica al sistema educativo que hemos realizado como parte del movimiento estudiantil. Es por esto que como estudiantes declaramos que esta prueba:

1- Es estandarizadora porque nos clasifica según un puntaje y nos asigna características según estos, sin considerar el aspecto integral de los estudiantes. En este sentido las diferencias que se encuentran en el aula: metodologías e infraestructura y las diferencias culturales a nivel país, se reducen al éxito de una institución educacional en esta prueba.

2- La PSU refleja la profunda desigualdad de nuestro sistema educativo, que se rige por lógicas de competencia, y evidencia que los estudiantes con mejor condición socioeconómica obtendrán mejores resultados. La educación es un proceso vital y hoy no responde a los intereses de cada estudiante, sino más bien a un sistema sumamente inhumano ya implantado.

3-  Hoy vemos con decepción cómo la promesa de acabar de una vez por todas con el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), aporte que se le entrega a las universidades por ser seleccionadas por los 27.500 mejores puntajes PSU, será una promesa incumplida. Este aporte define de manera errónea a los mejores estudiantes, es tremendamente regresivo y viene a agudizar los incentivos para que las universidades seleccionen a aquellos que han tenido más oportunidades.

Exigimos a las autoridades la voluntad legislativa de eliminar la ley del AFI y cambiar la PSU, buscando otras vías de acceso y selección universitaria. Hacemos un llamado a discutir sobre el modelo educativo que como país buscamos, generando espacios para esclarecer sus fines y donde se entienda a los estudiantes como seres humanos integrales, desde la sala cuna a la universidad.

Por todo lo ya expuesto esperamos que las autoridades se expresen ante la ciudadanía con propuestas concretas para eliminar esta prueba y así, avanzar hacia un mejor sistema de acceso y selección.

SUSCRIBEN LA CARTA

Directiva Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Nueva Acción Universitaria

Solidaridad UC

JJ.CC. UC

Centro de Alumnos Enfermería y Obstetricia

Centro de Alumnos Ciencias Biológicas

Centro de Alumnos de College

Centro de Alumnos de Ingeniería Civil

Centro de Alumnos de Construcción Civil

Centro de Estudiantes de Ciencia Política

Centro de Estudiantes de Comunicaciones

Directiva Centro de Estudiantes de Sociología

Centro de Estudiantes de Arquitectura

Centro de Estudiantes de Diseño

Centro de Estudiantes de Filosofía

Centro de Estudiantes de  Historia

Centro de Estudiantes de Música

Centro de Estudiantes de Pedagogía en Educación Parvularia

Centro de Estudiantes de Pedagogía Media

Centro de Estudiantes de Pedagogía General Básica y PFP

Centro de Estudiantes de Psicología

Centro de Alumnos de Villarrica

Directiva Centro de Alumnos de Administración y Economía

Consejera Territorial Agronomía Laura Gil

Consejera Territorial Agronomía Rocío Rivera

Consejero Territorial Comunicaciones Juan Ojeda

Consejero Territorial Ciencias Biológicas Nicolás Acuña

Consejero Territorial Ciencias de la Salud Vicente Rufin

Consejero Territorial Derecho Jorge Lira

Consejero Territorial Derecho Rodrigo Pérez de Arce

Consejera Territorial Educación Paula Rabanal

Consejera Territorial Educación Pía Becerra

Consejera Territorial College Francisca Minassian

Consejera Territorial College Fernanda Soto

Consejero Territorial College José Guridi

Consejera Territorial Humanidades Macarena Ahumada

Consejero Territorial Humanidades Joao Acharan

Consejero Territorial Ingeniería Comercial Felipe Vicuña

Consejera Territorial Ingeniería Civil Carolina Buneder

Consejero Territorial Ingeniería Civil Gonzalo Suazo

Consejero Territorial Ingeniería Civil Nicolás Gómez

Consejero Territorial Ingeniería Civil Andrés Besa

Consejera Territorial Medicina Montserrat Lemus

Consejero Territorial Química Camilo Derpich

Consejero Territorial Sociales-Teología Nicolás Uribe

Consejero Territorial Construcción Civil Luis Gutiérrez

Consejera Territorial Lo Contador Karina Quitral

Consejera Territorial Lo Contador Fernanda Gómez

Consejera Territorial Psicología María Paz Ariztía

Santiago de Chile, 4 de diciembre 2013
Crónica Digital

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NUEVAS CONDENAS A REPRESORES RATIFICAN POLÍTICA DEL ESTADO ARGENTINO

Mié Dic 4 , 2013
Las condenas al represor Reynaldo Bignone, expresidente de facto, y Santiago Riveros por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) ratifican la política del Estado argentino de restituir la memoria, la verdad y la justicia. Bignone, un exmilitar que fue presidente del 1 de julio de 1982 al 10 de diciembre de 1983 bajo la junta militar dictatorial, y Riveros fueron encontrados culpables y condenados por el Tribunal Oral Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, por el secuestro y desaparición del dirigente montonero Roberto Quieto. También por la apropiación de dos niños, Gabriel Matías Cevasco y Martín Amarilla, hoy nietos restituidos. Esta es la quinta condena que recae sobre Bignone por crímenes de lesa humanidad. El tribunal impuso 25 años y seis meses de prisión a Riveros, exjefe de Institutos Militares, y 23 años al exdictador Bignone, en el noveno juicio por los desmanes cometidos en jurisdicción de Campo de Mayo durante el terrorismo de Estado que implantó la última dictadura. También fueron condenados los apropiadores Aída Blandina Pizzoni a cinco años y seis meses de prisión, Roberto Duarte a cinco años y Margarita Noemí Fernández a igual pena. El Tribunal leyó el martes la parte dispositiva del fallo, cuyos fundamentos se conocerán el próximo 17 de diciembre al mediodía. Guido Quieto, principal querellante y quien a los seis años presenció, el 28 de diciembre de 1975, el secuestro de su padre, expresó satisfacción con la condena dictada, que fue la solicitada por la fiscalía, también en representación de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En declaraciones que recoge la agencia de Télam, Quieto manifestó también su conformidad con el comportamiento de la fiscalía, que solicitó una sanción para el fiscal de instrucción Jorge Sica, ya sustituido y, para el querellante, responsable principal de la demora en el comienzo de este juicio. Debido a las maniobras del fiscal reemplazado se demoró el inicio de este proceso, cuyo juicio oral se inició el 17 de octubre último. Verónica Torrás, coordinadora del Programa Memoria en Movimiento, Comunicación y Derechos Humanos dependiente de la Presidencia de la Nación, dijo a Prensa Latina que para el gobierno «hay razones éticas, morales y también políticas en llevar a cabo los juicios contra los crímenes de lesa humanidad». Actualmente, hay doce juicios firmes que se llevan a cabo, entre estos uno por los crímenes bajo la Operación Cóndor, un plan articulado por la CIA con las dictaduras del Cono Sur latinoamericano para exterminar a los libres pensadores desde el sangriento golpe militar contra el presidente Salvador Allende en Chile en septiembre de 1973. Sin embargo, luego de 10 años durante los cuales los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández han apoyado estos procesos legales para restituir la verdad, la memoria y la justicia, existen hoy grupos, en especial, dentro del Poder Judicial que intentan boicotear esta política. Fuentes bien informadas aseguraron a Prensa Latina que esos grupos, entre los que hay magistrados que responden a cúpulas de poder […]

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