Por Fausto Triana
Aunque medios locales insisten en minimizar el asunto, los fantasmas de la dictadura de Augusto Pinochet parecen haber retornado a Chile, tras la liberación de criminales de lesa humanidad.
El silencio casi total también es notorio por parte de las autoridades del Gobierno de derecha de Sebastián Piñera, señalado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) como facilitador de lo ocurrido.
La Corte Suprema de Chile decidió martes y miércoles de esta semana ofrecer libertad condicional a siete exmilitares, sentenciados por su participación en asesinatos, torturas y desapariciones durante la sangrienta dictadura de Pinochet (1973-1990).
Los liberados son el exbrigadier de Ejército Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte; el excoronel Moisés Retamal, que purgaba pena de seis años por el secuestro calificado de tres uruguayos en 1973.
Asimismo, el excapitán de Carabineros, Gamaliel Soto, condenado por el secuestro de dos hermanos en 1973; el excoronel Manuel Pérez, sentenciado por el asesinato en Uruguay del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, en 1993.
Finalmente, los exoficiales del Ejército, José Quintanilla, Hernán Portillo y Felipe González, quienes purgaban penas por el plagio de Lorenzo Lazo en 1975.
En declaraciones a Prensa Latina, el presidente del Senado de Chile, Carlos Montes, consideró «algo horrible» la liberación de siete exmilitares que cumplían sentencias por crímenes de lesa humanidad.
«Afecta a muchas familias, a los parientes. Tiene consecuencias sobre las personas respecto a acciones que muchos de los liberados ni siquiera nunca reconocieron, de violar los derechos humanos de forma atroz», apostilló Montes.
Además de manifestaciones de protesta y una marcha que se efectuará hoy viernes, las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados anunciaron que presentarán una acusación constitucional en contra de los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema.
Específicamente, la acusación irá dirigida en contra de los jueces especiales Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama, quienes votaron a favor de dejar en libertad a los siete reos que purgaban penas en la prisión de Punta Peuco.
El diputado socialista y extitular de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, cuyo padre fue asesinado por las huestes pinochetistas, deploró el dictamen de la Corte Suprema y señaló que se trata de una pésima imagen que ofrece Chile al mundo.
«Entre los liberados están un piloto de la Caravana de la Muerte (la Mahotiere) que asesinó con toda crueldad a casi un centenar de ciudadanos, entre ellos mi padre. Es increíble que esto haya ocurrido (el fallo de la Corte)», apuntó Espinoza.
Justamente en el Parlamento varios legisladores exhibieron en sus puestos de trabajo grandes fotografías de detenidos desaparecidos durante la dictadura para descalificar la decisión de la Corte Suprema.
El único pronunciamiento del Gobierno fue del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien consideró «profundamente inconveniente» (la impugnación de los diputados)», en razón de que se trata de una resolución judicial.
Santiago de Chile, 4 de agosto 2018
Crónica Digital /PL