Chile cerca del medio millón de contagios por Covid-19

 Chile alcanza hoy los 498 mil 906 contagiados desde la entrada de la pandemia de Covid-19 al país, al reportar el Ministerio de Salud en la última jornada mil 773 nuevos casos de la enfermedad

 

Esos datos del parte diario sobre la situación de la pandemia reflejan un aumento por segundó día consecutivo de los casos informados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

Esa entidad también dio cuenta de otros 52 fallecidos el jueves hasta las 21:00 hora local, lo que eleva el total nacional a 13 mil 844 decesos desde el 3 de marzo, cuando se detectó el primer enfermo en el país.

Del total de infectados, 471 mil 343 se han recuperado, según criterio de las autoridades sanitarias, mientras que se mantienen con posibilidad de contagiar a otras personas 13 mil 635 pacientes, de los cuales dos mil 840 permanecen ingresados en la red de Salud.

De ellos, 759 se encuentran en estado grave en unidades de cuidados intensivos, con 610 conectados a equipos de ventilación mecánica y 91 diagnosticados en estado crítico.

Los laboratorios del país reportaron 37 mil 359 exámenes de PCR en las últimas 24 horas, y una positividad diaria de 4,7 por ciento.

La situación por regiones del país es irregular, con un mayor aumento de nuevos casos en las de Ñuble, O’Higgins, Los Ríos y Los Lagos, mientras que Magallanes, en el extremo sur de Chile va disminuyendo lentamente la tasa de incidencia por 100 mil habitantes, pero sigue siendo la más alta a nivel nacional según señalaron las autoridades sanitarias.

Santiago de Chile, 23 de octubre 2020
Crónica Digital/PL

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Académicos analizan los desafíos de la nueva Constitución en materia de derechos sociales

Vie Oct 23 , 2020
A dos días de que Chile viva un histórico plebiscito nacional para decidir si se redactará o no una nueva constitución y a través de qué mecanismo, los profesores de Derecho Constitucional de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso Jaime Bassa y Christian Viera analizaron la importancia de garantizar la universalidad en el ejercicio de los derechos sociales en el nuevo texto constitucional. Jaime Bassa contextualizó explicando que “la forma como una Constitución configura jurídicamente las relaciones de poder se materializa mediante el reconocimiento de los derechos fundamentales, dispositivos constitucionales mediante los cuales se configuran las estructuras de poder de la sociedad. Desde la perspectiva de las condiciones para el ejercicio del poder político en las relaciones sociales, la normativa constitucional no es políticamente neutra y el diseño del reconocimiento constitucional de los derechos sociales afecta directamente en la configuración de las condiciones materiales de existencia, en las que se verifica el ejercicio de estos derechos”. “Los derechos sociales tienen una posición muy secundaria en la Constitución de 1980, siendo protegidos principalmente desde su dimensión individual y desde una pretendida libertad para elegir, permitiendo no solo la mercantilización de su ejercicio, sino también de importantes ámbitos de la vida individual y social. Esto ha permitido el enriquecimiento de unos pocos, mientras ha generado al mismo tiempo la precarización de la vida de la gran mayoría de la población”, añadió. Explicó que si las actuales estructuras sociales de poder político son parte de las causas de la acumulación del malestar social, “es fundamental pensar una nueva Constitución -entendiendo por ella no solo un diseño normativo para el ejercicio del poder en el estado, sino también en la sociedad- que dé paso a nuevas estructuras de poder político y social que no estén marcadas por la mercantilización de la vida -a través de la mercantilización de los derechos sociales- ni por la concentración del poder. Este contexto marca la discusión constituyente, por lo que una nueva Constitución debiera enfrentar dos desafíos transformadores, propiamente constituyentes: garantía para el ejercicio de derechos sociales no mercantilizados y formas jurídicas que contribuyan a desconcentrar el poder político y social”. “Pensar una nueva Constitución supone asumir el desafío de construir nuevas formas jurídicas para las estructuras de poder político, en el estado y en la sociedad: nuevas normas para configurar el poder político en el estado -equilibrando el poder entre Presidente y Congreso Nacional con mecanismos de control al poder que ejercen los órganos del estado, desconcentrando la distribución territorial del poder y fortaleciendo los gobiernos locales, entre otras- y nuevas normas para la configuración del poder político en la sociedad -derechos sociales no mercantilizados, garantía efectiva de protección del medio ambiente y el fin de las zonas de sacrificio, igualdad de derechos efectiva entre hombres y mujeres, entre la población mestiza y los pueblos originarios, etcétera-”, subrayó. Aseguró que una nueva Constitución debe garantizar la universalidad en el ejercicio de los derechos sociales “más allá de la capacidad de pago que pueda tener […]

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