Mientras el féretro de Francisco Martínez Romero era llevado por la comuna de Puente Alto hacia el cementerio, proliferaban las explicaciones y las justificaciones respecto del asesinato de ese joven malabarista callejero. Pero al mismo tiempo, sin respeto alguno, se publicitaba la entrega de un bono Civid para la poca gente que cumpla con los múltiples requisitos que impone el gobierno para acceder al supuesto beneficio.
Carabineros una vez más entregó su versión falsa y antojadiza de los hechos, mismos que se desmienten al observar las imágenes de la prepotencia y el poco criterio del uniformado autor de los disparos que terminaron con la vida del conocido artista en Panguipulli, al sur de Chile. Pero el problema de fondo es que el gobierno ha establecido un manto protector y un blindaje hacia la institución policial. Más claro aún, Piñera, los grandes empresarios y la derecha necesitan de este instrumento para controlar el descontento social, por ello el gasto de millones de dólares en la compra de vehículos, pertrechos y armas “disuasivas” de última generación.
Desde el inicio de la dictadura Carabineros se convirtió en una policía militarizada, jerarquizada y dispuesta para la represión. La afirmación en el sentido de que esta institución es “preventiva” o “disuasiva” solo es un discurso sin contenido real. Se ha visto en la represión a las comunidades mapuches, se vio en la gran cantidad de personas que perdieron sus ojos y su vida en octubre del 2019, y se ha visto en las variadas violaciones a los derechos fundamentales que se cometen en instalaciones y furgones policiales. No en vano organismo nacionales e internacionales llaman la atención sobre la impunidad con la que actúa esta policía.
Con el homicidio del malabarista Martínez Romero nuevamente sale a la palestra la necesidad de modificar, disolver, o reformar la institución de Carabineros. No obstante y por el momento, el neoliberalismo y su gobierno requieren de un instrumento represivo, tal como este modelo económico se impuso en Chile a partir de 1973. Por la misma razón adquiere importancia lo que suceda con la Convención Constituyente y la nueva Constitución. Una policía sin control, que cuenta con la protección de un gobierno ilegítimo, es un peligro permanente, sobre todo en un país donde la mayoría no cuenta con los mínimos básicos para vivir con tranquilidad.
La policía uniformada deberá ser erradicada y superada por una nueva entidad que garantice la seguridad de las personas, con una formación distinta, un nuevo marco jurídico y que tenga una función distinta a la tarea represiva que tiene hoy. Por ahora Carabineros, es incapaz de controlar el narcotráfico, sus funcionarios no tienen criterio, abusan con pobres, mujeres y jóvenes. Con estos antecedentes no cuentan con el reconocimiento de la gente, menos cuando sus mandos utilizan recursos de los chilenos para usufructo personal.
Por Osvaldo Zamorano
Periodista
Doctor en Ciencias Políticas
