Una declaración de la Convención Constitucional a favor de los presos de la revuelta popular de octubre de 2019, genera hoy reacciones de apoyo pero también disgusto en el gobierno de Chile.
Anoche, y tras un largo debate, la convención que redactará la nueva constitución aprobó una declaración política en la cual pidió al Congreso Nacional acelerar la tramitación de un proyecto de indulto para esos reos, muchos de los cuales llevan más de un año en prisión preventiva y sin un debido proceso.
El texto, presentado por los constituyentes de los partidos Comunista y Socialista, el Frente Amplio e independientes, fue aprobado con 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones.
Desde el Gobierno la reacción no demoró y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, señaló que con ese pronunciamiento a su juicio se envía un mensaje a favor de la impunidad de quienes, según las autoridades, cometieron delitos y actos violentos durante el estallido social.
Apunto que lo que corresponde «es perseguir, detener y poner a disposición de la justicia a quienes cometan delitos y particularmente a quienes cometan delitos violentos. Es la violencia la que tenemos que extirpar de nuestra convivencia social».
Sin embargo, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, afirmó en su cuenta de Twitter que la jornada resultó «otro día histórico» y que la aprobación de la declaración fue «un avance para lo que se ha vivido con los presos de la revuelta, la movilización en las calles hicieron posible este proceso histórico».
Asimismo, declaró a la prensa que todos los constituyentes pudieron hablar sobre «este problema que tiene la democracia de Chile. (…) Finalmente esta Convención con voto mayoritario terminó adoptando una declaración de posicionamiento político para la libertad de los presos de la revuelta y los presos de Wallmapu».
En tanto, la también constituyente Cristina Dorador indicó que la Convención Constitucional reconoció «las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el contexto del estallido social, pero también por décadas y siglos con lo que ha ocurrido con los pueblos originarios».
No obstante la celeridad pedida por el cónclave para tramitar el proyecto de Indulto, el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, dijo que esa iniciativa no tiene todavía fecha para ser analizada, según informa este viernes el conservador diario El Mercurio.
Araya señaló que esa comisión «tiene una sobrecarga de trabajo» y que se trata de un proyecto «bastante complejo, que tiene una cantidad de aristas que tenemos que resolver a fin de no cometer errores en esta legislación».
Santiago de Chile, 9 de julio 2021
Crónica Digital/PL
