Como resultado de los diálogos y negociaciones binominales, la distribución de las presidencias de las comisiones especializadas del Senado arrojó que la dedicada a los asuntos de Derechos Humanos quedara a cargo de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI), colectividad que designó a su senadora Jacqueline van Rysselberghe. El hecho despertó una oleada de protestas e indignación en sectores importantes de la ciudadanía y, particularmente, de las organizaciones derechos humanos.
Al igual que la mayoría de quienes integran la cúpula de la UDI, van Rysselberghe no ha dudado en defender las herencias de la dictadura cívico militar, al propio dictador Augusto Pinochet, a ex agentes de la DINA, como Cristián Labbé, así como ha puesto en duda la extensión y magnitud de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el periodo dictatorial.
La también integrante del grupo integrista católico Opus Dei, ha sido explícita en su rechazo a cualquier legislación que otorgue derechos a las mujeres para decidir sobre su cuerpo, así como en reiteradas ocasiones ha expresado públicamente su homofobia, lesbofobia y rechazo a cualquier forma de diversidad de género.
El rechazo a su destinación como presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado se ha originado justamente por las posturas de negación de derechos de esta parlamentaria, quien además fue alcaldesa de la ciudad de Concepción e Intendenta de la región durante el gobierno conservador de Sebastián Piñera. Mientras estuvo como edil, se negó a la distribución de preservativos en los centros de Salud de la ciudad, así como la “píldora del día después” cercenando así los derechos de amplios sectores de la población de la VIII Región.
Más allá del cargo que hoy ocupa van Rysselberghe, el problema está en la forma de negociación que existe en ambas cámaras del Parlamento, donde impera el binominalismo que se expresa en la sobrerrepresentación de algunos partidos, entre ellos la UDI. Peor aun cuando este episodio se produce en un contexto de fuerte crisis de credibilidad derivada de los escándalos de corrupción que afectan a las elites políticas. A la UDI, en particular, vinculada estrechamente al financiamiento ilegal de campañas por parte de grupos económicos como Penta y SQM. Al menos dos senadores de la UDI, si existiera algún mecanismo de remoción por delitos cometidos, deberían estar destituidos de sus puestos y sometidos a la justicia.
Jacqueline van Rysselberghe es presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado porque a la UDI le correspondía el cupo, pero eso fue el resultado de una negociación binominal entre todas las bancadas, incluyendo las del oficialismo de la Nueva Mayoría. Por ello su destitución pasa por voluntades personales, porque hoy –con esta Constitución- no hay un camino institucional para removerla.
Por Londres 38
Santiago de Chile, 21 de marzo 2015
Crónica Digital
