En el período post dictadura, no se recuerda una actividad mediática tan intensa y persistente para afectar negativamente a una entidad del estado, a un territorio y a una autoridad estatal, como la que se inicia con el municipio, la comuna, y el alcalde de San Ramón a partir del 2 de octubre el pasado año.
El 2 de octubre de 2017, cerca de las 17 horas, la Municipalidad de San Ramón, y su alcalde Miguel Ángel Aguilera fueron literalmente embestidos por un sorpresivo allanamiento efectuado al edificio consistorial con un masivo despliegue de fuerzas de carabineros y de investigaciones. La acción policial fue intimidatoria. Algunos funcionarios contactados hablan de una cifra no menor a 60 efectivos policiales.
Observando este despliegue, claramente habría dos posibilidades. Primero, efectivamente en el Municipio existían “Tentáculos narcos en San Ramón”, como lo hizo saber aparatosamente y sin criterio, un titular de un medio (Informe Especial, 1 de octubre2017) y, había que enfrentarlos con músculo policial. Segundo, no habiendo tal, se debía mostrar una señal de fuerza, con golpe mediático y mucho shock a los funcionarios del Municipio y especialmente al Alcalde.
Este allanamiento realizado por la Fiscalía Sur con el apoyo de Policía de Investigaciones, constituye la intervención policial de un poder del estado sobre una entidad estatal, de carácter más agresivo y lesivo al tejido institucional interno que se haya llevado a cabo en el período post dictadura. Considerando la magnitud del despliegue mediático y policial y debido al shock interno constatado en el personal de la municipalidad, el hecho es solo comparable a las intervenciones llevadas a cabo durante el inicio de la dictadura militar.
Con posterioridad al 2 de octubre, se desata una sostenida campaña publicitaria a través de los medios intentando estigmatizar la comuna, el municipio y el alcalde. Se resumió con tres palabras que resonaron para describir lo que se intentaba propagar: Narcocomuna, Narcomunicipio y Narcoalcalde. (Narco- Alcalde. Ilustrado.cl digital 17 de octubre; Narco redes del alcalde Aguilera, El Mostrador, 4 de octubre; Narco-comuna socialista, CrónicaChile.cl 2 de octubre; Narco-municipio. La Hora.cl 2 octubre, Narco-municipio, declaraciones de Goic y Sánchez, radioagricultura.cl, 19 de octubre).
Antecedente con interrogantes incómodas
El jefe de la unidad jurídica de la Fiscalía Sur, Marcos Pastén, señala el 3 de octubre 2017, (Emol.Olivares,Acuña, Cerna), al día siguiente del allanamiento: “Llevábamos una investigación penal desde 2016, sobre delitos de la ley 20.000 (Drogas). Como en Informe Especial (TVN), aparecen sujetos que están en nuestras investigaciones que tienen calidad de imputados y están vinculados con funcionarios públicos, retomo la decisión de oficio de ampliar esta investigación”. La información más adelante señala: “No está dirigido a cada uno en particular, por ahora. Es muy preliminar hablar de participación de cada uno todavía.”
El antecedente de una investigación penal sobre delitos de la ley 20.000 comenzada en 2016 (fecha exacta indagada sin resultado), y que se amplía a partir del programa de TVN, levanta interrogantes.
La primera consiste en que un órgano jurídico amplía una investigación que lleva más de un año, a partir de lo que exhibe un programa de televisión. Se desprende que en el proceso de indagación, no se tenían todos los antecedentes del imputado, y menos el clave, de sus vínculos con el municipio. Esto debe ser investigado.
¿Por qué tan súbita la acción de allanamiento después de ver un programa de televisión? Habrá una explicación jurídica razonable que no se observa a simple vista. Es evidente que hubo sincronía entre el programa de televisión (de TVN) y la acción de la fiscalía.
La segunda es el momento del allanamiento y el contexto en que atravesaba el país: elección presidencial, de congresistas, y CORES, en poco más de un mes. Desde la calle la interrogante es: Si es una investigación que data de 2016, y si se tenían todos los antecedentes para un allanamiento, los órganos de la investigación podrían haber elegido para allanar cualquier otro momento menos provocador respecto a una elección presidencial.
El 6 de noviembre en “Informe Interbarómetro”, elaborado por Facultad de Gobierno de la Universidad Central, el Termómetro Digital titula: “Narcoescándalo” en el PS domina la conversación política en Internet y golpea la imagen de Guillier”. Interbarómetro, mide la conversación política en redes, y fue el tema de supuestos vínculos del Alcalde con narcotraficantes de San Ramón el que afectó en cierta forma la valoración en redes sociales que registró en el candidato Guillier.
La tercera, es una interrogante más bien política que de procedimiento. ¿Por qué la fiscalía mantiene en el limbo al Alcalde Miguel Ángel Aguilera, con una investigación que se prolonga sin conclusiones definitorias respecto a sus vínculos con redes de traficantes? Mientras, una avalancha de información proveniente de medios digitales principalmente, y columnas periodísticas, lo sindican como un agente del narcotráfico en la zona sur de Santiago. El artículo de mayor énfasis en este sentido, es del 4 de noviembre de CIPER con el título: “La historia del alcalde de San Ramón con el narco que hundió su carrera política. Trama narco destapa licitaciones que favorecen a los aliados de Aguilera”.
En una extensa presentación oral a la Unidad Vecinal No15, el 5 de octubre, el alcalde Miguel Ángel Aguilera analiza y hace sus descargos públicos a las diferentes acusaciones que aparecen en los medios respecto a supuestas redes de narco tráfico que hubieran penetrado en el Municipio.
A partir del allanamiento y la amplia divulgación por los medios de los conceptos de narcocomuna, narcomunicipio y narcoalcalde, abre la posibilidad de la deslegitimación en la institucionalidad municipal, equiparándola con una entidad o asociación de tipo delictivo, poniendo en serio riesgo el correcto desarrollo de sus actividades.
Además de esta situación, la campaña mediática para inculpar anticipadamente a una figura política como el Alcalde Aguilera, que había suministrado un apoyo sustantivo a la recolección de firmas para la candidatura de Guillier, aparece como una operación política para liquidar a un adversario político. Todavía más, también operó como una bomba de racimo que en un primer momento salpicó, como se vio, a la candidatura de Guillier.
Sin embargo, el daño mayor de la vehemencia de medios como CIPER y El Mostrador, que han liderado la estigmatización del Alcalde Aguilera, se ha causado en la comuna y al interior del Municipio. Es probable que sean más bien los tentáculos de miembros de la descompuesta elite política que ven en San Ramón un botín electoral y de puestos de trabajo, que tentáculos del narcotráfico los que están afectando la normalidad de San Ramón.
Después de este allanamiento, a pesar del Shock, continúan las actividades comunitarias que han prestigiado a una comuna que escaló en su calidad de vida 20 peldaños, según la medición realizada por la Cámara Chilena de la Construcción y la Pontificia Universidad Católica, considerando comunas con más de 50 mil habitantes y analizando a 93 del total nacional de 342. San Ramón es la comuna No74, un dignísimo lugar por sobre comunas con más ingresos y actividad económica como: Recoleta, Independencia, Iquique, Quinta Normal, Estación Central, y liderando en la zona sur por sobre La Pintana, Lo Espejo, La Cisterna, El Bosque, La Granja.
El Alcalde Miguel Ángel Aguilera, perteneciente a una tradición antigua de lucha política por los derechos sociales de San Ramón, desarrolla una incesante actividad y en desventaja política porque fue expulsado del Partido Socialista, ha sabido liderar el proceso de recuperación de la imagen corporativa del municipio. Este proceso no ha estado exento de un permanente responder a los continuos requerimientos de la fiscalía y la PDI para recabar información, no siempre con la autorización del juez de garantía.
Después de una visita al municipio, después de las conversaciones al azar con funcionarios y habitantes de la comuna, me quedó la sensación de que habían sido intervenidos por una entidad con resabios de la dictadura militar.
Por Juan Francisco Coloane. Sociólogo y Analista
Santiago de Chile, 24 de enero 2018
Crónica Digital
