DD.HH.

Si en 2019 el 60 por ciento de la población de Chile se expresaba por restringir el ingreso de migrantes, en el presente llegan al 69, indica una encuesta publicada. Un estudio de la consultora Criteria Research, que compara los resultados de febrero de 2021 con los de un sondeo de 2019, añade que en la actualidad solo la cuarta parte de la población se manifiesta de acuerdo con la llegada de migrantes al país. El estudio muestra un incremento del rechazo a la entrada de los extranjeros, pues si en febrero de 2019 estaban de acuerdo o muy de acuerdo el 37 por ciento de los encuestados, ahora solo representan el 25 por ciento. Incluso, la comparación de los sondeos señala que quienes opinaban que los inmigrantes podrían constituir un aporte el país se redujo del 43 al 30 por ciento. También aumentaron en 10 puntos porcentuales los que consideran el aumento de la delincuencia en el país como resultado de la llegada de migrantes, y en tres por ciento quienes temen que estos le puedan robar. Pero para los realizadores del estudio resulta significativo que no aumentó la percepción de que los inmigrantes sean una amenaza en el sentido de desplazar a los nacionales de los puestos de trabajo, e incluso se redujo en cinco por ciento la cifra de quienes creen que será más difícil encontrar empleo. Tampoco sufrió cambios el criterio de que la llegada de extranjeros pudiera colapsar servicios como la salud, aunque quienes opinan así representan alrededor de la mitad de los entrevistados. Analistas consideran que ese incremento de la percepción negativa hacia los migrantes obedece a la reciente crisis ocurrida en el norte del país tras la llegada de cientos de indocumentados. Asimismo señalan que influyó también el despliegue mediático del gobierno con imágenes de la expulsión de los extranjeros vestidos con overoles blancos y custodiados por policías como si fueran delincuentes, lo cual incrementa el rechazo de los ciudadanos y disminuye su aceptación del fenómeno migratorio. Santiago de Chile, 5 de marzo 2021 Crónica Digital/PL

De grave error político del gobierno de Chile calificó hoy la académica mapuche Elisa Loncón la posibilidad de imponer estado de sitio en la región de la Araucanía. El tema ha generado una amplia controversia en el país luego de que partidos de derecha exigieran al presidente Sebastián Piñera aplicar esa medida ante reiterados hechos de violencia en territorios del sur, propuesta que rechazan las fuerzas de oposición. Entrevistada por Radio Universidad de Chile, Loncón, también candidata a integrar la convención que redactará la nueva Constitución, advirtió que con decisiones de ese tipo se pasa por alto el problema central que es la devolución de las tierras arrebatadas a las comunidades mapuches. Opinó que en esos territorios la violencia no fue instalada por los pueblos indígenas, sino por el Gobierno, la policía, la Asociación para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía (APRA), entre otros factores. Mencionó también a los paramilitares, pues «hay muchos actores políticos y económicos que se benefician de la violencia y les conviene que ésta se mantenga en la Región». Igualmente consideró que la falta de un diálogo efectivo entre el Estado y las comunidades también es una forma de violencia. Para Loncón, se está buscando acorralar al pueblo mapuche, y si Piñera militariza la zona «será un error histórico». Puntualizó que «las comunidades saben donde están los problemas de fondo.  Él, como jefe del Gobierno, debe resolverlos: tienen que ver con la restitución del territorio y el respeto a las formas de vida, cultural y lingüística que nos merecemos como pueblo». Según la especialista en mapudungún (lengua mapuche), las autoridades de ese pueblo originario están dispuestas a un diálogo respetuoso que aborde los derechos que les corresponde, como la restitución de las tierras. Asimismo aseguró que para avanzar en las pláticas resulta esencial cambiar la Constitución, pues en la actual «todos los pueblos originarios hemos sido marginados», y crear una que reconozca el carácter plurinacional de Chile, y con ello se respeten los derechos de los pueblos originarios. Santiago de Chile, 28 de febrero 2021 Crónica Digital/PL

Hoy, se declaró admisible la querella interpuesta por la Comisión Chilena de Derechos Humanos ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que persigue establecer la responsabilidad en diversos DELITOS DE CORRUPCIÓN, que le caben al Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, al Ministro de Salud, Enrique Paris Mancilla, a Jaime José Mañalich Muxi, ex Ministro de Salud y al ex Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Arturo Zuñiga Jori, cometidos en el marco de las estrategias sanitarias para el manejo de la pandemia Covid-19 en nuestro país. De acuerdo a los hechos denunciados, conforme los antecedentes públicos y notorios y según se ha establecido en el Informe Oficio Nº 630/2020, sobre Auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la habilitación de la infraestructura de salud de emergencia (Residencias sanitarias), existen graves antecedentes que hacen necesario investigar, establecer la responsabilidad y sancionar a los querellados, con las penas de presidio e inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos, conforme su participación como autores, cómplices o encubridores, de acuerdo a la penalidad asignada a los delitos de corrupción denunciados.  La querella sostiene que los delitos por los cuales debe perseguirse la responsabilidad penal de las mencionadas autoridades públicas, corresponden a Fraude al Fisco, en razón de haber intervenido en contrataciones irregulares y pagos injustificados por servicios no otorgados, como es el caso de Hotel Alto del Sol de la comuna de Mejillones por $513 millones ó el caso del Hotel Clínico de Santiago por $205 millones, por atenciones a “pacientes fantasmas” que se encontraban fuera del país en fecha anterior al período de pandemia en Chile, hechos que defraudando al Estado, han originado millonarias pérdidas al erario fiscal, resultando engañados todos los chilenos mediante el desvío de recursos públicos, bajo el pretexto de desarrollar una “exitosa estrategia sanitaria”. Además, se ha denunciado que existe responsabilidad penal por los delitos de Negociaciones Incompatibles y Tráfico de Influencias, en tanto las autoridades se han interesado en las negociaciones, contratos y operaciones desde una posición de ventaja, influyendo en las decisiones que produce derivación de beneficios económicos, como es el caso de la “doble contratación” del denominado Hospital de Emergencia Huechuraba (Espacio Riesco), por $2.900 millones ó el pago de $53 millones por costos operativos fijos y preparación de alimentos para pacientes inexistentes en el HOTEL O’HIGGINS de Viña del Mar, hechos que vulneran la capacidad del Estado para generar las prestaciones de Salud debidas. La querella establece que el diseño e implementación de las estrategias sanitarias para el manejo de la pandemia Covid-19 en nuestro país, autorizadas por el Presidente de la República, Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique, y que se ejecutaron, entre otras medidas, mediante las contrataciones públicas relativas a las residencias sanitarias, privilegiaron un interés distinto y contrapuesto al interés público, prevaleciendo el beneficio privado y la obtención de ganancias particulares por sobre la salud de la población. En relación a las diligencias solicitadas, destacan la solicitud de oficio al Director del Servicio de Impuestos Internos, con […]

Representantes de partidos de oposición, diputados y otras personalidades pidieron hoy al presidente de Chile, Sebastián Piñera, la disolución del cuerpo de carabineros y la creación de una nueva institución policial. Así lo expresan en una carta dirigida al mandatario, entregada en el palacio de La Moneda, a donde acudieron familiares de los presos de la revuelta popular de octubre de 2019, parlamentarios, dirigentes sociales, sindicalistas y otros. El texto enumera violaciones protagonizadas por efectivos de Carabineros, lo cual, indica, «exige una profunda revisión de las doctrinas que guían el origen y actuar de las instituciones policiales y Fuerzas Armadas, siendo urgente adecuar el ejercicio de sus obligaciones de acuerdo con los estándares internacionales» en democracia. La carta también se refiere a las personas detenidas tras el 18 de octubre de 2019 que permanecen en prisión preventiva por su participación en las manifestaciones. Añade que la situación de esos presos «contrasta violentamente» con la forma en que los tribunales han procesado a carabineros por eventos en los cuales hubo decenas de manifestantes muertos y heridos. Los firmantes presentaron demandas que incluyen además justicia y reparación para las víctimas de la violencia ejercida por agentes del Estado, y garantías de no repetición, así como aplicar urgencia a un proyecto de Ley de Indulto General presentado al Congreso por senadores de oposición, y no vetarlo. También, reformar la Ley Orgánica de Carabineros, asegurando su subordinación al poder civil, e iniciar la refundación de esa institución, con la participación de órganos especializados en seguridad y derechos humanos, representantes civiles y de organizaciones sociales. Igualmente reclaman medidas administrativas ejemplares y juicios penales a miembros de las Fuerzas Armadas que violen los protocolos sobre disuasión, contención y detención, y castigar y aclarar las irregularidades en el manejo de fondos institucionales, e informarlo a la ciudadanía  con transparencia. Entre los firmantes aparecen la Agrupación de Familiares y Amigos Asesinados del Estallido, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, organizaciones sindicales y el Colegio de Profesores. También, numerosos legisladores, incluida la presidenta del Senado, Ariana Muñoz, así como los partidos Humanista, Progresista, Comunista, Convergencia Social e Igualdad. En las últimas semanas las exigencias en medios políticos y sociales cobraron fuerza luego que un joven artista callejero muriera baleado en la sureña localidad de Panguipulli por un carabinero, que finalmente quedó en libertad al alegar un tribunal que el uniformado había actuado en defensa propia. Santiago de Chile, 18 de febrero 2021 Crónica Digital

De acuerdo a los parlamentarios, no existen antecedentes que justifiquen la existencia de este tipo de controles de identidad, además, su aplicación ha traído como consecuencias pérdidas de vida y daño a la integridad física de numerosas personas, causando un daño irreparable que es efecto del empleo indiscriminado y desproporcionado del uso excesivo de la fuerza por parte de las policías. Los diputados y diputadas plantearon además la necesidad de que el Congreso legisle con urgencia este tema para derogar esta ley. La bancada de diputadas y diputados del PC hizo esta solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se otorgue una medida cautelar en beneficio de los y las menores entre los 14 y 18 años que ordene al Estado abstenerse de utilizar este control preventivo de identidad. Los y las parlamentarias indicaron que no se están cumpliendo los estándares internacionales en la materia, así como tampoco las recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos, por lo que existe un riesgo que tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones en el contexto de la realización de estos controles de identidad, actúen con discrecionalidad y cometan excesos que puedan vulnerar las garantías fundamentales, entre ellas, la vida de menores de edad. En el documento presentado por la Bancada al organismo internacional se concluye que existe una flagrante, evidente y completa violación a los Derechos Humanos en lo concerniente a la aplicación de los controles preventivos de identidad. Camila Vallejo, jefa de la bancada PC insistió en la necesidad de proteger a la población con esta medida cautelar mientras se avanza en paralelo en lograr la derogación de esta ley en el parlamento. “Creemos que estos dos caminos se pueden trabajar de manera paralela porque es urgente resolver cómo proteger a la población ante este medida, esta herramienta que le permitió a carabineros de Chile actuar a discrecionalidad, basados en el prejuicio y que finalmente, les permite más que garantizar seguridad a las personas, traer inseguridad , es persecución, es prácticamente detención por sospecha sin ningún tipo de garantía en materia de seguridad personal y libertad de las personas, por eso consideramos que esto debe ser recogido por la Comisión Interamericana esperamos cuanto antes y también esperamos que en el Congreso el proyecto que busca derogar esta ley sea tramitado y votado cuanto antes”, afirmó la diputada Vallejo. Por otro lado, la abogada de derechos Humanos y diputada Carmen Hertz sostuvo que esta medida se fundamenta en “la forma en que el control de identidad se implementa en los menores entre 14 y 18 años de facto, la forma en que carabineros lo hace y discrimina este instrumento está transgrediendo todas las normas del derecho internacional de los derechos humanos sobre libertad personal y seguridad de las personas”. La diputada Hertz insistió en la responsabilidad de Carabineros en las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos principalmente, durante el estallido social, donde el control de identidad se realiza de forma arbitraria a menores de edad por su condición socio […]

La reciente muerte de un artista callejero baleado por un carabinero en la sureña ciudad de Panguipulli, devuelve hoy al centro del debate la necesidad de reformar o incluso refundar las instituciones policiales. Los reclamos para una profunda reestructuración del aparato policial comenzaron con mayor fuerza tras la revuelta social iniciada en octubre de 2019, ante la cual la fuerte represión de los uniformados contra los manifestantes generó innumerables denuncias, incluso de entidades internacionales, sobre repetidas violaciones de derechos humanos. Ahora el caso del malabarista Francisco Martínez, muerto por varios disparos, provocó, además de fuertes protestas en ciudades del país, una ola de críticas, sobre todo desde la oposición, mientras que en la derecha prevalece la defensa a la actuación del carabinero implicado en el hecho. Desde el Partido Comunista, el alcalde Daniel Jadue, valorado como la figura mejor evaluada para la próxima campaña presidencial, consideró que no existen excusas para disparar tantas veces a una persona en un procedimiento de control de identidad, y aseguró es necesaria «una intervención civil inmediata» de la institución. Asimismo opinó que incluso pensar solo en reformas tomará mucho tiempo, cuando es urgente detener la «autonomía operativa de Carabineros» que no entiende nada de derechos humanos y que «ha perdido todo el respeto de la ciudadanía». La precandidata presidencial Paula Narváez, del Partido Socialista, aseguró que lo ocurrido  el fin de semana demuestra que una reforma a Carabineros «no admite dilaciones». Asimismo expresó que «el Gobierno debe intervenir, cumplir con su deber y dejar la pasividad para tomar un acción decidida en el plan de reestructuración definitiva de Carabineros» y dar paso a una policía cuya finalidad sea el servicio a las personas. Para el presidente del Partido Por la Democracia, Heraldo Muñoz, más que una reforma, se requiere de «una nueva policía que cumpla con los estándares internacionales mínimos». Desde el derechista partido Evópoli, el también precandidato presidencial Ignacio Briones dijo que el procedimiento de Carabineros debe ser investigado y explicado con claridad y consideró que lo ocurrido en la ciudad de Panguipulli demuestra que «en demasiados ámbitos las confianzas están rotas; entre las personas y con las instituciones». Briones fue más contemporizador, al lamentar la muerte del joven artista callejero, pero, al mismo tiempo, criticar la violencia desatada como consecuencia de la indignación popular por la actuación de los uniformados. Hasta ahora el Gobierno no ha hecho referencia a los reclamos de la oposición y algunos analistas recuerdan que La Moneda ha presentado no sin desgano algunos proyectos para reformar Carabineros de Chile, pero hasta ahora solo han quedado en promesas. Santiago de Chile, 8 de febrero 2021 Crónica Digital/PL

Chile permanece atento a la decisión de un Juzgado de Garantía que hoy realizará a audiencia de formalización de un carabinero que baleó el viernes último a un artista callejero en la localidad de Panguipulli. El tribunal decidirá esta tarde si el uniformado, quien fue detenido el mismo viernes, permanece o no en prisión preventiva mientas dure la investigación del crimen. El hecho causó un enorme malestar en esa localidad, y generó protestas que se prolongaron hasta la madrugada del sábado y resultaron en la destrucción de la municipalidad y daños de consideración en otros diez edificios, dejando prácticamente paralizados todos los servicios públicos de esa comuna. En las últimas horas aparecieron nuevos testimonios sobre el suceso que deberán ser tomados en cuenta por el tribunal para pronunciarse. En tanto, este lunes está previsto el entierro de la víctima, Francisco Martínez, cuyos restos fueron velados la víspera en la comuna de Puente Alto, en esta capital, donde a lo largo del día cientos de personas acudieron hasta la vivienda de su familia a rendirle homenaje. El crimen de Martínez generó también numerosas protestas en varias ciudades el fin de semana y renovó las exigencias desde la oposición para que el Gobierno realice de una vez una anunciada reforma de la institución de Carabineros, cada vez más cuestionada por sus reiteradas violaciones de los derechos humanos. Entre otras agrupaciones, el Partido Socialista calificó de inaceptable que un procedimiento policial termine con la muerte de una persona por el uso injustificado de la fuerza, lo que no es un hecho aislado y da cuenta de la profunda crisis en Carabineros. El Partido Progresista señaló que resulta urgente e imprescindible que se asuman las responsabilidades institucionales y políticas por el director de Carabineros, el mando institucional y el Gobierno, por ser obligación del Estado garantizar los derechos fundamentales de las personas. El Partido Comunista, por su parte, en una declaración de cinco puntos exigió «la total refundación de la institución de Carabineros que resulta cada vez más deslegitimada a propósito de los casos de corrupción que la involucran y de su accionar policial  sin ningún control civil». Santiago de Chile, 8 de enero 2021 Crónica Digital/PL