CRITICAN AL GOBIERNO POR POSIBLE UTILIZACIÓN DE CASO FUJIMORI EN LA ONU

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Fujimori, que fue extraditado por la justicia chilena a su país para ser juzgado por siete delitos, dos de ellos crímenes contra la humanidad, es “un reconocimiento claro al postulado que sostuvimos durante el proceso de extradición del ex dictador Augusto Pinochet a España, en el sentido que ningún responsable de delitos contra humanidad, independientemente de su investidura, puede quedar al margen de la sanción de la justicia”, dice la AFDD en un comunicado público al que tuvo acceso Crónica Digital.

“Esperamos que la justicia peruana asuma la responsabilidad de someter a proceso y sancionar a Alberto Fujimori, de acuerdo a las exigencias de una humanidad que con mayor fuerza y conciencia condena los delitos que perpetra el Estado contra la vida y la integridad de las personas”, señala la organización humanitaria.

La AFDD, sostiene que la legislación internacional humanitaria y de Derechos Humanos es una realidad que ya no se puede desconocer y que debe ser asumida en plenitud para “sancionar a los responsables y ejecutores de violaciones a los Derechos Humanos, con la valía moral que le otorga a los poderes del Estado y los gobiernos, ponerse del lado de la vida y contra el crimen político”.

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, mostró su preocupación sobre el logro de la justicia chilena “sea utilizado para presentar a Chile como el adalid en la defensa de los Derechos Humanos y como argumento para sustentar su postulación al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya que son múltiples las insolvencias que sustentan el rechazo a tal pretensión”.

Al profundizar sobre el tema, la AFDD, apuntó que Chile no califica al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque “no ha ratificado los Tratados Internacionales; no ha anulado el Decreto Ley de Amnistía; no ha aprobado la interpretación del Artículo 93 del Código de Procedimiento Penal, que resuelve aplicación de prescripciones y amnistías”.

También criticó a los gobiernos de la Concertación de que “no respeta las libertades públicas; ha afianzado la política represiva; mantiene la Constitución Política heredada de la dictadura; sigue enviando a la oficialidad a formarse bajo la doctrina de Seguridad Nacional en la Escuela de las Américas”.

Por último, “no ha logrado establecer la verdad sobre el paradero de los detenidos desaparecidos; no ha reparado adecuada y dignamente a las víctimas de prisión política y tortura; está legislando para crear un Instituto de Derechos Humanos que dejará a las víctimas sin defensa judicial; no ha incluido la enseñanza de los Derechos Humanos en el sistema educacional, y no garantiza para todos sus ciudadanos justicia social”.

Santiago de Chile, 23 de septiembre 2007
Crónica Digital , 0, 95, 3

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