Pero lo que realmente se ha hecho desde el 2000 a la fecha, ha demostrado que esa simpleza programática escondía una oscura intencionalidad de avanzar descaradamente hacia la privatización de los recursos pesqueros.
Basta con recordar la aprobación de la Ley Corta de Pesca del 2002 y los efectos negativos que ha generado, para entender el rumbo que ha seguido el tercer gobierno de la Concertación.
Por ello las recientes expresiones de los pescadores artesanales agrupados en la Conapach, donde critican la gestión del subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, y recuerdan con molestia las promesas electorales de Lagos, no hacen más que confirmar la crítica situación que ha vivido ese sector en los últimos años.
Ellos esperaban que situaciones tan simples como el cierre definitivo de las 5 millas y un seguro de vida obligatorio para los pescadores artesanales, podían ser cumplidas durante el mandato de Lagos, pues no significaba gasto para el Estado.
Para eso bastaba, dicen los pescadores, con tener una actitud correcta y ética, algo que a esta altura parece una solicitud desmedida.
Por lo tanto al evaluar la situación en que se encuentran las pesquerías y las comunidades de pescadores se hacen evidente que el gobierno no consideró ninguna de las propuestas de los artesanales y de organizaciones como Oceana, y por el contrario, privilegió las exigencias y el negocio de la gran industria.
Y por ende, después de esta masiva explotación de nuestros mares, los pescadores tienen enormes dificultades para encontrar recursos y sufren una precarización acelerada.
En este aspecto la legislación también es incoherente y abusiva, puesto que no ha tenido en cuenta las necesidades sociales de un sector que ha vivido históricamente de estos recursos.
Esto lo hacen patente los cerca de 150 tripulantes de naves pesqueras que estuvieron durante dos meses protestando en Santiago, antes que el señor Sandoval y el gobierno al fin reconociera los compromisos adquiridos dos años antes.
Es por ello que mirando hacia el nuevo gobierno y con una legislación todavía en debate se requiere de una urgente modificación de la misma que considere la necesidad de introducir criterios de justicia y sustentabilidad en las normativas vigentes.
Se debe favorecer una legislación que promueva artes de pesca consistentes con la necesidad de preservar la productividad de los ecosistemas marinos, lo cual pasa por prohibir o limitar considerablemente el arrastre.
Al mismo tiempo se requiere modificar el modo en que se determinan las cuotas de pesca recurriendo eficazmente a criterios científicos-, así como también, modificar el modo en que se asignan las cuotas individuales, introduciendo criterios más competitivos y justos en dicha asignación.
Columna de Jordi Berenguer, periodista de Oceana.
Santiago de Chile, 9 de enero 2006
Crónica Digital
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