Ante la arremetida parlamentaria del Gobierno que busca penalizar con cárcel la movilización social, las organizaciones político-sociales aquí firmantes declaramos:
1.-Este proyecto de ley es una amenaza concreta a los derechos de libertad deexpresión y reunión pacífica establecidos internacionalmente comolo manifestaran formalmente, en una carta al Gobierno chileno el pasado 23 deenero, tres Relatores Especiales de Naciones Unidas.
El texto, firmado por Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción yla protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; MainaKiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad dereunión y de asociación pacífica y Margaret Sekkagya,Relatora especial sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, “expresa preocupación porque el Proyecto de Ley pudieraresultar en restricciones excesivas de los derechos a la libertad de expresióny de reunión pacífica y en la criminalización de las personas que ejerzan estosderechos. Asi mismo, se expresa preocupación que dichas medidas pudieran afectarel trabajo de los defensores de derechos humanos y periodistas”.
La carta además cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Resolución 15/21 delConsejo de Derechos Humanos y hace un “llamamiento urgente al Gobierno” paraque “adopte las medidas necesarias para asegurar que el derecho a lalibertad de opinión y de expresión sea respetado”.
2.-Citando a juristas de tanto calibre como Sergio Diez (el Embajador de Pinochetque negó ante Naciones Unidas la existencia de los detenidos desaparecidos),este Proyecto busca mañosamente fundir dos conceptos distintos: desordenespúblicos y violencia.
Para definir adecuadamente lo que se entiende por desórdenes, se debiera establecerpor Ley, el concepto de Orden Público. La concepcióndemocrática de orden público, tiene que ver con la obligación del Estado deGarantizar la libre expresión y asociación de los ciudadanos.
El Estado tiene el deber de resguardar el orden público y por tanto, de detener y sancionar a quienes cometen actos de violencia y vandalismo en el contexto delas manifestaciones; ya sean estos, civiles, policías o militares. Yen el Chile actual, la alteración del orden público esta más asociada alaccionar de las policías, que muchas veces infiltra provocadores, para luegoreprimir brutalmente a las mayorías que se manifiestan pacíficamente.
Si de verdad se quiere resguardar el Orden Público en un sentido democrático, elEjecutivo debiera honrar sus compromisos internacionales y Promulgar elProtocolo de Prevención de la Tortura y patrocinar una ley que sancione efectivamentelos abusos policiales, la violencia indiscriminada con que actúan losfuncionarios, las torturas a que son sometidos los detenidos en vehículos yrecintos policiales, y el gaseamiento de las ciudades que atenta gravementecontra la salud, que dicho sea de paso, es uno de los componentes del OrdenPúblico.
3.-El Proyecto presentado por el Gobierno, elimina las multas por desórdenes ydeja como única sanción la cárcel; es decir, ya no es considerada unafalta, sino que lo establece como nuevo delito en el Código Penal.
Cualquier manifestación quese realice en la vía pública, por muy pacífica que sea, por el carácter mismode la actividad, afectará de una u otra manera la libre circulación deotras personas. Miles de personas marchando por Santiago, por el Plan deValparaíso, o por cualquier ciudad de Chile, objetivamente entorpecen el tránsitoy pueden provocar molestias a otros ciudadanos. Pero quienes protestan, estánhaciendo un uso del espacio público, tan legítimo como el de las personas quetransitan por las calles.
Desde esta perspectiva, eltexto es sumamente cuestionable: asociar perturbaciones públicas a las legítimasmovilizaciones que demandan más derechos resulta desproporcionado y apunta arestringir el derecho de petición, el de expresión y el de reunión.
En cuanto a la violencia,todas las conductas mencionadas ya tienen sanción penal. ¿O alguien piensa quelos saqueos, la destrucción de propiedad pública o privada o la agresión afuncionarios policiales no tenían castigo en Chile antes de la llegada dePiñera y Hinzpeter al Gobierno?
4.-Como los testimonios gráficos captados por profesionales de la prensa,fotógrafos independientes o simples ciudadanos han mostrado en toda su crudezala brutalidad y el abuso policial, esta Ley autoriza a la fuerza pública arequisar todo material grafico (videos, fotografías) para ocultar a la opiniónpública todo testimonio independiente y garantizar la impunidad de losfuncionarios.
5.-Este Proyecto consolida la criminalización de la protesta social al establecercomo delito sancionado con cárcel las marchas, las tomas de caminos, puentes,colegios universidades, etc. ¿Pero se ha cuantificado el impacto que esta nuevaLey maldita tendrá en la sociedad? Privar de libertad a miles depersonas no es gratis.
Si esta ley hubiera estado vigente el 2011, serian varios miles las personasencarceladas (estudiantes, ecologistas, Ayseninos, por nombrar algunos). En unsistema carcelario colapsado, ¿esto tiene alguna lógica?
Pero no sólo el sistema carcelario está colapsado. Los fiscales han denunciado entodas las tribunas (huelgas incluidas) de que ya no dan abasto; los defensorespúblicos han manifestado lo mismo. Si el año pasado –sin esta Ley-fueron detenidas por desórdenes 3 mil 485 personas, ¿se ha cuantificado elimpacto que tendrían miles de procesos y encarcelamientos en sistemas yacolapsados?
¿Este Gobierno junto a la clase política, están en condiciones de mantenertotalitariamente su Orden Público (injusto y abusivo), sobre unarealidad social efervescente, que proveería al sistema de miles de presas y presospolíticos, con las movilizaciones asociadas a la lucha por su libertad, y laconsecuente condena internacional?
Una marcha pacífica, detenerel trán sito con lienzos, manifestarse en la vía pública, promover estos actosen redes sociales, constituyen un ejercicio de derechos humanos. Como señalaAmnistia Internacional: “Transformar elejercicio de derechos humanos en delito es posiblemente una de las maneras másgraves y directas de bloquear su ejercicio, lo cual iría en vulneración directade los tratados de derechos humanos que el propio Estado de Chile haratificado, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
6. Finalmente,las organizaciones firmantes reivindican el derecho de los pueblos-reconocidosincluso por la Declaraciónde Argel- a la autodefensa ante el abuso y la violencia ejercida por el Estado y sus agentes.
Con todos estos antecedentes manifestamos nuestro rechazo absoluto a los intentos del Gobierno y parlamentarios a aprobar este proyecto, que amenaza no solo nuestra libertad, sino que los derechos de reunión y expresión de todos los pueblos que habitan el territorio nacional.
COORDINADORA POR LA LUCHA DE LOS PUEBLOS
CONFECH
RED AMBIENTAL DEL NORTE
Santiago de Chile, 9 de agosto 2012
Crónica Digital
