La propuesta de reforma tributaria del gobierno de la Presidenta Bachelet se ajusta a lo prometido en su programa y merece un respaldo decidido. Es muy moderada, pero aún así constituye la más importante reforma en este ámbito desde el término de la dictadura.
Como es conocido, su propósito es incrementar la recaudación en un tres por ciento del producto interno bruto (PIB). Al mismo tiempo, busca mejorar la distribución de la carga tributaria. Actualmente ésta es muy regresiva.
Pagan más los que ganan menos y los que ganan muchísimo no pagan casi nada. Utilizando los mecanismos de elusión disponibles, que son diversos y generosos, las personas con ingresos entre 6 y 12 millones de pesos mensuales no pagan nada y aquellas con ingresos superiores a 12 millones mensuales pagan 7 por ciento de impuestos, según cálculos del diario El Mercurio del 28 de enero del 2012.
Ello se confirma en la declaración anual de impuestos a la renta, la que representa siempre una enorme devolución a los propietarios de empresas, a quienes el fisco devuelve cada año muchos millones. Ello significa que el porcentaje de impuestos que anticipan las empresas sobre las utilidades retiradas, resulta muy superior al que en definitiva terminan pagando sus propietarios,
Todo esto no puede continuar y la reforma lo corrige en parte. Por esta razón debe ser aprobada más o menos en los términos que ha sido enviada por el gobierno al parlamento y aprobada por la Cámara de Diputados.
La mejor prueba de ello es la campaña en contra de la reforma que han desatado quienes han venido eludiendo su deber a contribuir debidamente la recaudación fiscal.
Uno de los actores de esta campaña han sido las AFP, quienes han levantado una vez más su demanda que se permita traspasar a los propietarios de los fondos de pensiones, el crédito de impuestos personales que, bajo la norma actual, generan aquellos adelantados por las empresas donde estos poseen inversiones. No señalan que los créditos de impuestos benefician sólo a quienes los pagan o deberían pagarlos razón de sus ingresos. Esa no es la situación del 99 por ciento de los afiliados a las AFP. Es decir, nuevamente enarbolando los ropajes de la mayoría, estos sectores defienden privilegios de una ínfima minoría.
Dicha campaña no habla bien de sus impulsores, quienes se verán sorprendidos una vez más de comprobar al aprobarse esta reforma, cuán distante se encuentra el ánimo del país de su forma de pensar y comportarse.
Sin perjuicio del apoyo decidido a la reforma según esta formulada en el proyecto, parece necesario dejar constancia en la presente discusión que algunas de sus insuficiencias generales, la cuales quedarán pendientes para los próximos gobiernos. Asimismo, sugerir algunas observaciones al articulado de ésta, que pueden mejorarla en algunos aspectos específicos.
La reforma se propone principalmente, eliminar el fondo de utilidades tributables (FUT), es decir, de ahora en adelante, los propietarios tributarán por el total de las utilidades devengadas por sus empresas, las retiren o no y las empresas efectuarán un pago provisorio mensual de estas utilidades atribuidas a sus dueños.
Paralelamente, aumenta el anticipo de impuestos que pagan las empresas, desde el 20 por ciento actual a 25 por ciento. Lamentablemente, tanto la eliminación del FUT como el alza en los impuestos adelantados por las empresas, será gradual, culminando el 2018.
Aún si cumple su objetivo de recaudar un tres por ciento adicional del PIB, la carga tributaria continuará por debajo de un cuarto del PIB, lo que es
muy bajo para el nivel de desarrollo del país. Cabe recordar que la carga tributaria se incrementa a la par con el progreso económico y duplica este nivel en los países más avanzados.
Por otra parte, como ha observado el economista y hoy Presidente Ejecutivo de CODELCO, Oscar Landerretche, no es bueno que haya dejado afuera el tema del royalty minero.
Las grandes corporaciones que se han apropiado de las riquezas del subsuelo chileno, parecen gozar de influencia considerable. El programa del gobierno de la Presidenta Bachelet por ahora no les toca un pelo, aunque como ha dicho la mandataria en su discurso de asunción del mando, se propone hacer los cambios constitucionales que permitan abordar este asunto crucial en el gobierno que sigue.
Ello no es apreciado como algo justo por la abrumadora mayoría del país, incluida la mayoría del empresariado que opera en mercados competitivos que no disfrutan de la renta recursos que nos pertenecen a todos y de los cuales se vienen apropiando las mineras a título prácticamente gratuito.
En lo que respecta a esta reforma y al igual como se imputa hacer al diablo, las mineras parecen haber metido la cola. Apareció en el proyecto del gobierno una norma transitoria que no estaba en el programa. Ésta permite a las grandes empresas beneficiarse durante doce meses de la depreciación instantánea, que está pensada para las PYME.
El aprobar esta norma sería un inmenso subsidio a la sobre inversión en que están empeñadas las mineras en los próximos doce meses, equivalente a un préstamo sin intereses de varios miles de millones de dólares. Lo mismo que otras grandes empresas, todas las cuales en Chile se benefician de rentas de recursos o de cuasi rentas monopólicas de las cuales no disfrutan las PYME.
Se justifica este verdadero regalo como un mecanismo de estímulo a la inversión en un momento de enfriamiento de la actividad economía. No tendría tal efecto en lo absoluto, puesto que los grandes proyectos mineros y otros beneficiados, tienen su calendario ya determinado para este horizonte y ello no variará en lo más mínimo. Esta cláusula debería ser eliminada por el Senado.
Asimismo, la reforma no toca la original idea introducida por los Neoliberales bajo Pinochet, según la cual las empresas no pagan impuestos en Chile. Sólo pagan anticipos de los que deberían pagar sus propietarios. Éstos descuentan aquellos de sus propios impuestos, a la que se ha denominado «tributación integrada».
Eso sigue igual y ciertamente deberá modificarse en el futuro, siguiendo el ejemplo de los sistemas tributarios de todo el mundo, donde las empresas pagan sus impuestos y luego sus propietarios tributan por los suyos.
Llama la atención que se reclame airadamente del pago provisional de utilidades atribuidas, sin el cual la recaudación disminuiría significativamente,
al menos en el primer período. Se reclama la eventual inconstitucionalidad de este cobro, indicando además que sería tan complicado de cobrar que resultaría imposible de aplicar.
Este mecanismo es el resultado natural de la así llamada tributación integrada. Eso lo demuestra, por ejemplo, el hecho que este mismo tipo de pagos se exige en los EE. UU. solamente a las empresas a las que se aplica la denominada tributación integrada. Éstas constituyen una excepción en ese país, donde la generalidad tributa por separado, primero las empresas y luego los dueños.
Por lo tanto, si no se está dispuesto a eliminar el esquema de «tributación integrada», resulta inevitable aceptar el pago provisional de utilidades
atribuidas.
En cuanto a la supuesta complejidad de su cobro, se dice que la misma se originaría en la dificultad de registrar las utilidades percibidas en una sociedad por su participación en las utilidades de otras, las que eventualmente pudiesen constituir una larga cascada. Sin embargo, esto mismo se hace regularmente en todas las declaraciones anuales de impuestos, puesto que el no registrar estas utilidades constituiría un delito. Esas mismas declaraciones pueden servir de base a los pagos provisionales de utilidades atribuidas al año siguiente, situación que se ajustaría en la nueva declaración anual, tal como se hace ahora.
Aunque la reforma deja pendiente por ahora la eliminación de la «tributación integrada», se propone en cambio taponar algunos de otros grandes forados por donde se eluden impuestos. El principal es el llamado Fondo de Utilidades Tributables (FUT), en el cual los propietarios de empresas tienen registradas utilidades devengadas y no tributadas, puesto que no las han retirado.
Las utilidades acumuladas en el FUT suman el equivalente al PIB. Suponiendo que están afectas a la tasa máxima de 40 por ciento, ello significa que se deben impuestos por el equivalente al 40 por ciento del PIB. Como la carga tributaria actual es aproximadamente un quinto del PIB, si pagaran lo que deben, podrían financiar todos los gastos del Estado durante dos años completos.
La reforma no dice nada acerca de como se va a recuperar esta inmensa deuda tributaria. Algo debería decirse al respecto, especialmente en el caso de
las grandes mineras, que tienen decenas de miles de millones de dólares acumulados en el FUT, los que representan entre un 10 y un 20 por ciento del total acumulado en este registro a nivel de todas las empresas.
La rebaja de tasas del tramo más elevado, de 40 por ciento a 35 por ciento, considerada en la reforma, parece una idea poco presentable del proyecto. Es lo que opinan al parecer las autoridades del propio gobierno, que se han excluido de tal rebaja. También parece ser la opinión de las principales dirigentes empresariales, quienes han sugerido mantener esta tasa. Es difícil no estar de acuerdo con ellos en este aspecto.
Por las razones expuestas, la reforma constituye un avance significativo y debería ser aprobada en el Senado, ojalá mejorada con las observaciones sugeridas.
Por Manuel Riesco, director del CENDA
Santiago de Chile, 10 de junio 2014
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