MANIFIESTO POR EL PATRIMONIO Y LA CULTURA POPULAR DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

Frente a la creación del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, los abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por el estado de hermetismo en que se encuentra el nuevo proyecto, que el Ministro Ernesto Ottone y su equipo de asesores, ha llevado adelante desde mayo de 2015.

Desde el gobierno anterior, cuando se presentó un proyecto inconsulto que creaba una nueva institucionalidad, hubo posteriormente, procesos de información y consultas parciales e insuficientes a las comunidades de la cultura y el patrimonio, que si bien, no eran vinculantes, al menos permitieron informar y expresar las opiniones de organizaciones y personas ligadas al quehacer cultural, patrimonial y de los pueblos indígenas que habitan nuestro territorio.

En 2013, luego de un criticado proceso inconsulto y ya ingresado al congreso, pudimos conocer después de la presión ciudadana, el texto de la propuesta de ley, en diversas instancias informativas haciendo las críticas pertinentes, lo que derivó en que al asumir el gobierno de la Nueva Mayoría este se comprometiera a realizar una indicación sustitutiva con la participación de la ciudadanía.

En 2014 se convocó a los “diálogos ciudadanos” y la “consulta indígena”, instancias en las que pudimos conocer de manera pública las directrices de la propuesta, realizando diversos aportes y críticas a la estructura, fundamentos y composición de la institucionalidad.

Desde el Estado destaca la «consulta indígena», que incorporó a los pueblos originarios en el ámbito de la cultura, y que desarrolló un instrumento que permitió realizar una consulta masiva, con observadores internacionales, y participación ciudadana que se reflejó en 600 reuniones, 16 acuerdos regionales y un acuerdo nacional.

Desde la ciudadanía destaca la elaboración, por parte de la Mesa Ciudadana del Patrimonio, de una propuesta de Ley discutida democráticamente por diversos actores ciudadanos, para la creación del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Propuesta que fue aprobada por los delegados participantes en el 4o Congreso Nacional de Barrios y Zonas Patrimoniales, en abril de 2014, y luego ratificada en sus líneas fundamentales por una amplia mayoría de los diputados asistentes a la sesión en la que se presentó y votó como proyecto de acuerdo en la Cámara de Diputados.

Muchas de las propuestas que se hicieron en estas iniciativas, se acogieron en el texto del proyecto de ley que ingresaría al congreso el 18 de mayo de 2015.

Con el cambio de gabinete y la sustitución de la Ministra de Cultura el 11 de mayo de 2015, nos hemos enterado por declaraciones de prensa del Ministro Ottone, que el texto de la propuesta de ley que se presentaría una semana después «no existía» y que por tanto, su grupo de asesores elaboraría una nueva propuesta. Esta situación de falta de transparencia y de discontinuidad de procesos convocados por el Estado, habla de un pésimo precedente de gestión, en la que se parte de una falsedad y se echa por la borda más de un año de trabajo, mal gastando recursos de todos los chilenos.

Al iniciarse una nueva redacción del proyecto de ley, divesos actores sociales hemos solicitado que se recoja la voz de la mayor cantidad de organizaciones que reflejan nuestra diversidad cultural, trabajando día a día en la creación de culturas y la preservación del patrimonio. Una propuesta distinta, con Ministro y asesores distintos que desconocen el proceso anterior, requiere de nueva convocatoria a la participación de las comunidades. No hacerlo es negar un derecho fundamental. Hacerlo parcial o sesgadamente es intolerable, y creer o confundir la participación, con procesos de información, dan cuenta de lo mal que se encuentra una institucionalidad que la sociedad chilena se ha encargado de condenar de manera creciente.

En esa sintonía, podemos coincidir las comunidades que desde los más apartados rincones del país demandan ser sujetos activos y no receptores pasivos de las políticas públicas de las instituciones del Estado. No es posible, a 25 años de terminada la dictadura, que se siga insistiendo en conceptos como «industrias culturales», en desmedro de políticas que fomenten el bien común y la cultura comunitaria, o en la lógica del consumidor-espectador, por sobre la del ciudadano creador y sujeto de derechos.

Asimismo, alertamos sobre las políticas públicas de diversas instituciones del Estado que no dan cuenta de las necesidades del mundo popular ni de procesos que convoquen e incentiven la participación. Los ejemplos sobran. Es lo que sucede con el Programa piloto BID de revitalización de barrios emblemáticos patrimoniales en Lota, donde las autoridades dejan de lado a las organizaciones lotinas en la gestión de su cultura y el patrimonio; o en Valparaíso donde la gestión de la ex-cárcel como espacio cultural, es arrebatada a quienes lograron defenderla; o lo que ocurrió en la génesis de Matucana100, cuando el proyecto del recordado Andrés Pérez junto al Gran Circo Teatro fue desechado de forma dramática por la institucionalidad; o en Barrio Yungay cuando el Programa Quiero Mi Barrio interviene con recursos millonarios, sin la participación de las organizaciones que lograron salvarlo de la barbarie inmobiliaria. Todos síntomas que se repiten a distinto nivel, de Arica a Punta Arenas.

Hasta la fecha, frente al mutismo de la institución cultural y luego de una carta dirigida al Ministro Ottone por agrupación ciudadana que defiende el patrimonio, la respuesta oficial señala en carta del 22 de julio de 2015: «Actualmente, estamos llevando a cabo un proceso de diálogo y consulta con los directivos nacionales y regionales del CNCA, como también con los dirigentes de las tres asociaciones de funcionarios de los organismos antes mencionados; en ambos casos con información detallada de propuestas.- En los próximos días trabajaremos con los directivos nacionales de la DIBAM para analizar propuestas y recoger nuevas opiniones…. Esperamos en muy breve plazo entregar propuesta de proyecto de indicación sustitutiva del proyecto de ley para la creación de un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio»

Nos parece importante el proceso de información a los trabajadores, dirigentes y directivos del CNCA y de la DIBAM, que por ser servicios públicos deben tener procesos permanentes de capacitación e información, pero claramente, en la respuesta del Ministro no está presente la demanda de participación de una ciudadanía que exige un derecho humano básico, situación preocupante para un órgano estatal que deberá contar con la co-gestión de las comunidades. Si no estamos presentes en su génesis, no podremos validar ni aportar al proceso de configuración y sentido de la nueva institucionalidad.

Las sucesivas movilizaciones sociales que se profundizan a partir de 2011, dan cuenta de una ciudadanía que tiene toda la capacidad política para elaborar, junto a la institucionalidad, los instrumentos normativos y de fomento que inciden en la vida cotidiana, desde lo que ocurre en nuestros barrios hasta la necesidad de una nueva constitución. Por lo tanto, rechazamos de manera categórica la política pública que se negocia entre cuatro paredes y que se arma de «expertos» que defienden los intereses y la visión de la élite chilena.

La negación de un proceso de participación ciudadana en un proyecto de creación de nueva institucionalidad, debilita la democracia y viola los derechos culturales de los ciudadanos. Hoy la sociedad se expresa en miles de personas y organizaciones preocupadas por la creación y la preservación, que requieren de procesos de participación real. La actual situación contradice todos los acuerdos y tratados internacionales que ha suscrito el país en materias culturales. Chile es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratado multilateral adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que reconoce derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. El Pacto es parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este Pacto se compromete a las partes a trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado. Exigimos mínima coherencia en los compromisos internacionales del Estado.

Nuestra convicción es que el proceso actual de creación de la nueva institucionalidad que desarrolla el Estado de Chile está violando nuestros derechos humanos, a la cultura y el patrimonio. Para un proceso acorde a un Estado que cumple la normativa internacional se requiere de espacios reales de participación y soberanía.

Frente a la negación de derechos de participación hacemos pública nuestra denuncia a nivel nacional, en organismos internacionales, y compartimos con la ciudadanía elementos que creemos imprescindibles de incorporar en el proceso y estructura de una nueva institucionalidad cultural y patrimonial:

1- Participación ciudadana vinculante en su elaboración y estructura: a través de un proceso nacional, regional y comunal de consulta a la diversidad de actores de la cultura y el patrimonio. Este iniciativa debe contar con la participación de observadores de organismos internacionales de la cultura y el patrimonio, que garanticen un proceso acorde a la demanda ciudadana de participación. Además, la nueva institucionalidad deberá incorporar a representantes en los distintos Consejos que se creen para planificar y elaborar las políticas sectoriales de la cultura y el patrimonio, con la participación de sus trabajadores, organizaciones de pueblos originarios y representantes de organizaciones ciudadanas elegidas democráticamente por sus pares, tal como lo expresa la Ley 20.500.

2- Incorporación en la nueva institucionalidad de dos grandes columnas fundamentales, una dedicada a la cultura y otra al patrimonio: que se exprese en dos subsecretarías y los correspondientes servicios con autonomía regional. Con elección de sus directores a través de alta dirección pública y sin cuotas político partidarias, reconociendo que la gestión requiere de capacidades, continuidad como política de Estado y especificidades claras desde el mundo de la creación y del mundo de la preservación.

3- Financiamiento nacional y regional: que incorpore dignamente en la gestión cultural, a los trabajadores de la cultura y el patrimonio, ampliando su injerencia, participación y creación fuera del espacio Fondart, como única posibilidad de incidencia del mundo de la cultura y el patrimonio en política pública.

4- Descentralización efectiva: que se expresa en creación de estructuras regionales para la cultura y el patrimonio, con la participación de los actores de la región y los representantes de sus organizaciones ciudadanas locales. Una estructura centralista significará la muerte gradual de nuestra diversidad cultural y un modelo de preservación del patrimonio que ha hecho crisis.

5- Incorporar de forma central, orgánica y con financiamiento directo, el apoyo a las iniciativas comunitarias que trabajan por la cultura popular:que se expresan en modelos de asociatividad comunitaria, patrimonio vivo, memoria y cultura, y que no ha sido relevado en planes y programas por la institucionalidad de los últimos 25 años.

6- Creación de Canal de TV Cultural del Estado: incorporando a las TV comunitarias en su gestión, financiamiento e implementación.

7- Fortalecer una política patrimonial de los derechos humanos: a través del apoyo directo a la gestión, financiamiento y reconocimiento de los espacios existentes, y de nuevos sitios de memoria.

8- Integrar el concepto de paisaje cultural a la gestión de la nueva institucionalidad: incorporando la protección integral de lugares valiosos, sus recursos naturales y humanos, en un modelo de gestión del territorio, su identidad y valores patrimoniales.

A tres meses de asumir el Ministro Ottone y su grupo de asesores, y luego de no recibir ninguna convocatoria a reunión para dar continuidad a lo acordado en la anterior gestión del Consejo de la Cultura, nuestras comunidades organizadas en la defensa del patrimonio y la cultura popular, exigen transparentar el nuevo proyecto que creará el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Hacemos un llamado a las comunidades de la cultura y el patrimonio y a nuestros creadores a estar alerta y exigir en cada rincón del país el respeto a nuestros derechos culturales, mediante un proceso democrático para generar la institucionalidad que nos regirá durante los próximos años.

¡Sin participación ciudadana en la nueva institucionalidad no hay cultura ni patrimonio!

Adhiere con tu organización en:

laculturayelpatrimonio@gmail.com

Primeras Adhesiones:

(11 de agosto 2015)

Agrupación Cultural de Artesanos, Libreros y Anticuarios del Gran Yungay

Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales

Asociación de Barrios Patrimoniales y Zonas Típicas de la Región de Coquimbo

Asociación Regional de Arte, Cultura, Barrios y Zonas Patrimoniales, Región de O»Higgins

Centro Cultural Club Matadero

Centro Cultural Manuel Rojas

Centro de Estudios de la Realidad Social