PRESIDENTE COMISIÓN CONSTITUCIÓN Y PROYECTO ABORTO: DEBEMOS ARMONIZAR PROFUNDIDAD CON DEBER DE LEGISLAR DE MANERA OPORTUNA

Este miércoles la Comisión de Constitución de la Cámara inició la discusión del proyecto del Gobierno que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, aprobado previamente por la Comisión de Salud.

Luego de que el Ejecutivo presentara el estado de la iniciativa, los parlamentarios expresaron sus puntos de vista sobre los aspectos formales de su tramitación, en cuanto a las materias a abordar y a los tiempos esperados para someterlas a votación.

Sobre lo anterior el presidente de la instancia, diputado Leonardo Soto, señaló que «debemos armonizar la necesaria profundidad que merece este tema en extremo importante, con nuestro deber de legislar de manera oportuna y evitar que se eternice la discusión».

«Porque gran parte de las decisiones de fondo de este proyecto se lograron en la Comisión de Salud, en cuanto a los aspectos biológicos y sanitarios. Lo que a nosotros nos corresponde es revisar particularmente materias de nuestra especialidad, es decir procesales, penales y constitucionales», añadió el parlamentario.

Durante la sesión, los diputados acordaron recibir académicos que representen las diversas miradas sobre el proyecto, y organizar las sesiones según el ámbito de estudio de los expositores, partiendo la próxima semana con expertos en Derecho Constitucional.

Consultado sobre el tiempo que con ello tomaría la tramitación, el diputado Soto explicó que «con el listado de invitados que los distintos diputados pidieron escuchar en la Comisión, ahora vamos a formular una propuesta de programación que sea sensata y aporte al debate».

«Creo que tenemos que legislar sin prisa pero sin pausa, de tal manera que tengamos una buena ley cuyo centro sea el derecho a elegir de las mujeres en casos tan dramáticos como los embarazos por violación, los inviables, o los que ponen en riesgo sus propias vidas», concluyó.

Santiago de Chile, 8 de octubre 2015
Crónica Digital

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«Este 30 de septiembre quedará en la historia como el día que empezó la debacle del sistema universitario», declaró el rector de una de las principales universidades privadas, en un reportaje conjunto con sus pares, quienes se expresaron en términos parecidos. Tienen toda la razón. Se ha iniciado el fin de un mal sistema de educación, privatizado y sostenido con fondos del presupuesto público y agobiantes cobros a los estudiantes y sus familias, apropiados por establecimientos privados sin rendir cuenta alguna y sin «competencia» del sistema público, el que sobrevive a duras penas con «una mano atada a la espalda», como declaró hace tiempo una autoridad gubernamental. Ese es precisamente el camino que se abre con la firme decisión de la Presidenta Bachelet de iniciar la gratuidad en el presupuesto 2016, reasignando cuantiosas partidas de becas y créditos, a financiamiento directo de instituciones de alta calidad, inclusivas, participativas y sin fines de lucro, que terminen con los cobros a sus estudiantes. Ahora se trata de en pocos años extender la gratuidad, así entendida, a todos los establecimientos que se incorporen voluntariamente al nuevo sistema de educación pública, así conformado, en todos los niveles, en todo el territorio y para todos los estudiantes. El presupuesto de educación superior 2016 mantiene el monto del año anterior destinado becas y créditos (0,8 billones de pesos o aproximadamente 1.200 millones de dólares), rebajando las primeras pero incrementando los segundos más o menos en el mismo monto. Sin embargo, agrega una partida significativa (más de medio billón de pesos) destinada a aportes directos a las instituciones que se incorporen a la gratuidad. De esta manera, se revierte drásticamente la tendencia a aumentar las proporción de partidas destinadas al así llamado «subsidio a la demanda», que se venía dando desde haces tres décadas y constituía la base de la privatización. Esta medida favorecerá de inmediato a cientos de miles de estudiantes, los que más lo necesitan, quienes dejarán de endeudarse o someterse a los discriminatorios requisitos del sistema de becas; a las instituciones que contarán ahora con un financiamiento adecuado y estable sin tener que firmar avales ante los bancos; y a sus académicos, quienes podrán aspirar a condiciones de trabajo más estables, las que constituyen la base de una educación de calidad. La medida no perjudica a nadie, puesto que quienes estudian en instituciones que no cumplan con los necesarios requisitos para acceder a la gratuidad continuarán recibiendo apoyo estatal en becas y créditos, igual que hasta ahora. Sin embargo, hay que avanzar rápidamente para extender la gratuidad, así entendida, a todo el sistema educacional. La medida comentada muestra que ello es perfectamente posible, sin desembolsos mayores. El asunto es ofrecer un camino para la rápida transformación de las actuales instituciones educacionales, en todos los niveles, de manera que las que voluntariamente así lo deseen, puedan acceder pronto al nuevo sistema público así conformado y sus estudiantes a la gratuidad. En el caso de las universidades acreditadas, hay que ofrecer un camino claro para que, […]

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