El especialista en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, sostiene que la disminución en el índice de no pago, que llegó al 30,3% en el trimestre abril-julio, no manifiesta una tendencia a la baja, ya que la reducción aún se encuentra cercana al margen de error. Por eso, discrepa de la versión de las autoridades ministeriales, que atribuyen la disminución a la mayor cantidad de fiscalizadores y torniquetes.
El Ministerio de Transportes informó que la evasión en el Transantiago durante el trimestre abril-junio se redujo en un 1,1% respecto al mismo período del año anterior, alcanzando un 30,3%. Es decir, 4,3% menos respecto del 34,6% histórico que alcanzó durante el último trimestre de 2016. De acuerdo a la cartera, la disminución se debe a la instalación de 650 torniquetes, el aumento en un 60% de los fiscalizadores y la instalación de más zonas pagas.
Sin embargo, el especialista en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, discrepa de esta interpretación. A su juicio, la baja es demasiado acotada como para atribuirla a las medidas impulsadas por el Gobierno.
“La diminución de casi 4 puntos, si bien manifiesta que no hay una tendencia de incremento al alza, todavía no evidencia una reducción tendencial”, afirma Martin. El experto señala que la baja aún se encuentra cercana al margen de error de la medición y representa, simplemente, “una oscilación estadística natural que ha existido durante el año”.
El especialista explica que el índice de evasión es obtenido a partir de un muestreo aleatorio, por lo que una reducción de uno o dos puntos no es estadísticamente significativo. “Si tuviéramos un método perfecto para medir la evasión, quizá podríamos estar hablando de una baja de solo un punto”, advierte.
Metas de evasión
De acuerdo al académico, de mantenerse la tendencia durante un año y si los niveles de no pago llegan al rango del 20%, recién ahí podría relacionarse la reducción de la evasión con la implementación de las políticas antievasión implementadas por el Gobierno.
Martin insiste en que el Gobierno debe fijarse metas de evasión más cercanas a cifras iguales o menores al 10%, lo que califica como razonable si se consideran las tasas de no pago del transporte público registradas en otros países de Latinoamérica.
Finalmente, el académico advierte que a fin de año se producirá una nueva alza en la tarifa, ya que la última auditoría al sistema de transportes sugiere esta medida, pero no se materializó, porque se modificaron los métodos de pago a las empresas operadoras.
“Seguramente, las autoridades competentes harán una revisión de los gastos y subsidios que se están aplicando. Es probable que la sugerencia del alza del precio quede detenida hasta que termine el proceso de licitación, lo que debiera ocurrir a fin de año”, concluye.
Santiago de Chile, 30 de julio 2017
Crónica Digital
