Este país amaneció hoy convulso tras el escándalo mundial de corrupción denominado Panamá Papers, que pretende involucrar a relevantes políticos, artistas y deportistas presuntamente vinculados al bufete de abogados Mossack Fonseca, con sede aquí.
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Cuando apenas transcurrieron seis semanas de que la nación fue eliminada de la Lista Gris del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), las revelaciones de que una institución legal panameña supuestamente participó en una red mundial de lavado de dinero ponen en entredicho la credibilidad de las llamadas empresa «offshore» o de papel.
La reacción del Ejecutivo fue inmediata tras la publicación de una amplia pesquisa al respecto en la prensa europea:
«la Administración del Presidente Juan Carlos Varela reafirma que en sus 21 meses de Gobierno ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros al punto de que recientemente fue excluida de la Lista Gris del GAFI.»
Tras la nota oficial, Manuel Domínguez, Secretario de Comunicación del Estado, habló en vivo por la televisión local y responsabilizó de la situación a la falta de control del Gobierno del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), lo que provocó las sanciones del organismo financiero perteneciente al Fondo Monetario Internacional.
Aclaró que en el escándalo se vincula a una entidad privada dedicada a temas legales y no a bancos de la plaza, y reiteró la disposición del Estado a colaborar con la investigación que se haga al respecto.
El bufete Mossack Fonseca, a través de uno de sus dueños, Ramón Fonseca, rechazó cualquier participación en las posibles acciones fraudulentas o de delitos cometidos por alguna de las empresas offshore creadas por ellos, y de hecho tomaron distancia en el desarrollo de las mismas después de fundadas las estructuras.
Este domingo, información publicada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), refirió que 128 políticos y funcionarios alrededor del mundo manejan secretamente miles de millones de dólares en bancos y compañías de papel.
De acuerdo con las revelaciones, varias de las financieras más importantes del mundo, como UBS y HSBC, serían los verdaderos timoneles detrás de la creación de compañías difíciles de rastrear en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Seychelles, Anguila y Bahamas, entre otras jurisdicciones.
Nosotros hemos creado unas 240 mil sociedades que habitualmente las vendemos a un intermediario, ya sea un banco, un abogado, una firma de auditoría, a una fiduciaria, que la revende a un cliente final, que es quien la usa», dijo Fonseca al canal local Telemetro.
De esa manera, el abogado tomó distancia de la relación con muchas de las personas mencionadas en las noticias, a quienes consideró «clientes de sus intermediarios» y no de Mossack Fonseca directamente, por lo que calificó de «ridículo» hacer a su bufete responsable de un hecho del cual no tienen control.
Acusó de esta situación a propósitos de perjudicar a Panamá y lo que aquí se hace, y dejó entrever que se trata de afectar la jurisdicción panameña en un mundo de competencia, donde la nación creó mecanismos para atraer capital y eso no es del agrado de los países emisores, que ven cómo sus empresas se instalan aquí, apuntó.
La importante firma legal, con presencia en muchas naciones, informó que su base de datos donde están los expedientes de los clientes y empresas creadas, fue atacada por un pirata informático y se extrajeron de esa forma 11,5 millones de documentos, aunque Fonseca lo denominó «hackeo limitado» y aseguró que cerraron el «hueco» de seguridad.
De forma airada el jurista calificó la acción de «crimen» y adelantó que iniciarán acciones legales e «irán con todo contra los responsables de tales hechos».
Ante la afirmación de la publicación británica BBC Mundo de que «Dichos documentos muestran cómo Mossack Fonseca ha ayudado a clientes a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos», Fonseca respondió:
«Eso es totalmente falso, eso demuestra una ignorancia del periodista de las actividades, porque él está diciendo que por haber formado la sociedad, que fue usada para esos fines, somos responsables, lo cual es totalmente injusto, incorrecto, y hasta ilegal decirlo».
«Pienso que la filtración va a convertirse probablemente en el golpe más grande que el mundo de la banca extraterritorial jamás haya recibido, debido al alcance de los documentos», afirmó Gerard Ryle, director del ICIJ, según la publicación londinense.
Una fuente anónima entregó la documentación al periódico alemán, que la compartió con el ICIJ, que agrupa a 107 empresas informativas de 78 países de todos los continentes, aseguró la fuente, quien también es miembro del consorcio periodístico que investiga temas de corrupción, crímenes y otros delitos.
Por Por Osvaldo Rodriguez Martinez
Panamá, 4 de abril 2016
Crónica Digital / PL
