A 33 años de la dictadura en Argentina, 13 de trámites legales y tres de audiencias, finalizó con el dictado de sentencia el juicio por la Operación Cóndor, único hasta ahora por su trascendencia regional en Latinoamérica.
Catorce exjefes militares y de inteligencia argentinos y uno uruguayo fueron condenados la noche del viernes a penas de 25 a ocho años de prisión por más de un centenar de privaciones ilegítimas de la libertad y otros crímenes de lesa humanidad cometidos hace cuatro décadas en el marco del Plan Cóndor de exterminio de opositores a las dictaduras de la región.
Dos de las mayores condenas leídas por el juez Oscar Almirante recayeron sobre el entonces jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, a 25 años, y el último dictador y entonces jefe de Institutos Militares, Reynaldo Bignone, a 20 años.
También fueron condenados a 25 años el ex agente de inteligencia, Miguel Ángel Furci y el uruguayo Cordero Piacentini por su rol en el centro clandestino de detención que operó en el taller Automotores Orletti, epicentro de la persecución a uruguayos en Argentina ejecutada por represores de los dos países rioplatenses.
Cordero fue sentenciado como «partícipe necesario, penalmente responsable de privación de libertad en once casos», según la sentencia. Entre los casos probados contra el ex oficial uruguayo destacó el vinculado con la desaparecida María Claudia García, nuera embarazada del poeta argentino Juan Gelman, fallecido en 2014.
La nieta de Gelman, Macarena, fue entregada a una familia cómplice de la dictadura uruguaya, y recuperó en el año 2000 su identidad a los 23 años. Presente en el tribunal, Macarena Gelman no ocultó su satisfacción al escuchar la condena a uno de los responsables del crimen de su madre y su apropiación.
De los 32 imputados iniciales por «asociación ilícita» y «privación ilegal de la libertad agravada por aplicación de tormentos» en un total de 105 casos, sólo 17 llegaron como acusados a la sentencia, de los cuales dos fueron absueltos.
El resto fue apartado por razones de salud o murieron sin llegar a conocer el veredicto de los jueces, como en el caso del dictador Jorge Rafael Videla quien falleció en la cárcel en 2013 a tres meses de iniciado el juicio en el Tribunal Federal Oral en lo Criminal No. 1.
La Operación Cóndor fue un esquema de represión regional articulado entre las dictaduras que ensombrecieron Sudamérica en la década de 1970 y la primera mitad de los años â€Ö80, que fue coordinado por los aparatos de inteligencia de Estados Unidos, la CIA entre estos.
El total de víctimas de ese plan regional de exterminio judicializadas en Argentina asciende a 457 casos: este universo comprende ciudadanos de Argentina (73), Bolivia (14), Chile (59), Paraguay (23), Perú (3) y Uruguay (164), e incorpora a ciudadanos de Brasil (10), Alemania y España.
Además de la operación represiva, se investigó en la causa un tramo del expediente por lo sucedido en Automotores Orletti.
El juicio que llegó a su fin el viernes 27 de mayo comenzó a gestarse en 1999 cuando un grupo de abogados hizo una presentación ante la justicia argentina; luego de 13 años de prolongadas tramitaciones, se abrieron las audiencias orales en marzo de 2013.
«Y se hizo justicia finalmente. Fueron años de incesante bregar en los canales judiciales para poder juzgar a los actores de horrendos crímenes, y también juzgar una operación de exterminio que tuvo como eje coordinador al gobierno norteamericano», manifestó a Prensa Latina la politóloga argentina Stella Calloni.
La prestigiosa escritora e investigadora publicó dos libros sobre ese plan regional de represión y exterminio: «Operación Cóndor, Pacto criminal» (2006) y «Los años del Lobo: Operación Cóndor» (1999), investigaciones que sirvieron para sustentar evidencias en el juicio.
Por Martin Hacthoun
Buenos Aires, 28 de mayo 2016
Crónica Digital / PL
