Primero fue la Corte Suprema, que concedió la libertad condicional a dos ex represores vinculados directamente al degollamiento de tres militantes comunistas; ahora es el Senado, que alista un proyecto de ley que otorga beneficios de excarcelación a todos los presos mayores de 75 años de edad y/o que estén enfermos, y aunque no lo digan todos entienden que se trata de una ley que beneficiaría sobre todo a los criminales que están recluidos en Punta Peuco.
Las decisiones del alto tribunal de revisar estas condenas, pese a que jamás acogió un recurso de protección a las víctimas, así como la iniciativa legal que cuenta con el respaldo de 19 senadores de la derecha y la Nueva Mayoría, son pasos concretos hacia la instalación de la impunidad. Ya no les importa que no se conozca más verdad sobre el destino final de los detenidos desaparecidos o sobre cómo los prisioneros fueron ejecutados, tampoco les importa que la justicia haya sido tan esquiva, al punto que hay menos de un centenar de represores encarcelados. Ahora a estos últimos los quieren dejar en libertad.
Aunque sean criminales múltiples, que nunca dijeron la verdad, que jamás cooperaran con la justicia, que hasta ahora ni siquiera estén arrepentidos, que la mayor parte del tiempo han estado en cárceles especiales, y con pleno respeto a sus derechos humanos. Los crímenes cometidos por estos represores son imprescriptibles, inanmistiables y no pueden ser indultados, según los convenios internacionales que Chile ha suscrito y que está obligado a respetar. Lo que se busca y se demanda es el cumplimiento de estas condenas, que ya son tardías y breves, para dar una señal política del rechazo del conjunto de la sociedad a los crímenes de lesa humanidad, no sólo del pasado, sino también a los crímenes del presente, para hacer así efectiva la exigencia de no repetición.
A las organizaciones de derechos humanos no nos extraña que entre los impulsores del proyecto de la nueva ley de impunidad estén connotados senadores de derecha; ellos son los cómplices civiles de la dictadura, como es el caso del senador UDI Hernán Larraín, aliado público de la Colonia Dignidad y de quienes mandaban en ese lugar, todos criminales que hoy en su mayoría cumplen sentencias.
Nos llama la atención, sin embargo, que la iniciativa sea suscrita también por senadores de la Nueva Mayoría, como el independiente PR Alejandro Guillier, los DC Manuel Antonio Matta y Andrés Zaldívar, y el PPD Eugenio Tuma, entre otros, ya que todos ellos forman parte de la coalición oficialista que presentó un programa de gobierno que, en su capítulo de Derechos Humanos, no incluyó iniciativas que apuraran la impunidad. Al contrario, selló un compromiso de avanzar en más verdad y justicia, que hasta ahora no ha cumplido.
Londres 38, espacio de memorias, en un esfuerzo por poner freno a la impunidad y buscar nuevos caminos que conduzcan a más verdad y más justicia, interpuso en diciembre pasado una nueva querella para determinar la suerte de 85 personas detenidas desaparecidas desde este ex centro de represión. La querella criminal está en curso y próximamente solicitaremos diligencias que apuntan al objetivo descrito.
Este recurso surge como respuesta al cierre sistemático de la mayoría de las investigaciones anteriores en las cuales solo se logró acreditar la detención y el paso de las víctimas por este y otros centros. El fracaso no se debe solo a las limitaciones de los jueces sino, sobre todo, al poderoso sistema de encubrimiento e impunidad que protege a los criminales desde diversos organismos y poderes del estado, incluidas las fuerzas armadas y policiales. No es posible que la sociedad acepte como explicación que 1.193 personas, simplemente, «desaparecieron» desde los centros de detención y tortura. Es inaceptable que los tribunales limiten su acción investigativa al momento de la detención renunciando a establecer las circunstancias y responsables de los asesinatos y ocultamiento de los cuerpos. Es inaceptable que el mismo estado, responsable del exterminio, renuncie a establecer la verdad y hacer justicia.
Con su apoyo a iniciativas que benefician a criminales, las castas y elites políticas solo profundizarán su desprestigio y pérdida de legitimidad. Por el contrario, podrían recuperar algo de credibilidad si buscaran activamente los medios para obtener más justicia
Porque todo ello es inaceptable las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales debemos movilizarnos para impedir que impongan la impunidad. Hay que demandar al Estado que cumpla con su deber de generar condiciones para alcanzar toda la verdad y toda la justicia, abrir los archivos de la represión como ya lo han hecho Argentina, Brasil y Bolivia, y obligar a las Fuerzas Armadas y policiales a entregar la información que disponga.
#TodalaVerdadTodalaJusticia
La impunidad no pasará
Londres 38, espacio de memorias
Santiago de Chile, 22 de junio de 2016.
Crónica Digital
